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Presuntos intereses económicos detrás de rezago en caso contra juez

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Por Leticia Villaseñor
Xochitepec, Mor., 4 de noviembre.- Presuntos intereses económicos detrás de rezago en caso contra juez que atropelló y privó de la vida a un hombre, a finales de 2017, entreveró el abogado defensor del imputado, Miguel Ángel Rosete Flores.
Explicó que la aseguradora automovilística del juez Daniel “N”, ofreció una suma económica a los deudos de Pedro Portillo Herrera, quien perdió la vida el 16 de diciembre de 2017, sin que hasta el momento se le haya formulado imputación por homicidio culposo, ante lo cual la última pareja de la víctima acusó un presunto favoritismo en el caso contra el juez.
Sin embargo, el defensor del juez detalló que su cliente contaba con un seguro en el cual se estipula el monto, 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) -creada para sustituir el esquema de Veces Salario Mínimo-, que equivale a 80.60 pesos, y que en suma da un total de 403 mil pesos como reparación.
“Pero la última pareja de la víctima quiere 4 millones de pesos, lo que excede las cuestiones legales”, explicó Rosete Flores quien dejo en claro que su representado quiere que se haga justicia, sin admitir o negar su responsabilidad.
La mañana del 16 de diciembre de 2017, Pedro Portilla iba a bordo de una motocicleta cuando presuntamente fue embestido por el juez, quien conducía bajo los influjos del alcohol según se dio a conocer en su momento tras la detención del imputado.
Tras dos años, el Ministerio Público no había solicitado la formulación imputación lo que fue expuesto por Maykeler Viazcán López, última pareja de Pedro con quien procreó una hija que actualmente tiene 6 años de edad.
A decir del abogado del juez, la víctima recién había obtenido su divorcio, un día antes de su muerte. De dicha relación también se procreó a un hijo, quien apenas alcanzó la mayoría de edad, por lo que también tiene derecho a la reparación de daño, lo que presuntamente es la causa de conflicto entre ambas familias.

Evidencia jueza anomalías en caso
En días pasados, Maykeler Viazcán declaró ante medios de comunicación que la juez de la causa Nancy Aguilar Tóvar, tenía un presunto trato diferenciado entre el imputado y los familiares de la víctima.
Este día se realizaría finalmente la audiencia de formulación imputación por homicidio culposo donde estuvo presente tanto la viuda como el hijo mayor de la víctima, pero la jueza expuso ciertas anomalías en el caso tanto de la Fiscalía General de Estado como de la propia representación jurídica de la viuda.
Reveló que el abogado de Viazcán López solicitó un amparo para que la jueza estuviera impedida para conocer la causa bajo los argumentos de una supuesta relación de amistad entre Aguilar Tóvar y el juez imputado, no conducirse bajo el principio de imparcialidad, un trato desigual, ser integrante de la Asociación de Jueces, de la que ambos juzgadores ambos son miembros y finalmente porque la propia jueza se excusó de conocer la causa.
Pero Aguilar Tóvar detalló que la justicia federal la notificó como tercera interesada del caso que no encontró válidos los argumentos ofrecidos por el abogado de la viuda.
Además aclaró a ambos representantes legales y familiares que la Asociación de Jueces en una institución pública al igual que la lista de quienes la integran, y el hecho de que ambos juzgadores fueran miembros no los hace familiares.
La jueza fue clara en desconocer cualquier vínculo afectivo con el imputado, presente en la sala, incluso negó algún trato en el propio juzgado donde se efectuaba la audiencia.
A continuación recordó que el 22 de enero del año pasado, la defensa de la viuda presentó una queja por la omisión del Ministerio Público (MP) en el caso, que a un mes del hecho no había presentado la solicitud de formulación imputación.
Fue entonces que el juez Jesús Valencia Valencia conoció de la causa y estipuló que el 5 de febrero de ese año se realizaría una audiencia para sustentar la queja a la que no se presentó la viuda ni su representante.
Aunado a lo anterior, el juez Valencia Valencia fue ubicado en la zona oriente del estado y sus casos fueron reasignados al propio imputado Daniel “N” por lo que se excusó de la causa y entonces, por sistema aleatorio, éste fue asignado a la jueza Aguilar Tóvar el 23 de abril del presente año.
Para el 8 de mayo pasado, la juzgadora admitió la queja de la viuda al considerar excesivo el tiempo hasta ese momento para que el MP formulara imputación o no ejerciera acción jurídica, pero urgió a la Fiscalía a definir la situación jurídica a lo que dio un plazo de 30 días.
Una vez transcurrido el plazo, el 1 de julio, la defensa alegó la presunta falta de imparcialidad en la conducta de Aguilar Tóvar. La jueza no admitió los señalamientos pero a fin de despejar dudas, dijo, se excusó de la causa para que fuera designado uno nuevo pero la jueza de dicho proceso no aceptó los alegatos y llevó el tema a segunda instancia.
El 30 de octubre pasado se notifica que no ha lugar los alegatos y le notificaron que debe continuar en el caso por lo que el pasado 8 de noviembre requirió al MP formular imputación, cuya fecha de audiencia fue este día.
Pero ante la renuncia de la parte ofendida, la jueza dijo que “a pesar de la no suspensión y bajo la apariencia del buen derecho, no formularé la audiencia hasta que la justicia federal lo resuelva de manera definitiva”, tras lo cual reiteró que no por ello aceptaba ninguno de los señalamientos en su contra.
A pesar de que el hijo mayor de la víctima y su defensa no promovió amparo alguno, al ser el mismo caso no se puede proceder por separado.

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