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NSABI: el conflicto político y el reto del coronavirus

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Por Uzziel Becerra

La transición de un modelo de salud pública-popular para los no afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social, que desde 2003 podían darse de alta en el Seguro Popular, hacia el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) impulsado por el gobierno federal ha sido problemática en el terreno de su aplicación inmediata y en la arena política. El nuevo Instituto cuenta con un presupuesto inicial de 72 mil millones de pesos, teniendo la responsabilidad de brindar la atención médica gratuita para más de 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social en el país, constituyéndose como una garantía para que el derecho a la salud sea ejercido por la población y sea satisfecha esa necesidad pública.

El diseño del INSABI permite que la atención de primer y segundo nivel sea ofrecida gratuitamente (atención-consulta médica general y hospitalización, cirugía o atención de urgencia respectivamente) mientras que la de tercer nivel (atención médica de alta especialidad) sí es ofrecida con cuotas de recuperación, comprometiéndose el presidente a que a finales de este año sería también gratuita. Asimismo, se habilitó un número telefónico dirigido a la Secretaría de la Función Pública para realizar denuncias en caso de que los servidores públicos de los diversos hospitales del INSABI cobren cuotas indebidas o no atiendan a los solicitantes.

El argumento principal para impulsar el cambio institucional del Seguro Popular al INSABI es la ineficiencia de su servicio y los amplios márgenes de corrupción en su interior, siendo incluyo acusada de ser la “caja chica” de muchas administraciones locales, por el ejercicio discrecional del presupuesto dedicado a atender el Seguro Popular en las entidades federativas. Aunado a la justificación de la autoridad, lo cierto es que el objetivo de la “4T”, de rediseñar las instituciones del Estado Mexicano con una nomenclatura que gire alrededor de las políticas sociales “para el bienestar”, avanza en favor del proyecto presidencial.

Sin embargo, el esfuerzo de construir medios y garantías para el ejercicio de derechos siempre será una labor deseable en toda gestión pública. Y es que el derecho a la salud es indudablemente un derecho humano contemplado en la Constitución en su artículo 4to. al señalar que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, así como en el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que establece “todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados”.

El problema de los rediseños institucionales es que (al menos parece ser una regla del gobierno lopezobradorista) no cuentan con estudios previos, de viabilidad programática, financiera, presupuestal o de impacto transicional, es decir, no guardan la lógica de ser políticas públicas sino ejercicios de autoridad a base de

modificaciones con fines o aspiraciones generales, empero cuyos medios y procedimientos para ser eficaces se van construyendo en el camino y, en el peor de los casos, incurriendo en improvisación. Lo arriesgado es que, en cuanto a salud se refiere, la improvisación y la falta de una planeación adecuada puede ser mortal para la población.

Precisamente la resistencia al cambio del modelo de salud por los gobiernos y partidos opositores se generó por la falta de las reglas de operación del INSABI, el cobro de cuotas para la atención médica que imposibilitó temporalmente a los usuarios para atenderse, la falta de medicamentos, entre otros aspectos de carácter jurídico-institucional como las disposiciones que dieron vida al INSABI que ofrece poca certeza en sus procedimientos, sin haber valoraciones presupuestarias que permitieran asegurar sostenibilidad financiera para el ofrecimiento de la atención médica, así como la ausencia de indicadores en la materia. Sin embargo, toca al Ejecutivo Federal expedir el reglamento para hacer funcional el modelo INSABI.

Todo parece indicar que la oposición al gobierno federal ha encontrado en el conflicto por la salud pública un tema del cual apropiarse para proponer y negociar, tomando relevancia en el debate público. Los gobernadores panistas y sus dirigentes a través de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional presentaron este lunes una propuesta alterna al INSABI que sería dada a conocer al presidente López Obrador, la cual consta de proponer la firma de un convenio de colaboración, establecer una mesa técnica con representantes de entidades y la federación, acordar mecanismos de financiamiento para asegurar los servicios de salud, concluir proyectos de infraestructura sanitaria en todo el país, seguir con atención en sus estados gratuita, eficiente, en primer y segundo nivel, transparentar y definir el destino de 40 millones de pesos que tenía el seguro popular.

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, estableció la postura final al afirmar que ninguno de los gobernadores de su partido ha firmado el pacto de conformidad para la implementación del INSABI en sus respectivas entidades, defendiendo al Seguro Popular, aseverando que contaba con servicios de calidad, gratuidad y gran cobertura para atender a la ciudadanía. Dicho posicionamiento guarda la lógica de defender las instituciones que el PAN constituyó desde que logró la asunción del poder en el 2000 con Vicente Fox (quien le dio vida al Seguro Popular en 2003) y en 2006 con Felipe Calderón, quienes afianzaron dicho modelo de salud pública en el país, con indicadores medianamente satisfactorios.

Finalmente, López Obrador otorgó públicamente un plazo que concluye hasta el 31 de enero para que los gobernadores decidan firmar su adhesión al Plan Nacional de Salud que encabeza el gobierno federal, con la salvedad de respetar el presupuesto destinado al extinto Seguro Popular para distribuirlo en las entidades federativas y ofrecer la vía del IMSS-Bienestar. Con información de Político.mx, a la fecha 18 estados de la república han aceptado la instauración del INSABI, mientras que 19 entidades, en su mayoría gobernador por el PRI y PAN, se han negado a

confirmar su adhesión. Y mientras el conflicto por el control y gestión de la salud pública sigue en el terreno de la negociación política, la prensa internacional ha dado a conocer un riesgo latente que podría desencadenar una epidemia en Asia, es decir, el contagio de una enfermedad que se extiende a un gran número de población en un lugar determinado.

En la ciudad de Wuhan en China se ha desarrollado un nuevo coronavirus, una familia de virus que evolucionan y desarrollan la capacidad de transmitirse de animales a humanos y, de esa forma, propagarse entre las personas de forma similar al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS). En China se han registrado más de 400 casos confirmados de personas afectadas y 17 fallecidos. En Japón, Estados Unidos y Corea del Sur existe un caso confirmado de esta enfermedad viral; dos en Tailandia. El presidente López Obrador en conferencia de prensa mañanera descartó dos casos de la presencia del virus en México, sin embargo, se tenía en observación a un profesor investigador del IPN adscrito al Centro de Biotecnología Genómica de Reynosa, Tamaulipas por haber viajado a China entre diciembre y enero, presentando los síntomas típicos de una enfermedad respiratoria y que coincide con la infección viral, como dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, estornudos, dolor muscular y malestar general. Sin embargo, esta mañana fue descartado gracias a los resultado de sus análisis, así lo informó la Secretaria de Salud de Tamaulipas.

Si el primer caso de posible contagio del coronavirus en Tamaulipas hubiese sido corroborado y el virus se propagara en las diversas regiones del país, la Constitución establece en su artículo 73 fracción XVI que dependerá directamente del Presidente de la República a través del Consejo de Salubridad General lo relacionado con las estrategias de salud pública, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Asimismo, y en el caso particular de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para su contención y atención, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. De esa forma, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones deberán ser obedecidas por todas las autoridades administrativas del País.

Es decir, si el coronavirus lograse entrar en territorio mexicano, dependería exclusivamente del presidente López Obrador su contención para que dicho virus no tomara la vida de los mexicanos. Este sería un enorme reto para el nuevo modelo de salud pública, el INSABI tendría la responsabilidad de atender a los enfermos de un virus cuyo origen y cura siguen siendo desconocidas por el mundo.

La Organización Mundial de la Salud ha convocado a una reunión urgente en Ginebra para evaluar los riesgos y las medidas a adoptar por los países afectados,

así como para determinar la activación de protocolos para una emergencia internacional. Esperemos que México participe en el escenario internacional de forma activa y permita la colaboración de los investigadores y epidemiólogos nacionales para fortalecer y prevenir escenarios de contingencia.

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.

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