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Pide legislador intervención inmediata de Gobierno en conflicto de Chivatero

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Por Leticia Villaseñor

Ayala, Mor., 14 de junio.- El inicio del juicio oral en contra de los presuntos asesinos del activista Gustavo Salgado Delgado generó anoche un enfrentamiento en la comunidad del Chivatero, del municipio de Ayala, en el que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad.

Al respecto, el legislador panista, y exalcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, hizo un llamado urgente al gobierno del Estado a fin de que intervenga y ponga solución al conflicto, al tiempo que adelantó que mañana iniciará un proceso legal en contra de quienes lo han señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Salgado Delgado, quien también era líder estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR).

Ayer, el juicio dio inicio en el municipio de Cuautla, en la zona oriente, localidad colindante a Ayala, hasta donde se desplazaron integrantes del Frente y simpatizantes de los llamados Marcelinos donde se enfrentaron verbalmente. El lugar fue resguardado por elementos policiacos y antimotines.

Sin embargo, el enfrentamiento violento se dio por la noche en Chivatero, en las afueras de la casa del ayudante municipal Jesús González Morales, esposo de Adelaida Marcelino, hermana de los presuntos asesinos.

Según versiones de testigos, un grupo de personas roció gasolina a una camioneta, presuntamente propiedad de González Morales y le prendió fuego; el ayudante, refirieron, tuvo que resguardarse en una patrulla municipal en tanto los grupos antagónicos se enfrentaron con palos, piedras y machetes.

Los esposos Juan  e Irene “N” resultaron lesionados de gravedad, ya que la mujer recibió un machetazo en la cabeza, aseguraron, por lo que fue hospitalizada al igual que se esposo.

Origen del conflicto

Gustavo fue asesinado el pasado 5 de febrero presuntamente por su intervención en un campamento de refugiados del FPR, principalmente de gente desplazada de Guerrero y Oaxaca.

A decir del propio legislador Tablas Pimentel, quien era alcalde cuando se originó el conflicto, el terreno de 200 metros de extensión pertenece a la familia Marcelino sin embargo no pagaron sus cuotas y el adeudo ascendió a 10 mil pesos, por lo que fueron despojados por los integrantes del FPR, sin dar mayores argumentos.

Ello causó enfrentamientos entre ambos bandos y a fin de acabar con el problema, el ayuntamiento se ofreció a pagar el adeudo a favor de la familia Marcelino, lo que causó mayor encono en los integrantes del frente, detalló.

La disputa continuó y el 4 de febrero, Gustavo Salgado fue privado de su libertad cuando se disponía a abordar el transporte público, presuntamente por varios integrantes de la familia Marcelino. El activista fue torturado, le cortaron las manos y finalmente decapitaron. Su cuerpo fue encontrado en un paraje de Ayala el 5 de febrero.

Lo anterior recrudeció los enfrentamientos en la zona, al punto que los familiares de testigos de la privación ilegal de Gustavo, han sufrido varios ataques, persecuciones y acusaciones presuntamente por los familiares de los homicidas.

De igual forma, la familia Marcelino ha señalado presuntos ataques en su contra por los adeptos del frente.

“Ni unos ni otros son sensatos, por ello pido la inmediata intervención del Ejecutivo estatal”, expuso el legislador, quien adelantó que mañana miércoles interpondrá una denuncia contra quienes lo han señalado como el autor intelectual del artero crimen de Salgado Delgado.

Esta tarde se reunieron pobladores de la comunidad El Chivatero con Mauricio López Salgado, director general de Gobierno, Florentino López Martínez, presidente nacional del FPR, autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde acordaron que la seguridad de la comunidad será atendida, en todo momento, por el Mando Único.

La Fiscalía General del Estado recibirá las denuncias e iniciará las carpetas de investigación por las lesiones a ocasionadas al menos a dos personas.

Asimismo, López Martínez dijo que abordará lo concerniente al ayudante municipal Jesús González Morales, en coordinación con el edil de Ayala, Jesús González Morales, para analizar si es viable su destitución derivado de los diversos señalamientos por su presunta participación en diversas agresiones en contra de los simpatizantes del frente y habitantes de la comunidad.

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