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Opinión – La disputa por el aumento salarial

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Por Uzziel Becerra

A partir del primero de enero del 2020 el salario mínimo general pasará de 102.68 a 123.22 pesos, por disposición del gobierno y sindicatos patronales a través de las negociaciones realizadas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) en la que se aprobó aumentar 20 por ciento solo para quienes perciben como ingresos el mínimo; en la frontera norte del país se elevará 5 por ciento quedando de 176.72 a 185.56 pesos. Lo mismo ocurrirá para los salarios mínimos profesionales, incrementándose en 5 por ciento. Y aunque aparentemente el aumento parece benéfico para la población, también puede tener efectos adversos para la capacidad adquisitiva, la inflación y la capacidad económica de las pequeñas y medianas empresas.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que este aumento es el mayor incremento anual en términos reales desde hace 44 años en el país. De acuerdo con la información publicada por la misma STPS, dicha medida beneficiaría a 3.44 millones de trabajadores, y pondría fin a la caída del 73% del poder adquisitivo. El monto de aumento se determinó a partir del ingreso actual, la adición de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 14.67 pesos y un incremento porcentual del 5 por ciento.

Tras la presentación de dicho aumento, Alcalde defendió la medida argumentando que el aumento del 16 por ciento de este año no disparó la inflación sino que disminuyó a los niveles más bajos en los últimos cuatro años. Sin embargo, es importante recordar que mantener estable el nivel de la inflación es tarea del Banco de México y no es una labor gubernamental, puesto que el Banxico es un organismo constitucionalmente autónomo.

La política monetaria y parte de la política cambiaria son funciones del banco central mexicano, y en su último Reporte de Estabilidad Financiera señala que el sistema financiero mexicano se ha mantenido en una expansión moderada sin riesgos excesivos; el sistema bancario y financiero en su conjunto han mantenido una solvencia y liquidez adecuadas, a pesar de los repuntes en el Índice de Estrés de los Mercados Financieros, que lograron estabilizarse en el tercer trimestre del año, comprobándose que el país todavía tiene una capacidad financiera resiliente a su complejo entorno.

El Reporte en mención pone énfasis en cuatro riesgos macrofinancieros: 1) una desaceleración del crecimiento global importante, 2) la adopción de mayores medidas proteccionistas a nivel mundial y riesgos geopolíticos; 3) la volatilidad en los mercados financieros internacionales con recomposición de flujos hacia activos de menor riesgo; y 4) una menor inversión y menor crecimiento en la economía nacional. Los primeros tres puntos corresponden a la dinámica de las economías globales que enfrentan diversas crisis coyunturales, sin embargo, el último es

responsabilidad inmediata del gobierno mexicano, derivadas del establecimiento de la política fiscal y comercial, así como las condiciones de inversión.

En efecto, todos los pronósticos de crecimiento económico para el país fueron bajando, desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y agencias de inversión privada como Moody´s o los principales agentes bancarios del país, siendo los más optimistas del 0.3% y los más pesimistas pronosticando crecimiento negativo del -0.1%. Factores como los retiros de inversión y el bajo consumo privado ralentizaron la economía hasta llegar a pisar la recesión técnica. El pronóstico de PIB del propio Banxico para este año se ubica en un rango entre el 0.2 y -0.2 por ciento.

De esa forma, existe un problema con el aumento al salario mínimo puesto que, conforme a la teoría económica, si no hay correlación entre el crecimiento económico y el aumento del salario mínimo las consecuencias previsibles son el aumento generalizado de los precios, es decir, subirían los niveles de inflación. Al existir una brecha entre el salario y la productividad el escenario más previsible es el de los desequilibrios económicos.

Así lo sostiene la agencia Reuters, que prevé un sesgo expansivo en la política monetaria del Banxico por la inflación subyacente, y también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, al señalar en conferencia de prensa sobre el impacto que tendría el aumento del salario mínimo, pues sería en función del margen que tenga cada patrón o empresa para absorber dicho incremento, ya sea por la vía de los precios de bienes y servicios producidos, reflejándose en la inflación, o en la reestructuración de la planta laboral y de infraestructura, puesto que para pequeñas y medianas empresas representaría un riesgo por no tener las condiciones para sostener los salarios de sus trabajadores e insumos.

Por cuanto a la política fiscal, el último cambio es el establecimiento de las discrepancias fiscales a través de la emisión instantánea de facturas por compras a través de tarjetas de crédito y débito a través de la revisión de los montos. Si el precio de compra excede los ingresos declarados ante la autoridad hacendaria, ésta emitirá una multa por concepto de discrepancia fiscal, lo cual pone en riesgo la utilización de los mecanismos e instrumentos bancarios, la capacidad crediticia y la dinámica económica de un país como México, con estabilidad financiera y bancaria muy reciente. Por lo tanto, es una política fiscal agresiva para los contribuyentes, en el régimen fiscal que sea.

Sobre la política comercial, lo más relevante ha sido las negociaciones del T-MEC, que darán márgenes más amplios de certidumbre para la inversión extranjera directa y aumentarán el flujo comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo los conflictos por el proceso de negociación, en el que el gobierno excluyó al sector empresarial y sindicatos de patrones, aunado a la irresponsabilidad del subsecretario para América del Norte, encargado de la negociación trilateral

Jesús Seade, de no leer ni atender las adiciones al proyecto renegociado en la que Estados Unidos podrá revisar el cumplimiento de la normatividad laboral, dejaron una expectativa negativa sobre la aplicación del Tratado al iniciar su vigencia.

Asimismo, un asunto preocupante que vincula lo laboral con el aumento al salario mínimo es la baja en los niveles de empleos formales, puesto que INEGI ha registrado una tasa de desocupación del 3.6 por ciento de la población económicamente activa, y una tasa de informalidad laboral del 55.95 por ciento, circunstancia que implica que más de la mitad de los trabajadores en México están bajo esquemas laborales inseguros, lo cual agrava el escenario consecuencial del aumento salarial.

En palabras del IMEF, si se encarece artificialmente el factor trabajo con aumentos salariales por encima de la productividad, es probable que se generen efectos negativos sobre el empleo y el aumento de la informalidad. Asimismo, el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y de la población en general tiene que ser congruente con el crecimiento económico para que el Banxico siga cumpliendo su papel como guardián del valor del papel-moneda, puesto que ha respondido responsablemente a los movimientos económicos internos y externos, al recortar por cuarta ocasión la tasa de interés a 7.25 por ciento, con miras a quedar en 7, lo cual impulsa el consumo, el crédito y en general la economía.

En realidad no se puede pronosticar el crecimiento económico con certeza, puesto que la economía no es una ciencia exacta (a pesar de que su metodología sí puede acercársele) así que los escenarios futuros sobre las consecuencias del aumento salarial son siempre una probabilidad que puede cambiar su tendencia a través del tiempo y del conjunto de variables económicas internas y externas, pero no se debe perder de vista que lo relevante del poder adquisitivo, objetivo del aumento salarial, se encuentra en cuánto se puede comprar (capacidad de consumo) con el recurso financiero disponible por su costo, y no tanto en la cantidad del recurso por sí mismo, pues si los precios se elevan, podríamos consumir menos a pesar de percibir más recursos.

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