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El Cuauh será destituido, dice Álvarez Cisneros

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Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 30 de noviembre.- Como inminente calificó Jaime Álvarez Cisneros, diputado de Movimiento Ciudadano, la destitución del alcalde capitalino Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de que anoche 17 legisladores iniciaron otro proceso de revocación de mandato del munícipe.

El legislador explicó que acorde al artículo 41 de la constitución del estado de Morelos, es facultad del gobernador o diputados iniciar un proceso como el que podría enfrentar el astro de futbol por lo que “a la solicitud de los regidores se le dará el curso correspondiente, el cual seguramente será desechado por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por no ser competencia de los regidores dicha solicitud”, expresó.

La noche del martes 17 legisladores del PRD, PAN, PRI, PSD, NA y MC solicitaron la revocación de mandato del Cuauh “en el ejercicio del cargo de elección popular del municipio de Cuernavaca, en virtud de los actos violentos, ilegales, sistemáticos, graves e irregulares que implican una franca violación al régimen jurídico federal y estatal, en particular al no reunir los requisitos de elegibilidad al cargo que desempeña”, expone el documento.

Los diputados firmantes fueron, por el PRD,  Silvia Irra Marín, Eder Rodríguez Casillas, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, Francisco Navarrete Conde, Javier Montes Rosales, Enrique Lafitte Breton; por el PAN, Carlos Alaniz Romero, Alberto Mojica Linares, Víctor Manuel Caballero Solano; por el PRI, Beatriz Vícera Alatriste, Leticia Beltrán Caballero, Alberto Martínez González, Mario Chávez Ortega; el de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo; el del PSD Julio Yáñez Moreno y Jaime Álvarez Cisneros, quien incluso renunció a la comisión de Gobernación “porque no puedo ser juez y parte”, sostuvo.

Álvarez Cisneros admitió que dicho proceso se inició a partir de las pruebas que los regidores presentaron, del orden de las 8 mil notariadas, reiteró. El plurinominal declaró que el tema no es político sino que lo hecho por Blanco Bravo, una presunta falsificación de documentos por la que acreditaron su residencia para contender al cargo en Cuernavaca, es una “burda violación a la Constitución por lo que no podemos ser el hazmerreír nacional”, dijo.

Abundó que estos hechos tienen consecuencias graves, no solo la destitución sino también la inhabilitación e incluso Blanco Bravo podría enfrentar un procedimiento penal, pero eso lo decidirá un juez, acusó.

El diputado reiteró su negativa sobre la presunta intromisión del gobernador Graco Ramírez y/o de su hijo Rodrigo Gayosso, presidente estatal del PRD, en dicho procedimiento, pero el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina sostuvo que el tema tiene un alto contenido político “con muchas aristas y opiniones públicas, los intereses están a la vista”, enfatizó.

En contraparte el secretario general del ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, esgrimió que ya preparan la defensa jurídica del edil y lamentó “la prisa por los intereses que les representa el caso de algunos actores políticos que pretenden convertirse en juez y parte y regresar a los tiempos de la Santa Inquisición, porque acusan, juzgan, sentencian y ejecutan en un solo momento, sin pruebas y sin respetar el debido proceso”.

El abogado soslayó que no hay argumento jurídico al tema de la revocación de mandato ya que, a su decir, con la reforma a la Ley de Participación Ciudadana que dejó fuera dicho procedimiento y que hizo la actual legislatura, no hay ley reglamentaria para ello.

El Artículo 41 de la constitución local a la letra dice “El Congreso del estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del gobernador del estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados del Congreso, la desaparición de un ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga”.

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