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Baja California, precedente peligroso

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Por: Uzziel Becerra

En 1989 el Partido Acción Nacional (PAN) salió victorioso por primera ocasión en una elección por la gubernatura en el Estado de Baja California, siendo electo Ernesto Ruffo Appel, venciendo la estructura del PRI hegemónico del siglo XX. Las pasadas elecciones del 2 de junio para la gubernatura, Morena triunfó sobre el PAN y, no conforme, negoció una reforma constitucional para ampliar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla.
Con 21 votos a favor la Cámara de Diputados del Estado de Baja California reformó el octavo transitorio constitucional local, que estipulaba un periodo de 2 años para la siguiente elección de gobernador, cuya finalidad es homologar las próximas elecciones con las del 2021. Así, la reforma para la ampliación de mandato hizo cimbrar el escenario político.
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, respaldó la ampliación de mandato para gobernador de Baja California, basándose en las supuestas exigencias de la ciudadanía. Asimismo afirmó que su partido defendería la decisión del Congreso de B.C. por autonomía. Sin embargo, dentro de los actores principales de la “4T”, se halló una oposición tajante, denunciando una flagrante violación al orden constitucional y legal.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, categorizó el hecho como insólito pues rompe el pacto constitucional y dijo analizará intervenir, desde su posición como representante del Congreso de la Unión, a través de dos posibles vías: la controversia constitucional para que la SCJN resuelva o la desaparición de poderes, contemplada en la Constitución y que corresponde formalmente al Senado de la República.
Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que analizarán incluso llevar a juicio político a los legisladores que trasgredieron el orden constitucional. También la diputada federal Tatiana Clouthier se unió a las voces al interior de Morena, revirando a Polevnsky al defender la periodicidad del mandato por dos años en la entidad.
La ruptura del orden constitucional se explica porque, según el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, no podrá haber reformas o modificaciones legales fundamentales durante los procesos electorales, sino por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Extender el periodo de mandato del gobernador electo contraviene el texto constitucional. Aunado a lo anterior el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó una resolución del Tribunal Electoral de Baja California al modificar la ampliación del mandato, sosteniendo que, en efecto, el periodo del próximo gobernador debería ser de 2 años.
El tema no debe menospreciarse. No puede haber Estado de Derecho cuando los legisladores de un Estado contravienen criterios de un máximo tribunal; cuando el gobernador electo asume como una “corrección” la transgresión al texto constitucional federal; cuando los propios actores políticos están dispuestos a respaldar y defender una reforma violatoria de la constitución. Esperemos que sea la Suprema Corte la que resuelva, vía acción de inconstitucionalidad, el conflicto constitucional en Baja California, logrando así recuperar la garantía de legalidad y el cumplimiento del orden constitucional. De no ser así, sentará un precedente peligroso respecto del principio de periodicidad de mandato de los representantes populares en el país.

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