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Opinión – ¿Renuncia u oportunidad para el presidente?

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Por Uzziel Becerra

Eduardo Medina Mora ha sido uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más cuestionados por la opinión pública tras su nombramiento en 2015, por su falta de idoneidad y de una carrera judicial que garantizaran su capacidad de ejercer una de las magistraturas más importantes del país, integrándose al máximo tribunal. Fue propuesto en terna por el expresidente Enrique Peña Nieto, tras haber sido Embajador de México en Reino Unido en su gestión, así como Procurador General de la República en el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) y Secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox (2000-2006).

La Suprema Corte fue reestructurada en 1994 conformándose el pleno de la Corte de 11 ministros, con una duración de 15 años en su encargo. La renuncia del Ministro Medina Mora es inédita en la historia del máximo tribunal constitucional mexicano, sin embargo, conforme al artículo 98 de la Constitución, tercer párrafo, las renuncias de los ministros de la Corte solo procederán por causas graves las cuales deberán ser expuestas en su solicitud de renuncia dirigida al Presidente de la República, y en caso de ser aceptada deberá remitirla al Senado para su aprobación

Respecto a la causa grave una investigación realizada por el periodista Salvador García Soto, del diario EL UNIVERSAL, destacó un informe de actividades sospechosas de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido, donde Medina Mora fue Embajador, detectando transferencias a su cuenta en el HSBC UK Bank de Londres por al menos 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas. En ese mismo sentido la investigación señaló que el Tesoro de Estados Unidos reportó transferencias de al menos 2.1 millones de pesos y 2.1 millones de dólares desde el año 2016 al 2018. Aunado a lo anterior, la SHCP detectó una empresa de razón social “Compusoluciones y Asociados S.A. de C.V. en la que el ministro aparece como beneficiario del pago de dividendos, con depósitos en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, ingresos que en sus declaraciones patrimoniales no fueron reportados.

Medina Mora se defendió con una carta escrita en junio de este año, dirigida a sus compañeros miembros del Poder Judicial en todas sus ramas, con la finalidad de aclarar el asunto. Sin embargo, las investigaciones siguen avanzando, dirigidas por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo organismo fiscal abrió una carpeta de investigación turnada a la Fiscalía General de la República por la probable comisión de lavado de dinero.

Ante tal coyuntura la renuncia y probable dimisión del ministro Medina Mora otorga una enorme oportunidad, en términos políticos, al presidente López Obrador de nombrar un sustituto en términos del artículo 96 de nuestro texto constitucional, abriendo la puerta a una reconfiguración del máximo tribunal constitucional mexicano y, en consecuencia, de las correlación de fuerzas en el sistema político del país.

Si el Senado aprueba la renuncia del ministro, el presidente tendrá la obligación de enviar una terna para que el Senado, en votación de mayoría calificada, es decir de las dos terceras partes, elija al próximo ministro de la SCJN que sustituiría a Medina Mora hasta el año 2030. De esa forma el presidente tendría la oportunidad de influir en la balanza de los votos del pleno en asuntos amparados de trascendencia nacional, en casos atraídos previamente para su resolución, cuando la Corte realice el control de constitucionalidad concentrada, al momento de que los ministros resuelvan las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, en suma, inclinar la balanza de la justicia constitucional a su favor.

No hay mayor tentación para un presidente que tener la posibilidad de nombrar ministros de la Suprema Corte. La experiencia en Estados Unidos, la democracia más antigua con un sistema presidencialista de gobierno, nos demuestra que los presidentes tienen especial interés en no ver limitados sus proyectos políticos, para lo cual buscan imponer candidatos o influir a tal grado que logre cooptar las instituciones judiciales. El contexto del caso Marbury vs. Madison, que ha sido el precedente más emblemático del papel que juega el Poder Judicial, nos enseña lo fácil que le resulta a un poder presidencialista influir en el nombramiento de jueces y ministros.

Sin embargo, una democracia constitucional requiere plena independencia de los impartidores de justicia, más aun tratándose de la integración del máximo órgano jurisdiccional del Estado. Pero debemos entender la independencia como separación de poderes y no como la ausencia de asignación autoritaria de valores, que eso es hacer política en palabras de David Easton: la SCJN sí hace política (jucidial politics), pero no entra en el juego de la articulación de intereses partidistas en órganos gubernamentales o legislativos, salvo por el Tribunal Electoral, de cuyo papel depende que esa articulación se realice conforme a los preceptos de las democracias constitucionales.

La SCJN no es partido de oposición (como lo ha señalado el magistrado presidente Zaldivar), pero sí es el Poder del Estado que garantiza los pesos y contrapesos de los que hablaba Montesquieu, pues “solo el poder puede limitar al poder”. Con todo ello, lo interesante y preocupante a la vez es que, si prospera la renuncia en cuestión, el presidente habría colocado 4 ministros: Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara ya fueron propuestos en terna, a ellos se sumaría el sustituto de Medina Mora y el sucesor de Fernando Franco, ministro que dejará su cargo en 2021. Con ellos, los famosos “bloques” de ministros de la Corte se reconfiguran, siendo mayoría los inclinados por la 4T.

En el pasado, los señalamientos contra Medina Mora han venido desde diferentes frentes. Desde Morena, Félix Salgado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado se ha pronunciado en favor de retirar e indemnizar a los ministros corruptos de la corte, mencionando expresamente a Medina Mora, pues “de lo contrario no habrá cuarta transformación”. El mismo López Obrador, en

 

campaña rumbo a la presidencia, señalaba sin mesura que los ministros de la SJCN no aportaban al cambio que requiere al país y que no servían al pueblo de México. Hoy, aunque la postura del presidente tiene matices, sigue existiendo un conflicto con el Poder Judicial por su papel como guardián del orden constitucional.

Con la llegada del Ministro Zaldívar a la presidencia de la Corte, López Obrador ha canalizado, al menos en lo mediático, sus exigencias e inquietudes. Sin embargo, sigue presionando respecto de las suspensiones que otorgan los juzgados de distrito a lo largo del país por las decisiones del Ejecutivo Federal: las estancias infantiles, las suspensiones a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, entre otros.

En torno a esas tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, la renuncia de Medina Mora es una oportunidad para que el presidente incline la balanza sobre los fallos, las resoluciones y los criterios en el ámbito de competencias de la SCJN en el sistema jurídico mexicano, como en el caso de la reiteración de criterios para efecto de constituir jurisprudencia novedosa. Así, en prospectiva, entendida como los posibles escenarios a suscitarse, podríamos ver un Senado exigiendo al ministro Medina Mora comparecer para exponer las causas graves de su renuncia; al presidente proponiendo a tres personas (una en serio y dos por mera formalidad) que cumplan los requisitos del 95 constitucional para integrar el máximo tribunal constitucional mexicano, comprometido políticamente de antemano; la balanza de la justicia inclinada en favor de la 4T, lo cual contradiría las declaraciones del Ministro Presidente de la SCJN en el sentido de que el máximo tribunal no tiene partido ni está influenciado por la política; la ruptura de facto sobre la separación de poderes y la cooptación de las instituciones que administran justicia, marcando el inicio de las regresiones democráticas más fundamentales.

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