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Solicita CDH Morelos informe de riña en Atlacholoaya y traslados de reos

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Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 12 de noviembre.- El titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos, Raíl Israel Henández Cruz, declaró que solicitaron a las autoridades penitenciarias los informes para identificar a los grupos rivales al interior del penal de Atlacholoaya, pugna que cobró la vida de siete personas privadas de la libertad, así como las medidas que se tomarán para disuadir enfrentamientos futuros.
También requirieron informes sobre la determinación de reubicar a 31 internos presuntamente responsables de los desmanes en primera instancia a la cárcel de Jonacatepec, y ayer el traslado de 28 de ellos a los penales federales de Michoacán y Nayarit.
Requerimos la información para analizar las razones particulares que se tomaron en cuenta para identificar primero a estas personas, y luego tomar la determinación de su traslado, dijo.
Recordemos que también los internos tienen derechos y pueden pasar su reclusión cerca de sus familias o donde tenían su vida en sociedad, explicó, lo cual no es un derecho absoluto ya que puede ser vencido por el interés superior para no vulnerar la vida de los demás ni la suya propia al interior de los centros penitenciarios, aclaró.
“No nos quedamos con lo dicho por la autoridad por eso solicitamos la información y la documentación para analizarla y entonces pronunciarnos sobre la pertinencia, legalidad y regularidad con motivo de los hechos de finales de octubre”, sostuvo el ombudsperson.
Confirmó que se inició una queja de oficio por los hechos suscitados en el penal de Atlacholoaya para integrarla a un expediente de todas las irregularidades registradas en otro momento, en las que se da cuenta de un problema estructural en torno a las condiciones en las que personal administrativo y de custodia realizan sus labores, las cuales tienen que identificarse y señalarse para que las autoridades del sistema de Reinserción Social mejoren esas condiciones y se cumplan verdaderamente los objetivos.
El ombudsperson aseguró que se han hecho los señalamientos ante las posibles omisiones de los directivos y queda en la decisión de quienes hacen los nombramientos tomar resoluciones institucionales que involucren la toma de decisiones en una eventual remoción de otros funcionarios, además de los ya separados de sus cargos.
“Nosotros no sustituimos ni asumimos la responsabilidad de la autoridad pertinente, investigamos desde directivos del centro penitenciario, al coordinador de sistema penitenciario, al comisionado de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno así como a los enlaces responsables de articular las tareas de seguridad en los municipios”, finalizó.

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