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Está libre homicida de Carlitos; cumplió mitad de sentencia

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Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 9 de octubre.- Somos doblemente victimizados con liberación del asesino de mi hijo, recriminó Carlos Esteva, padre de Carlitos, un adolescente muerto por un elemento policiaco en 2011.

Inconformes, tristes y enojados, fue el sentir de Carlos Esteva Castillo y Lidia Lazos Martínez, padres del adolescente de 16 años, ante la sentencia de libertad de Rubén Domínguez Mejía, quien sólo cumplió cinco años cinco meses de los 11 años y tres meses que debía purgar de su condena pero como un derecho establecido en la ley, obtuvo su libertad a la mitad de ésta.

Carlos Esteva detalló además que el responsable de quitarle la vida a su hijo no ha pagado la reparación del daño por 3 millones de pesos, ni tampoco la multa por 20 mil pesos.

“Sólo deberá pagar mil pesos mensuales, firmar cada mes el resto de la sentencia y mantener una conducta ejemplar de lo contrario será reencarcelado, pero del pago de la reparación de daño nos remitieron a Atención a Víctimas”, explicó.

El asesino está libre y nosotros sin hijo, expresó el padre del menor, quien consideró una burla el beneficio que la propia ley le otorgó al sentenciado.

El 19 de octubre de 2011, Carlitos abordó un taxi colectivo de Cuernavaca al poblado de Santa María, en donde vivía. En la parte de atrás viajaba Rubén Domínguez, escolta del entonces secretario de Seguridad del municipio.

Durante el trayecto se registró un percance con otro automovilista por lo que el policía sacó su arma y se le fue un tiro que hirió en la espalda al joven, quien iba en la parte delantera del taxi a quien dejó herido a pesar de percatarse de la situación. El joven murió al día siguiente en un hospital.

En 2013 se dictó la sentencia del caso. El entonces abogado del caso, Miguel Ángel Rosete, criticó el criterio de los jueces quienes impusieron la condena mínima al imputado, pese a su investidura como servidor público y como tal cometió el delito, por lo que debieron aplicarle la pena máxima que era de 15 años de prisión.

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