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Opinión – Sobre el monólogo presidencial

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Por Uzziel Becerra

Como en todos los sexenios, podemos observar avances y retrocesos, mejoras y equivocaciones de la administración pública federal, presentados durante los Informes de gobierno. Sin embargo, las formas, las afirmaciones y los mensajes “entre líneas” nos posibilitan la reflexión y la constatación entre los dichos y los hechos.

Respecto a las formas, aunque en durante el evento observamos que Presidencia de la República señaló el “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México”, lo cierto es que es el Primer Informe de gobierno que ha dado López Obrador, pues su obligación Constitucional es presentar sus respectivos informes de forma anual el primero de septiembre. Los llamados “informes” anteriores son en realidad eventos para medir el apoyo popular del Presidente: el primero con motivo de los 100 días de gobierno, en marzo, y el segundo conmemorando la victoria electoral del año pasado, en julio. Así refuerza su narrativa y legitimidad política.

Un aspecto a resaltar en cuanto a la forma fue el formato de monólogo que implicó el ejercicio del Informe: observamos un Presidente que monopolizó el espacio público, mandando una señal de autoridad política digna de los tiempos del partido hegemónico; un presidente que tiene los datos, las cifras y verdades, que exhibe sus logros, acepta los retos a enfrentar y al mismo tiempo anuncia la derrota moral de sus contrincantes, los conservadores.

Sobre las afirmaciones, una de sus famosas frases es la intención de separar el poder político y el poder económico, haciendo alusión a que el poder económico, representado por inversionistas extranjeros y grandes empresarios, no debe tomar las decisiones públicas del país, sino que deben hacerlo los representantes del Estado, en este caso encarnado en su persona. Y aunque pudiéramos sugerir que es correcto, la evidencia nos demuestra que el poder económico y el poder político deben hacer sinergia para buscar el bienestar social. Durante el Informe, el Presidente reconoció y agradeció a Carlos Slim, Carlos Salazar y Antonio del Valle, quienes posibilitaron el acuerdo del gasoducto que garantizará el servicio de gas a bajo costo para el país. Sin este acuerdo el abastecimiento para los mexicanos hubiese sido costoso e insuficiente.

El Presidente refirió que en su administración hay estricto respeto a la separación de poderes y a la autonomía de los organismos públicos autónomos, así como la no interferencia en sus esferas competenciales. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que hay duros golpes a la autonomía de los organismos públicos autónomo como en el caso del INE, la CNDH, el INAI, el SNA, las Universidades públicas, la CRE, entre otros. Lamentablemente los hechos contradicen sus afirmaciones.

También refirió que en su administración se retoma el mandato constitucional, en el cual el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional, contrario a lo que ocurría en el periodo neoliberal. En su interpretación, la crisis de México se originó por el modelo económico neoliberal y sobre todo por “el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada”. De ello no nos queda duda y coincidimos en que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.

Por otra parte, respecto a la “obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico”, sentenció: “consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”, refiriendo que el objetivo superior es el bienestar general de la población. Sobre esta afirmación surge una preocupación respecto a la creación de indicadores y la metodología de evaluación gubernamental. Para que un gobierno sea eficiente, este debe crear los indicadores necesarios para proyectar sus avances o retrocesos, lo cual se auxilia principalmente de la metodología cuantitativa, sin detrimento de la dimensión cualitativa que se integre en las evaluaciones. Es verdaderamente preocupante que el Presidente rechace de antemano la importancia de evaluar el crecimiento económico, pues sin este no habrá desarrollo ni riqueza que distribuir.

Asimismo, dejó claro que sobre la política productiva, esta tiene los siguientes ejes: fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la intensificación del comercio exterior y la captación de la inversión extranjera. En cuanto a la economía popular y los proyectos para el desarrollo, el Presidente anunció el apoyo irrestricto al campo y el otorgamiento de créditos a la palabra, sin intereses, con el fin de elevar los niveles de empleo en los sectores más vulnerables. En cuanto a la iniciativa privada y la inversión extranjera, exceptuando el reciente acuerdo con la CCE, faltan contextos económicos que generen verdaderamente confianza y certeza para invertir. Sobre los negativos de su gobierno, señaló que los resultados en materia de seguridad no son buenos y que en su administración se trabajará la disminución de la incidencia delictiva como principal desafío, comprometiéndose a pacificar al país.

Finalmente, su afirmación más contundente fue la siguiente: “Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad”. En ese tenor de ideas, pidió a los servidores públicos vivir en la honrosa medianía, sin lujos ni exageraciones. Sin embargo, lo incongruente se halla en que algunos actores políticos acusados de corrupción en el pasado, hoy se encuentran en su gobierno, dirigiendo junto a él las políticas y el ejercicio presupuestal en las diversas dependencias de su administración. Si bien hubo mano dura respecto a los actores de oposición, los llamados conservadores, hay complacencia al interior de sus filas.

 

En suma, el llamado cambio de régimen político no ha encontrado cabida, pues la Presidencia de la República sigue incentivando un modelo caudillista y de liderazgo carismático unipersonal, que favorece la centralización del poder en su persona, así como la incidencia de facto en las negociaciones del Legislativo y ejerciendo una influencia poderosa en las determinaciones del Judicial. Aunque hay avances en diversas materias como en el sector agropecuario, las amplias políticas sociales y la austeridad gubernamental, los aspectos sustanciales del ejercicio del poder siguen intactos.

Asimismo, asignaturas como la del crecimiento y desarrollo económicos, así como en materia de seguridad pública siguen pendientes de cumplirse. El fin de la corrupción e impunidad debe demostrarse no solo de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera: del seno del partido en el poder hacia las instituciones que sostienen la labor gubernamental.

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