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Opinión – Inseguridad pública, la otra asignatura pendiente

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Por Uzziel Becerra

Es interesante escuchar que el Presidente López Obrador, a pesar de manifestar en reiteradas ocasiones que existen “otros datos”, reconoció en su primer informe de gobierno que en materia de seguridad pública el trabajo ha sido insuficiente y hace falta mejorar, pues los indicadores del año 2019 han señalado que este ha sido el año más violento del último siglo en el país, un dato que ni el titular del Ejecutivo ha podido evitar a pesar de su capacidad para desviar y manipular las expectativas de la realidad social.

Durante el 2019, en los meses de enero y febrero se registraron un total de 5,803 personas asesinadas, rompiendo el récord de homicidios para este periodo que había alcanzado el año 2018, pues la tasa de homicidios creció 13% respecto al año anterior. De acuerdo con los datos arrojados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cantidad de homicidios del primer semestre del año son 20,599, es decir que la tasa es de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes, obteniendo un incremento del 6% con respecto del mismo periodo en el año 2018.

Si bien el Gobierno Federal propuso e hizo prosperar en el Legislativo la iniciativa de una Guardia Nacional, para modificar la estrategia de seguridad pública, esta nueva Guardia no ha sido suficiente para encarar y responder a los grupos delincuenciales que existen a lo largo y ancho del país. Al respecto de la Guardia Nacional, esta encuentra sus antecedentes en México durante la administración (de 4 escasos meses) del Gral. José Mariano Salas, Presidente de México en 1846, quien impulsó la Guardia Nacional con motivo de defender el territorio nacional de la invasión estadounidense. Al día de hoy, debemos recordar que esta Guardia es un híbrido con organización y disciplina militares pero que está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que es de carácter civil, lo anterior tras largas negociaciones y fuertes tensiones con la oposición política, buscando la no militarización del país. Su mando militar hubiese sido un duro golpe a las pretensiones democráticas de nuestro tiempo

En ese sentido, sobre la Guardia Nacional, se acaba de gestar otra baja al interior de la administración de López Obrador. El general Luis Rodríguez Bucio, actual titular de la Guardia Nacional causó baja del servicio activo del ejército y fuerza aérea mexicanos el día 31 de agosto por cumplir los requisitos señalados en el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que señala 63 años de edad, por lo cual ascenderá al grado inmediato superior y dejará de presidir los trabajos de la guardia nacional. Veremos el relevo con la expectativa de una nueva estrategia de intervención.

El Estado mexicano ni siquiera ha podido superar el umbral del tradicional modelo liberal, en el que el Estado solamente se encargue de la seguridad y la administración de justicia, no involucrándose en temas que limiten la libertad personal como los derechos sociales, pues en reiteradas circunstancias el Presidente ha pugnado por un Estado social y democrático de Derecho. Si no se solucionan los conflictos más sustanciales de la administración pública, como el de seguridad y paz social, las aspiraciones a garantizar eficazmente otros derechos se ve fuertemente restringidas.

Aunque la violencia en México es multifactorial existen algunos elementos, descritos por Alberto Najar a través de la bbc news, que nos nos ayudan a poder entender la crisis de seguridad que vive nuestro país; 1) las armas de fuego provenientes de Estados Unidos, pues de acuerdo con estudios el 70% de los homicidios cometidos al interior del país se realizan con estas armas de fuego extranjeras; 2) el huachicoleo, por ser una actividad ilegal que se propagó a lo largo del país, incentivando la delincuencia organizada para su explotación; 3) la guerra entre cárteles pues las disputas entre bandas del narcotráfico por los mercados locales de la droga intensifican la ola de violencia que se vive en nuestros estados y el país en general.

Al respecto, las entidades de la república con mayor incidencia delictiva registrados hasta julio del presente año son el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco. Sin embargo, la entidad con mayor aumento en asesinatos en el primer semestre de este año es Nuevo León seguido por Sonora, Hidalgo, Morelos y Tabasco respectivamente. De acuerdo con el Inegi el 74.6% de los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional reciente.

Sin embargo hablar de seguridad pública hoy es insuficiente ante la multidimensionalidad de los fenómenos de la seguridad. Así podemos hablar de Seguridad Ciudadana y seguridad humana como elementos faltantes en el diseño de políticas y estrategias de seguridad.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el paradigma de Seguridad Ciudadana no trata solamente de reducir los delitos sino que consiste en una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, previniendo la criminalidad y buscando el acceso a un sistema de Justicia eficaz. Es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil y democrático debilitando las amenazas de violencia en la población y permitiendo la coexistencia segura y pacífica de la ciudadanía, como bienes a tutelar. Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Seguridad Humana consiste en proteger de las amenazas críticas y omnipresentes la esencia vital de todas las vidas humanas, de forma que se realiza en las libertades humanas y la plena realización de las personas.

Su aspecto fundamental está en la prevención, desentrañando las causas profundas de las vulnerabilidades de las personas, prestando atención a los riesgos incipientes y haciendo hincapié en la intervención temprana de la prevención del delito y de las situaciones de riesgo que tienen los ciudadanos.

Hablar de seguridad pues implica que podamos dimensionar no solo a la seguridad pública, sino procurar el desarrollo de una seguridad ciudadana que posibilite un contexto de prevención del delito y de acceso a la justicia. Sin duda los indicadores sobre homicidios y delitos graves deben disminuir, esa es la responsabilidad del Estado, pero también lo es atender las multiples dimensiones de la seguridad humana. Así de compleja es la labor que encabeza el titular del Ejecutivo, tanto a nivel federal como en las entidades federativas y en los municipios. Lamentablemente hay pocos avances, evidenciando la incapacidad de la autoridad. Sigue siendo su asignatura pendiente.

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