Por Sergio Ferrer
@raschie
MALINALTEPEC, Gro, 28 de Agosto.- Rolando Sánchez Quintero es un comunicador me’phaa que ha colaborado con periódicos locales. Apenas la semana pasada fue obligado a dejar el pueblo luego de que autoridades municipales, entre éstas el síndico procurador, el director de Seguridad Pública Municipal, convocaron a la población y obligándola a votar el destierro de Rolando o de lo contrario se quedarían sin el programa de Oportunidades.
El indígena pudo salir del pueblo pero su familia y sus hijos se quedaron aunque a pesar de que recientemente, con ayuda del Fondo de Apoyo a Periodistas, construyó su casa en la comunidad de Tapayoltepec.
Las autoridades municipales le dieron 15 días para irse del pueblo tras argumentar que una de sus notas difundidas perjudicó al personal de salud.
Los periodistas documentaron que la nota del disgusto no es de Rolando sino que se trata de una recopilación de relatos de las mujeres que realizó Nancy Ayala, una joven universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), publicados en El Caminante.
También documentaron que al periodista no le dieron derecho de defenderse o argumentar en su favor frente a la comunidad.
Sánchez Quintero, relató que fue amenazado delante de la asamblea por el director de seguridad pública y en presencia del síndico, cuya sobrina es esposa del director.
Como antecedente, Rolando Sánchez dio su testimonio al periódico el Sur, cómo las autoridades no atendieron la alerta de posible dengue. Les dijo que su esposa había enfermado y no dieron la atención debida. También fue la fuente de la reportera Carmen Benicio para denunciar un caso de abuso de autoridad del síndico Agripino Callejas.
Rolando dio aviso al director del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), a donde pertenece.
Rolando Sánchez es de las pocas personas indígenas que han tenido un acercamiento con la difusión de información, ahora se enfrenta al destierro y a que violen su derecho a la libertad de expresión. Algunos periodistas de la región pidieron dar seguimiento al caso por la violación a las mínimas garantías del ejercicio profesional del periodista.