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Opositores a gasoducto denuncian nuevas amenazas

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Por Samantha Páez, de ladobe.com

@samantras

PUEBLA, Pue., 07 de mayo.- Activistas contra el gasoducto Morelos denunciaron que el martes por la mañana, unos de sus compañeros fue visitado por presuntos policías ministeriales, quienes lo amenazaron para que deje la defensa legal de la comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez, detenida en abril con otros dos luchadores sociales.

Además dijeron que la misma Enedina sería presionada al interior del Cereso de Atlixco para que apruebe el ducto que llevará gas a través de las faldas del volcán Popocatépetl.

Integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, informaron que durante la madrugada del martes, su compañero René Trujillo, alumno del sociólogo Ricardo Pérez Avilés y parte del equipo jurídico que lleva el caso de Enedina, recibió una llamada telefónica donde lo amedrentaron para que dejara el tema del gasoducto o si no lo  “madrearían”.

Trujillo vio que afuera de su casa estaban dos sujetos en un vehículo blanco sin placas, similar al que utilizaron para arrestar a Juan Carlos Flores, otro opositor del gasoducto. Los sujetos se retiraron poco después de que Trujillo pidiera auxilio a la policía municipal.

Miriam Vargas, integrante del frente, dijo que los estudiantes de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son presionados para que dejen de mostrar su apoyo a las organizaciones sociales y su profesor Ricardo Pérez, involucrado en la defensa de los pueblos de las faldas del Popocatépetl, quien habría tenido que salir del estado tras recibir amenazas.

Vargas agregó que la represión del gobierno va más allá de llamadas telefónicas, ya que su compañera Enedina Rosas es presionada dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco para que firme a favor del gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por donde pasarán 9 mil millones de litros diarios de gas natural.

Por lo pronto organizaciones agrupadas en torno al premio XXII Premio Nacional en Derechos Humanos, Sergio Méndez Arceo, denunciaron la criminalización de la protesta social que ha impulsado el gobierno de Rafael Moreno Valle.

“La realidad de violaciones permanentes y graves a los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos y luchadores en particular se ha agravado, ejemplo de lo anterior son los recientes casos de las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, todos detenidos en Puebla el mes de abril por defender las tierras de las comunidades donde pasará un gasoducto que afectará comunidades de tres estados, Puebla, Morelos y Tlaxcala, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos”.

“Pero no sólo se encarcela a los defensores, también se les criminaliza y son tan ‘peligrosos’ que se les niega el derecho a seguir su proceso bajo fianza como en el caso de Enedina, quien por cierto está acusada del robo de dos celulares, también se criminaliza la solidaridad y el ejercicio pleno del derecho a ejercer nuestros derechos humanos”.

 

Organizaciones no están cerradas al diálogo

Ante estas situaciones, Miguel López Vega, también integrante del frente, dijo que es necesario que el gobierno estatal y la CFE dejen de violentar los derechos humanos al encerrar a los opositores, amedrentar a los activistas y universitarios, así como impedir la libertad de expresión, y realicen foros informativos en las propias comunidades que se verán afectadas por el gasoducto.

“Ellos presumen que hay diálogo, que discuten, que hay debate, y vemos que no sólo en Puebla sino a nivel nacional no ocurre eso (…) la CFE, en esa reunión (entre el gobernador panista y legisladores, ocurrida el pasado tres de mayo) dijo que informan en foros, que se han acercado a los campesino, que han hecho asambleas, pero a nuestras comunidades nunca han llegado”, sostuvo López Vega.

La propuesta de las organizaciones es el establecimiento de una mesa de diálogo donde participen el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, representantes de la CFE, legisladores de todos los grupos políticos, los ediles de los 11 municipios por los que pasará el gasoducto, los comisarios ejidales y comisiones de los frentes que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Además solicitaron información sobre la magnitud y dimensiones del plan, así como de todas las especificaciones del mismo, porque tienen entendido que la recomendación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) es que el ducto esté 20 metros bajo tierra, pero en algunas partes se piensa colocar a sólo 1.5 metros de profundidad y en las barrancas quedaría expuesto.

También dicen que tendría que pasar a un kilómetro de distancia de las poblaciones, pero hay tramos donde pasa entre una iglesia y una escuela.

 

Critican desplegado de legisladores

Las organizaciones criticaron el desplegado que salió el lunes pasado en medios nacionales y locales, en el marco de la visita de Enrique Peña Nieto a Puebla, donde legisladores, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el rector de la BUAP recomendaban la construcción del gasoducto, por los “múltiples beneficios” que traería al estado.

Hilario Alonso Flores, del Frente Nacional de los de Abajo, señaló que los diputados y senadores poblanos que firmaron el desplegado ni siquiera han ido a las comunidades como para asegurar que les beneficia el proyecto.

También dijo que no es posible que en las reuniones que tienen con la CFE no se convoque a legisladores que están contra el PIM, como Manuel Bartlett Díaz y Roxana Luna Porquillo, para que den su punto de vista.

 

Miguel López sostuvo que los firmantes del desplegado “son cómplices de todo un proceso de despojo, porque si hacemos un análisis de todas las personas que acudieron con Rafael Moreno Valle para, de alguna forma, legitimar el proyecto, son las mismas personas que autorizaron y dieron luz verde a las reformas, principalmente energética, es una mafia”.

El Movimiento por la Alternativa Social (MAS), en conferencia de prensa anterior, aseguraron que los diputados “no tienen calidad moral” para aprobar el proyecto porque no consultaron a los pueblos, ni para asegurar que sus compañeros detenidos son delincuentes cuando el proceso judicial no ha terminado.

“Cualquiera puede pagar un desplegado, este desplegado nos costó a nosotros porque salió de nuestro dinero. Les decimos a estos representantes, a esas personas que firmaron, si saben cuál es realmente la problemática que hay con el gasoducto, si saben dónde está ubicado el gasoducto”, comentó Marco Antonio Mazatle, integrante del MAS.

 

Amparos contra las órdenes de aprehensión

Representantes de los frentes contra el gasoducto anunciaron que ya están en trámite sendos amparos contra el arresto de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, opositores al gasoducto Morelos, así como para Abraham Cordero Calderón, que dirige la lucha contra el Libramiento Poniente.

Alonso Flores dijo que promovieron un amparo por el auto de formal prisión contra su compañero Abraham Cordero Calderón, debido a la negativa del juez a darle su libertad bajo fianza, a pesar de que está acusado por delitos que no son graves.

Para este fin tendrán una audiencia incidental el próximo lunes 12 de mayo, donde presentarán un video de la reunión con los representantes del Banco de la Tierra.

Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, señaló que también se promueven recursos contra la detención de Juan Carlos y Enedina. Además de que solicitarán de manera formal que sus condiciones de arresto sean acordes a lo que marcan las normas internacionales para los presos políticos.

Las organizaciones agregaron que los tres detenidos se han manifestado porque las organizaciones no negocien su liberación a cambio de aceptar los proyectos, como parece que lo quiere el gobierno.

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