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Opinión – La desprotección de la milicia

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Por Uzziel Becerra

Tras el ascenso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha indicado a los jefes de las fuerzas armadas mexicanas que por un lado tomen las riendas de la seguridad pública en el país, buscando su pacificación, y por el otro que eviten utilizar su armamento en contra de la población, así como medidas para su protección, independientemente de si ésta respondiese violentamente e incluso atentando contra su integridad física.

En lo que va de este año han ocurrido varias agresiones hacia los elementos de las fuerzas militares por la población, es decir por los civiles, en los Estados de Querétaro, Michoacán, Puebla, Hidalgo y Estado de México, sobre todo en torno la lucha por el huachicol o robo de combustible y en torno al diálogo que buscó realizar el gobierno federal con grupos criminales.

En Querétaro, los pobladores intentaron desarmar a los efectivos militares de acuerdo con los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional; un oficial y dos elementos de tropa resultaron lesionados al ser agredidos por una multitud de al menos 50 personas que saqueaban un tren. Asimismo los elementos castrenses fueron agredidos con piedras, palos, botellas y con golpes; la solución del comandante al mando fue disparar hacia el suelo y así poder dispersar a los agresores.

En el Estado de Michoacán, elementos de la Sedena fueron agredidos con palos, escobas y piedras, recibiendo insultos y siendo retados a pesar de que ellos portaban armas de fuego. El saldo en la comunidad de Ziracuaretiro cobró la vida del Teniente Coronel Víctor Manuel Maldonado Celis, quien falleció luego de un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada. Los militares han sido desarmados, retenidos, golpeados, humillados y obligados a entregar sus armas a la población y a grupos criminales que operan en las zonas conflictivas a las que intervienen con la finalidad de disuadirles de evitar sus conductas delictivas.

Durante el mes de agosto, la titular de la Secretaría de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, mantenía diálogo con los autodefensas en Tamaulipas y Michoacán, sin embargo, luego de este enfrentamiento y de las bajas de los elementos de militares, fue suspendido, evidenciando la necesidad de una intervención más efectiva.

En términos institucionales debemos reconocer que el Estado Mexicano se encuentra ausente en diversas regiones del país, en las que los grupos criminales y organizaciones delincuenciales se apoderan de la dinámica comercial y en ocasiones supliendo las responsabilidades del Estado en la gestión de los asuntos públicos, lo cual es grave puesto que la población queda vulnerable y a merced de estos grupos criminales.

La cultura de los cárteles de la droga y su intromisión en la dinámica social han generado que diversas poblaciones se afiancen y se sostengan derivado de la producción de la droga, en favor de estos grupos criminales. Caso diferenciado es el de las llamadas autodefensas las cuales surgieron como un levantamiento de la población para la protección de los mismos, utilizando armamento y organizándose con la finalidad de procurarse a sí mismos la seguridad en el paradigma de la autotutela. Sin embargo, la obtención de su armamento y los liderazgos de las autodefensas ponen en tela de juicio su legitimidad.

El riesgo de que el Estado permita las autodefensas y los grupos armados es que estos pueden convertirse en un paraestado o transformarse en grupos paramilitares, monopolizando legítimamente para su población el uso de la violencia física, como lo dijo el sociólogo Max Weber aludiendo a la característica exclusiva de los Estados Nacionales. Así, desde el punto de vista de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, esta queda limitada, restringida y obstaculizada por las células que monopolizan e intentan evadir la autoridad pública.

La posibilidad de un diálogo entre Gobierno Federal y los grupos criminales no es descabellada, puesto que se buscar evitar un conflicto directo y sangriento, como lo hubo en las administraciones pasadas. Se deben contemplar nuevas estrategias de intervención con la finalidad de que no existan bajas ni de parte del ejército ni de parte de la población civil. Sin embargo, el presidente se equivoca al exigirle a los elementos de las fuerzas armadas el no defenderse y no cuidar su integridad física al momento de intervenir frente a estos grupos delincuenciales y a la misma población civil.

Recientemente, de acuerdo con El Universal, las cúpulas militares a través de peticiones de los jefes del Ejército y de la Marina lograron persuadir y convencer al presidente López Obrador para que permitiese a los elementos militares utilizar legítimamente la fuerza y responder proporcionalmente las agresiones de la población, en caso de que su integridad física corra peligro, así los militares no quedarían desprotegidos y en circunstancias de vulnerabilidad, por las bajas que han sido mencionadas dentro de las filas del ejército. En ese sentido Andrés Manuel puso como condición a la Sedena y a la marina que esa respuesta proporcional no tenga excesos y no incurra en ninguna violación a los derechos humanos, como ha sido parte de su narrativa pública.

Si la población civil no reconoce la autoridad que emana de los uniformes y de la institución de las Fuerzas Armadas Mexicanas, estas no tendrán la capacidad de diálogo, de disuasión y de mitigación de los conflictos sociales que espera el presidente, por lo tanto quedarán vulnerables ante poblaciones enojadas y en ocasiones armadas, que no reconocen la legitimidad de la milicia.

Una institución tan relevante para el Estado Mexicano como las fuerzas armadas debe procurar la salvaguarda de la integridad física de sus miembros y es responsabilidad del jefe máximo de las fuerzas armadas, es decir el Presidente de

la República, que posibilite al ejército retomar su autoridad pública en la población, para el efecto de que ésta pueda seguir gestionando los conflictos más graves del país. La incorporación de la guardia nacional fue precisamente el intento de que fueran las fuerzas militares las que dirigieran la pacificación del país y, sin embargo, el resultado ha sido adverso, puesto que la pacificación no ha llegado y los militares cada día son más vulnerables y más incapaces de responder ante la gravísima realidad criminal en la que se encuentra el país.

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