Home»Inicio»Emite CNDH recomendación por multihomicidio en Temixco

Emite CNDH recomendación por multihomicidio en Temixco

0
Shares
Pinterest Google+

Por Leticia Villaseñor

Ciudad de México, 14 de julio.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos en el caso del multihomicidio en Temixco ocurrido a finales de noviembre de 2017, donde perdieron la vida cuatro mujeres adultas, un bebé de dos meses y un adolescente, por disparos de armas de fuego realizadas por policías estatales, que obedecieron las órdenes del entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, actual Comisionado en Quintana Roo.

La CNDH señaló que el ataque donde fueron asesinadas la madre, esposa, hermana, hija y nieta, así como un joven de 14 años, todos familiares de José Valdés, presunto narcotraficante, fue resultado de tres operativos policiales en los límites de Temixco y Cuernavaca, que derivaron en un ‘enfrentamiento’ armado entre civiles y personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

La Recomendación fue dirigida al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General de Justicia local, Uriel Carmona Gándara, tras una investigación en la que la CNDH acreditó que policías los allanaron casas habitación en que estaban las víctimas; las detenciones fueron arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente; se registró el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores de edad; hubo trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos infantes además de la dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, y la colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

 

El ataque

El 30 de noviembre de 2017 siete policías de un presunto grupo de élite de la CES entraron a una casa donde José Valdés percnoctaba con su familia, unas 15 personas, bajo el supuesto de que estaban armados y tenían a personas secuestradas.

De acuerdo con la versión del entonces comisionado de Seguridad, Alberto Capella, el presunto narco y dos de sus hijos le dispararon pero uno de ellos dijeron que los elementos entraron sin identificarse a la casa y abrieron fuego, matando en primera instancia a la bebé de dos meses de edad.

Las cuatro mujeres adultas y el adolescente fueron acribillados en un baño diminuto, en tanto el cadáver de la bebé quedó en el suelo de la sala.

A 20 meses del crimen no se conocen cargos contra los policías que participaron en el operativo por el contrario la Fiscalía acusó a los sobrevivientes, el presunto delincuente, su hijo mayor, su esposa, un amigo de la familia y otro de los hijos, menor de edad, por lesiones calificadas en contra de los policías.

La recomendación dirigida al Gobierno estatal considera una inadecuada implementación de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad, y a la Fiscalía General del Estado lo señala de

dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas.

A la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad le observa las irregularidades en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017.

 

Caso cerrado: CES

En declaraciones previas el actual comisionado José Antonio Ortiz Guarneros aseguró que la investigación está cerrada, sin revelar el resultado, y acusó que las armas decomisadas a los policías implicados, las cuales no coincidieron con los casquillos recuperados en la escena, nunca fueron devueltos a la Comisión.

Para el Organismo Autónomo, la Fiscalía General del Estado deben continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de tres víctimas.

La CNDH recomienda al gobernador de Morelos que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.

También se le pidió colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad.

De igual manera, deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

Además, deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Al fiscal general se le recomienda continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de 6 personas, incluidos 2 infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las 6 personas privadas de la vida.

Previous post

MP catea domicilio en Alta Palmira

Next post

Gobierno atenderá recomendación de la CNDH sobre caso Temixco