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Detienen decreto contra magistrados por irregularidades

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Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 4 de julio.- Por anomalías en el proceso, el Ejecutivo estatal no publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el punto de acuerdo por el cual la mayoría de diputados aprobaron reducir el periodo de permanencia de los magistrados del Poder Judicial, de 20 a 14 años.

El Consejero Jurídico del gobierno, Samuel Sotelo Salgado, informó que los diputados debieron enviar la propuesta de reforma a comisiones, elaborar un dictamen y posteriormente someterlo a votación en el pleno, y no hacerlo de manera directa como finalmente lo votaron el 24 de junio pasado.

El análisis que hizo la Consejería Jurídica, dijo, es que hubo violaciones al procedimiento por lo que se enviaron las observaciones al Congreso local y tiene un plazo de 40 días para que resuelvan lo conducente.

Sotelo precisó que el Poder Legislativo puede rechazar las observaciones y eso obligaría al Ejecutivo a publicar el decreto como lo aprobó, en caso contrario puede elegir realizar las adecuaciones que considere.

Explicó asimismo que de que el Ejecutivo hubiera publicado el punto de acuerdo la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Verónica Cuevas López, tendría que dejar el puesto de manera inmediata ya que este día cumpliría los 14 años como tal. Además la publicación y el proceso podría ser recurrido ante tribunales federales.

El Consejero dijo que al detener la publicación el relevo en la presidencia quedará en su estado en que encuentra hasta que resuelva el Congreso, pero lamentó que la legislatura pasada haya aprobado la ampliación del periodo de los magistrados, en los últimos días de su gestión legislativa.

Además dijo que algunas decisiones legislativas no pudieron impugnarse al cumplirse el periodo para ello, pero admitió que de las más relevantes fue precisamente el aumentar los años como magistrados al Poder Judicial.

La decisión del Poder Ejecutivo fue celebrada por el TSJ celebró la decisión del Ejecutivo “por ser un acto que va en contra de la Constitución, observaciones que reflejan a todas luces que el Poder Ejecutivo se apega a la norma Constitucional del Estado y a la legalidad”, citó el TSJ en un comunicado de prensa.

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