Por Oswald Alonso
Los legisladores aprobaron en el 2013, un crédito de 2 mil 800 millones de pesos al gobernador Graco Ramírez, para que los ejerciera en este año 2014; ahora, los autores del endeudamiento buscan por todos los medios saber el uso y destino de los miles de millones de pesos, ya que, tienen varias hipótesis.
La primera, es que le dieron un sentido electoral y habría sido distribuido en obras en los municipios donde gobierna el PRD, pero sobre todo, en las zonas donde podría el partido en el poder perder simpatías, así lo han denunciado legisladores del PAN y PRI.
La segunda sospecha, es que se habrían privilegiado empresas foráneas afines al gobernador mediante contratos millonarios sin cumplir con la ley al adjudicar de manera directa, sin procesos de licitación pública.
La última hipótesis, tiene que ver con el desvío de los recursos para gastarlo en rubros no autorizados por el Congreso Local. El legislador del PAN, Javier Bolaños, afirma que es necesario transparencia ya que, podrían estarlo destinando a gasto corriente cuando la condición fue su utilización en inversión productiva que incentivar el empleo.
El pasado 10 de septiembre la mayoría de diputados –incluidos la mayoría del PRD- decidieron ordenar una auditoria extraordinaria al crédito de 2 mil 800 millones de pesos autorizado al gobernador Graco Ramírez, el año pasado.
La queja de los diputados del PAN y PRI, principalmente, es que el gobernador no ha informado al Poder Legislativo en que se utilizaron los recursos públicos sobre todo cuando ha difundido que ya gastaron el 80% del crédito.
Los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, coincidieron en la revisión. Sólo Jordi Messeguer Galy, hijo del secretario de gobierno (Jorge Messeguer Guilén), y dos más del PRD, emitieron su voto en contra.
La mayoría ordenó a la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF), revisar el proceso de contratación de deuda, ejecución y comprobación del gasto a los créditos autorizados. Además el pleno ordenó fiscalizar también el proceso de reestructuración de la deuda, que acumulada es de cuatro mil 184 millones 933 mil 348 pesos.
En el acuerdo de los integrantes de la comisión legislativa, argumentaron que a un año de haber autorizado un nuevo crédito, y un refinanciamiento a 18 años, la Secretaria de Hacienda de Morelos no ha enviado a los diputados un informe de la aplicación de los millones de pesos.
La auditoría especial no solo incluye a la Secretaria de Hacienda, sino también a la Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario, aunque, la revisión podría extenderse a otras secretarias beneficiarias del crédito de 2 mil 800 millones de pesos. Dieron 30 días a la ASF para iniciar la revisión.
Los diputados también ordenaron al Poder Ejecutivo, entregue al legislativo, los 500 millones de pesos que etiqueto en la aprobación del presupuesto 2014, para la construcción de una nueva sede parlamentaria.
Para tener los 500 millones de pesos, el parlamento modificó el decreto 936 en el que se autorizó al Gobierno del estado a contratar el crédito, donde programaba el proyecto de construcción del nuevo recinto legislativo, para ello, etiquetaron 500 millones de pesos.
Ahora modificaron el decreto y reasignaron los 500 millones de pesos al Congreso Local. Su justificación es que el Ejecutivo no ha comprado el terreno, ni ha presentado el proyecto ejecutivo del nuevo recinto; menos ha lanzado la licitación pública.
La disputa por los 2 mil 800 millones de pesos, ha enfrentado al poder legislativo con el gobernador Graco Ramírez; al grado de que enojado el gobernador acusó a los legisladores locales de querer los 500 millones de pesos pero para darle un uso electoral.
El gobernador perredista en su defensa aseguró que su gobierno era transparente. Para probarlo, presentó la calificación aprobatoria que le daba la secretaria de hacienda federal en el uso y manejo de los recursos.
Y aportó otro indicador. Un informe del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que ubica a un número importante de secretarias, casi al 100 por ciento en su obligación de transparentar. Un número más estaría en proceso de alcanzar el mismo porcentaje: “No lo digo yo, lo dice el órgano de transparencia”, reprochó Graco a los legisladores.
Con todo y sus buenas estadísticas, la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF), dependiente del Poder Legislativo, inició con la auditoria especial. Y para el PRI, no pudo haber momento más oportuno.
A la controversial discusión sobre el uso de los millones, entra a escena un actor político que podría inclinar la balanza en la revisión financiera y contable del gobierno estatal. Se trata de un priista de vieja estirpe en cuya espalda cargado con un mote, “El Chueco”. Luis Manuel González Velázquez, es un abogado que llegó gracias a su partido a la titularidad del máximo órgano de fiscalización de Morelos.
Desde hace dos años arrastra una campaña en su contra desde la gubernatura para destituirlo, y en el Congreso Local, los diputados del PRD han presentado iniciativa legislativa para modificar la ley vigente y de una vez quitarle la titularidad al PRI. Pero no han podido.
Sobre él pesan acusaciones sobre todo del PRD en el sentido de que ha favorecido y desviado la ley a favor de los ayuntamientos del PRI, por lo que ya no es un árbitro valido en la ASF.
Las tripas del crédito
Para conocer el destino de los 2 mil 800 millones la revista Sinlínea pidió directamente a la Secretaria de Hacienda del estado, un informe sobre los rubros en los que gasto los recursos obtenidos vía préstamos en la banca comercial.
Entregó un informe donde parcialmente establece de manera global que la deuda se contrató con varias instituciones bancarias: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC y con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
Del total, el 25 por ciento de los recursos se habrían gastado en Seguridad y Procuración de Justicia. Por ejemplo, de los 2, 800 millones, el gobierno informó haber tomado 70 millones para la construcción de Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5).
El C5 costara 500 millones de pesos y está siendo construido con los 430 millones que entregó el gobierno federal al estado de Morelos a cuenta de participaciones. 120 millones más gastaron en la construcción de los cuarteles de la Policía Estatal en Alpuyeca y Tres Marías, aunque, este último no ha sido utilizado por diversas irregularidades. Esta vacío y sin uso desde hace meses.
El gobierno, según su informe, en un primer momento, destino primero, 60 millones de pesos para arreglar 200 cámaras de video-vigilancia ya instaladas en el sexenio anterior pero en su mayoría sin mantenimiento o de plano sin funcionar.
En una segunda etapa, pagó 300 millones de pesos más para la instalación de nuevas cámaras de video-vigilancia que serán conectadas el C5 que se construye en el municipio de Emiliano Zapata. Aunque, el informe preliminar no establece a quien se contrató para la instalación del sistema en el territorio estatal.
Sin precisar montos, argumenta haber gastado también en equipamiento de la policía preventiva, equipamiento de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, haber equipado al Centro de Contacto Telefónico al igual que la Defensoría Pública del Estado, entre otras cosas.
En total la Secretaria de Hacienda ha erogado en el tema de seguridad y procuración de justicia en 92 obras, casi 586 millones de pesos, que representa el 21% de los recursos contratados con bancos a pagar en 18 años.
El rubro donde más invirtió el gobierno del perredista Graco Ramírez, fue en Proyectos de Inversión en Obras de Infraestructura y Acciones para la Prestación de Servicios Públicos y Gubernamentales. En este rubro se gastó el 28% de la deuda, con 148 obras; significan más de 786 millones de pesos.
Para el Fomento Económico y Turismo, se destinaron más de 348 millones de pesos (12%), Desarrollo Agropecuario y Rural más de 346 millones de pesos que significa en promedio el 12% del total de los 2 mil 800 millones de pesos.
En Sistemas y Tecnologías de la Información se gastó (8%), es decir, 235 millones 971 mil pesos; en el concepto de Educación asegura la oficina gubernamental haber destinado sólo el 5% que representan más de 136 millones 972 mil pesos. Para Agua Drenaje y Alcantarillado se destinó un presupuesto del 3% (73 millones).
Salud sólo obtuvo el 2% (63 millones), mientras que el rubro de Electrificación destinaron un raquítico presupuesto de 17 millones de pesos (1%) y para Vialidades, el gobierno gastó hasta septiembre 213 millones 357 mil pesos en 74 obras.
En informe parcial entregado a la revista Sinlínea, anexa un total de 58 obras específicas y emblemáticas en cada rubro, pero sin detalles de montos asignados.