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AMLO, hacia la instauración ideológica del nacionalismo revolucionario

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Por: Uzziel Becerra

No es lo mismo convocar a la población para celebrar un triunfo electoral que celebrar las acciones y resultados de un gobierno. Para realizar lo primero, desde la antigua Roma se sabía alegrar los ánimos populares: pan y circo. El presidente ofrece música y bailables a sus fieles; utiliza la retórica, aludiendo a los conceptos comunes con los que interpreta y hace interpretar la realidad social: la corrupción herencia de los gobiernos que lo anteceden, el neoliberalismo que ensancha la desigualdad, la transformación de un régimen corrupto a uno democrático y solidario, entre otras cosas. Para lo segundo se requieren cifras, datos concretos, estadísticas y factor tiempo. Las políticas públicas que implementa un gobierno deben ser evaluadas con seriedad y, en la medida en que sean evaluadas por los ciudadanos, podrían ser plausibles.

Andrés Manuel López Obrador inició formalmente su mandato el 1 de diciembre del 2018, aunque su informe giró en torno al triunfo del 1 de julio del mismo año, apelando a la necesidad que tiene el pueblo de celebrar la instauración de un gobierno dirigido por él. Su obligación es presentar el informe presidencial el 1 de septiembre del 2019, es ahí donde deberá entregar la información suficiente para verificar las acciones de su gobierno. Lo anterior porque, de acuerdo con Integralia Consultores, del 100% de las declaraciones que AMLO realizó en su informe de actividades, el 47% fueron correctas, 35% no pueden verificarse por falta de información (no se ha hecho público el padrón de beneficiarios ni el censo de bienestar), 15% fueron parcialmente correctas y el 3% fueron incorrectas; sus declaraciones versaron preponderantemente sobre programas sociales, economía y austeridad.

El proyecto de nación de López Obrador pretende, como lo sentenció en su discurso, terminar de “arrancar de raíz el régimen corrupto” a más tardar en diciembre de este año, así como construir las bases para la transformación del país. Fiel a su narrativa, en el balance de los primeros seis meses de su gobierno se encuentran las reformas (o contra reformas) educativa y laboral, la creación de la Guardia Nacional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que estableció la austeridad presupuestal; la cancelación del NAICM buscando construir el aeropuerto en Santa Lucía; la instauración de programas sociales bastos y diversos, entre otras acciones que pueden ser aceptadas o rechazadas por los sectores a los que van dirigidas, para algunos vulnerando sus derechos y a otros reivindicando sus privilegios o proyectos, aunado a las consecuencias económicas y políticas globales.

En ese sentido, el respaldo popular del presidente se traduce en legitimidad política que se debe entender en dos sentidos. Por un lado está la legitimidad de origen, consistente en la cantidad de votos obtenidos en el triunfo de la elección y la distancia porcentual que tiene el ganador respecto de sus adversarios vencidos en las urnas. Por otro lado, la legitimidad de ejercicio consiste en la aprobación y aceptación de las políticas que lleva a cabo una administración, por su factibilidad, eficiencia y eficacia para resolver los problemas de la agenda pública. La legitimidad de origen del presidente no está en disputa; la legitimidad de ejercicio, cuestionable.

Detrás de la banda inicial, el baile y concierto de música regional, y la euforia de las personas congregadas en el Zócalo capitalino, se encuentra la instauración ideológica del nacionalismo revolucionario, cuya retórica populista llama a la acción rindiendo lealtad al proyecto presidencial, sean cuales sean las consecuencias específicas. Todo parece indicar que la agenda del Presidente de la República es no solo erradicar la corrupción de las instituciones de la administración pública, sino derogarlas y dar origen a otras nuevas, con su aprobación y respaldo. Así lo manifiesta entre líneas en su informe; así es como busca cumplir su promesa de transformación. Lamentablemente, al mismo tiempo se deja a un lado la garantía y tutela efectiva de derechos fundamentales en favor de un proyecto político y, al final, la legitimidad de ejercicio del presidente girará en torno a su compromiso garantista.

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