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Se amparan contra suspensión de verificación vehicular‏

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Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 20 de julio.- Al menos 34 de los 42 concesionarios de la Asociación de Verificentros promovieron un amparo contra la suspensión del programa de verificación vehicular en el estado, cuya disposición oficial determinó el cierre temporal de todos los centros de medición.

Los empresarios se oponen a esa medida porque argumentan que el gobierno estatal nunca explicó las razones técnicas para suspender el servicio de verificación en el estado, pero además provocó perdidas millonarias y sobre todo el despido masivo de los trabajadores.

Afirmaron asimismo que el gobierno exige un software de medición actualizado que ni siquiera las autoridades lo tienen, por lo tanto consideraron que la determinación de cerrar los centros de verificación y convocar a la licitación de otras concesiones atenta contra sus derechos y, principalmente, su patrimonio.

Jesús Becerril, uno de los concesionarios que promovieron el amparo, declaró en rueda de prensa que a inicios del presente mes, 34 de sus compañeros promovieron el recurso legal para que las autoridades cancelen la suspensión que entró en vigencia el 2 de julio y terminará el 1 de enero de 2017, con nuevos centros de verificación. El amparo fue admitido en los juzgados federales y están a la espera de la resolución.

El anuncio de la suspensión de la verificación en Morelos ocurrió un día después de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, que establece límites de emisión de contaminantes más estrictos, para vehículos que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades que conforman la Megalópolis.

Jesús Becerril detalló que el cierre de los centros de verificación causó estragos en 700 empleos directos y de manera indirecta en al menos mil 300 personas, así como pérdidas por 12 millones de pesos en las tres semanas de suspensión porque de los más de 430 mil vehículos que conforman el padrón en la entidad, 160 mil verificaban y eso redituaba alrededor de 80 millones de pesos al año, en multas.

Acusó además que en administraciones pasadas era la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) quien les vendía los hologramas, pero a partir de la administración del gobernador Graco Ramírez es el gobierno quien se los vende con un incremento del 70%.

Los afectados acusaron que dicha decisión obedece a fines políticos y económicos, al tiempo que rechazaron que sean panistas los dueños de dichos centros.

“No hay un solo argumento que el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nos haya dado para que ordenara el cierre de nuestros lugares de trabajo. Le pedimos que nos llevara a un verificentro a fin de conocer la maquinaria así como el software requerido, petición que nos fue negada”, acusaron.

El dos de julio Topiltzin Contreras MacBeath, Secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, afirmó que el Programa de Verificación Vehicular en Morelos fue suspendido por lo que resta de este año, debido a que los 42 verificentros que operan en esa entidad no cuentan con la tecnología adecuada para realizar el procedimiento a través del Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBC, por sus siglas en inglés).

“No se afectará a los morelenses, estamos lanzando el programa ‘Borrón y cuenta nueva’, de tal manera que en Morelos los ciudadanos no tendrán que verificar estos seis meses y no serán sancionados”, dijo el funcionario.

La Secretaría emitió un comunicado en el que señala que “por virtud del convenio celebrado con la Ciudad de México, los vehículos con placas de Morelos podrán circular en la capital del país sin ser sancionados, siempre y cuando sus hologramas hayan sido expedidos hasta el 30 de junio de 2016”, expuso entonces.

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