Por Josué Cantorán | ladobe.com.mx
Puebla.- El Juez Séptimo de Distrito del Estado de Puebla resolvió el juicio de amparo 707/2014 en favor del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, otorgándole el amparo de la Justicia de la Unión al dejar sin efectos el auto de formal prisión en su contra que lo mantiene recluido en el Cereso de Cholula desde el 7 de abril de este año.
Debido a la existencia de violaciones al debido proceso, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cholula, instancia que emitió el 14 de abril el auto de formal prisión en contra del activista por su presunta responsabilidad en delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión (supuestamente cometidos en 2012), deberá ahora emitir un nuevo auto que repare las violaciones.
–Lo cual significa –explica Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado defensor del activista poblano– que el joven está en la antesala de su liberación.
Juan Carlos Flores Solís fue detenido el 7 de abril justo al salir de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, a donde había llegado a interponer una queja, precisamente, por la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, compañera suya en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala.
El trabajo más reciente del activista, quien durante la última década ha ofrecido acompañamiento a víctimas de despojo y violaciones de derechos humanos, se centraba en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl donde se construye el Proyecto Integral Morelos, un gasoducto al que los pobladores se oponen por el posible impacto ambiental y el despojo territorial que ocasionaría.
Un buen número de organizaciones locales, nacionales e internacionales han exigido a través de diversas vías que se libere a Flores Solís, al considerar que los crímenes de los que se le acusa son fabricados y que su encarcelamiento responde a su oposición al gasoducto, un proyecto de la Iniciativa Privada fuertemente respaldado por los gobiernos estatal y federal.
Sin efectos, otras órdenes de aprehensión contra Juan Carlos
Incluyendo el proceso 127/2012 iniciado en Cholula y antes referido, en algún momento de este año pesaron contra Juan Carlos Flores Solís al menos tres órdenes de aprehensión que aglomeraron 10 delitos diferentes.
Sin embargo, ninguna autoridad podrá ejercer dichas órdenes porque éstas ya han quedado sin efectos, según explicaron Antonio Lara Duque y Hugo Marín, defensores del activista.
El segundo caso es el proceso penal 121/2014 seguido ante el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atlixco, con el cual se ordenó la aprehensión de Flores Solís y de Enedina Rosas Vélez por su presunta participación en los delitos de robo agravado y obstrucción de obra pública.
De acuerdo con la declaración de José Alí Reyes Méndez, empleado de la empresa italiana Bonati SPA, encargada de la construcción del gasoducto, el 11 de abril Juan Carlos y Enedina participaron en actos de pandillerismo y el primero ordenó a la segunda que despojara al empleado de su teléfono celular.
Enedina era entonces la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, población por donde tendrá paso el gasoducto, y tiene 60 años de edad.
Al respecto, los litigantes demostraron que Juan Carlos no participó de los presuntos actos delictivos.
Una minuta de trabajo oficial de la Secretaría General de Gobierno (SGG) obtenida por la defensa y mostrada a la prensa esta mañana, hace constar que el activista se encontraba en las instalaciones de esta dependencia en una reunión con funcionarios el 7 de marzo de 2014 a las 13:30 horas, cuando se cometió el supuesto robo según el denunciante.
Además, Reyes Méndez no se ha presentado a ratificar sus declaraciones ni se le ha encontrado, dijeron los litigantes, en el domicilio que refirió como su vivienda ante el juzgado correspondiente.
La tercera orden de aprehensión que pesó contra Flores Solís fue de orden federal y se emitió por la supuesta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en contra de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
No obstante, ésta también ha quedado sin efectos pues el Juez Primero de Tlaxcala ordenó su suspensión definitiva al resolver el juicio de amparo 706/2014.
Piden al gobierno reabrir canales de diálogo
Ante todos estos avances, los litigantes esperan que Juan Carlos Flores Solís sea por fin liberado a más tardar el 17 de septiembre.
Sin embargo, tras la pregunta expresa sobre un posible desacato del Juez de Cholula al resultado del amparo recientemente ganado, los abogados hicieron un llamado a todas las autoridades implicadas en este caso a actuar con estricto apego a la legalidad y reabrir los canales de diálogo con las comunidades afectadas.
–Esta es la oportunidad –dijo Lara Duque– que tiene la sociedad y el gobierno poblano para restituir los canales de derecho, de apego a la legalidad, y reconstruir los canales de diálogo que se perdieron durante estos meses.