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Opinión – En defensa del Coneval

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Por: Uzziel Becerra

En la administración existe un principio general: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Las instituciones dedicadas a hacer indicadores en el país son fundamentalmente dos: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Ambas instituciones están relacionadas, mientras Inegi genera las bases de datos respecto de diversos tópicos de la población en México, recopilando y procesando información, el Coneval tiene como objetivos fundamentales la medición de la pobreza y la evaluación de políticas y programas sociales, regido por la Ley de Desarrollo Social.

 

El Coneval se ha caracterizado por su profesionalismo y alta rigurosidad, desde la conceptualización de la pobreza hasta la metodología de vanguardia, en la cual la pobreza ha pasado de ser unidimensional, basada únicamente en el nivel de ingresos, a ser multidimensional: a causa de la falta de ingreso de las familias, no tener acceso a la educación básica, no tener acceso a los servicios de salud, no tener acceso a la seguridad social, no tener acceso a una vivienda de calidad, no contar con servicios básicos en vivienda (agua, electricidad y drenaje), no tener acceso a la alimentación, el grado de cohesión social del contexto. De tal forma que su labor requiere conocimientos técnicos y especializados.

 

Respecto a la evaluación de las políticas de desarrollo social, el Coneval desarrolla herramientas de información sobre los programas y acciones federales, los cuales incluyen sus reglas de operación, los programas subsidiarios, la prestación de servicios públicos y la provisión de bienes públicos; evalúa a las dependencias y entidades de la administración pública que estén alineados con los derechos sociales y con la dimensión de bienestar económico. Asimismo, contienen datos de cobertura, información presupuestal e información sobre evaluaciones externas.

 

Aunado a lo anterior, el Coneval es necesario para satisfacer la rendición de cuentas gubernamental y la garantía del derecho a la información, por las estadísticas y las bases de datos especializadas en la materia. De esa manera, permite realizar un proceso fundamental de las políticas públicas: la evaluación. Cualquier política pública debe observar los resultados de su diseño y su implementación para asegurar la realización de sus objetivos.

 

Debido a la delicada labor de esta institución, se requiere garantizar su independencia y objetividad, así lo señaló Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Él mismo nos recordó que durante la administración pasada el Coneval jugó un papel crucial al señalar los cambios en la metodología del inegi para la medición del ingreso que dañarían en la percepción de la pobreza, y para la evaluación del programa “Cruzadas contra el hambre”, señalando los problemas de diseño de sus estrategias. En suma, su importancia es capital para gestionar uno de los problemas más profundos y dolorosos del país: la pobreza. El hecho de que el presidente asuma que su labor es prescindible y puede ser sustituida por el Inegi demuestra que no hay conocimiento suficiente de la administración pública que dirige.

 

Como lo hizo con el exsecretario de Hacienda, el presidente acusa e intimida a los inconformes en su proyecto de nación sin poder fundamentar sus dichos con datos objetivos y verificables, sino utilizando una narrativa común: son afines al neoliberalismo y la tecnocracia. Poner en tela de juicio la importancia del Coneval, su presupuesto o el salario de sus directivos es dar un golpe a la autonomía de la institución, como lo ha hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, la Comisión Reguladora de Energía, las Universidades públicas, entre otros organismos autónomos. Esperemos que los pesos y contrapesos hagan su labor ante semejante despropósito el Ejecutivo federal.

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