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De víctimas a traidores: Marcha por la Verdad, Justicia y Paz

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Por: Uzziel Becerra

Hace nueve años la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, motivó el inicio de la Marcha por la Paz, buscando un encuentro con el entonces presidente Felipe Calderón, en calidad de víctimas de la violencia que fue desatada en la “guerra contra el narco”, misma estrategia que ha prevalecido durante dos sexenios y que en nuestros días ha generado que el 2019 fuera el año más violento de la historia moderna del país, con más de 30 mil personas asesinadas, entre ellos, tres mujeres y seis menores de edad de la familia LeBarón. Aunado al sufrimiento de las víctimas, las autoridades hoy son omisas ante el clamor de la ciudadanía y se rehúsa a asumir la responsabilidad pública de atender a quienes han sufrido la pérdida y desaparición de sus familiares, al punto de propiciar su mitigación, descalificando sus causas, llamándolos traidores y atentando contra la dignidad humana de las víctimas.

El jueves pasado se llevó a cabo la “Marcha por la Verdad, Justicia y Paz” convocada por Javier Sicilia y Julián LeBarón, misma que inició, como en el 2011, en la Paloma de la Paz de Cuernavaca, Morelos para concluir el día domingo en la Ciudad de México, buscando una audiencia con el Presidente de la República, mismo que en conferencia de prensa ya rechazaba dicha posibilidad, calificándola como “un show” del que no quería formar parte. Fue así que un contingente de al menos 300 personas de diversas regiones del país, que incluyó a familiares de personas desaparecidas y a miembros de la familia LeBarón, víctimas de la tragedia del asesinato de sus integrantes en el norte del país y que hasta el día de hoy no han podido encontrar justicia, comenzaron su caminata hacia la Ciudad de México.

Entre las voces de los manifestantes se escuchaba el dolor, la desesperación y la denuncia de una estrategia de seguridad pública que no ha tenido éxito en ningún sentido. Sicilia aprovechó para denunciar en un mensaje a la prensa la red de complicidad político-económica que ha protegido al crimen organizado, cooptando a las instituciones de justicia, pagando el precio con la sangre de las personas asesinadas por la delincuencia. Entre los nombres que señaló destacaron el de Genaro García Luna, Javier Duarte, Emilio Lozoya, el Chapo Guzmán y a quienes que participaron de la Estafa Maestra.

Debemos recordar que en el nuevo sistema de justicia penal las víctimas tienen un papel relevante en cuanto a tutela de derechos y reconocimiento de diversas facultades a lo largo del proceso. Nuestro texto constitucional en su artículo 16 establece que los Poderes Judiciales deben garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos. El artículo 20, apartado C, establece los derechos de la víctima u ofendido, los cuales incluyen el recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la comisión del delito de atenciones médica y psicológica de urgencia; la reparación del daño, el resguardo de su identidad y la garantía de protección como víctimas u ofendidos en todo el proceso penal.

Aunado a ello, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales amplía los derechos de la víctima incluyendo ser informados de todos sus derechos como víctimas, que el Ministerio Público y órganos jurisdiccionales les faciliten el acceso a la justicia, a ser informado del desarrollo del procedimiento penal o de la investigación, a intervenir en todo el proceso, a solicitar la realización de diversos actos de investigación, a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, a recibir un trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben derechos y libertades, a ser tratado con respeto y dignidad; y lo más relevante, desde 2013 está vigente la Ley Nacional de Víctimas. Sin embargo, la realidad refleja en muchas ocasiones lo contrario.

En 2011 la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad (que incluso contó con el respaldo de López Obrador) logró que el entonces presidente Calderón los recibiera y celebraran un “dialogo por la paz”, en el Castillo de Chapultepec, en el que pudieron desahogar sus peticiones a la autoridad pública. Sin embargo, en 2020 no ha sido posible conseguir los mismos resultados, pese a que el hoy Presidente fuera un importante impulsor de los movimientos sociales que buscaban la garantía de derechos humanos. Lejos de atender a las víctimas de la violencia, descalificó el movimiento a través de los medios y se negó rotundamente a recibirles. López Obrador no ha entendido que, cuando se trata del respeto por la dignidad humana, no hay partidos ni posiciones políticas que justifiquen la omisión de la autoridad en un régimen democrático. Contrario a ello, en un régimen autoritario la autoridad pública puede rechazar y descalificar la movilización social legítima, incluso a través de la fuerza.

Las peticiones de la Marcha por la Paz tuvieron como eje central solicitar al presidente López Obrador que se retome la agenda de la justicia transicional que tiene cuatro pilares fundamentales: la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación del daño y la garantía de no repetición, así como la atención integral de todas las víctimas de la violencia y violaciones de derechos humanos. Dicha agenda fue una promesa de campaña del presidente que se comprometió a realizar una vez llegando al poder. Durante el recorrido, Sicilia pidió públicamente al presidente que abrazara el dolor de las familias víctimas de la violencia, por ser una realidad que exige la solidaridad y atención de las autoridades públicas. “Que entienda que no estamos contra él y no somos un show, esta es la realidad del país y la investidura no debe corromperse, AMLO debe salir de la investidura presidencial a abrazar este dolor y construir con la gente de este país una política de Estado que nos merecemos en términos de verdad y justicia; una política de Estado bien armada que nos conduzca a la paz”, expresó.

El domingo 26 de enero, mientras el contingente encabezado por Sicilia, que ya juntaba alrededor de 500 personas, caminaba por el Zócalo capitalino rumbo a Palacio Nacional, encontraron un mitin de personas simpatizantes de Morena y del presidente Andrés Manuel, cuyo objetivo fue mitigar el avance de la Marcha por la Paz. Entre gritos, amenazas, insultos y descalificaciones, los simpatizantes buscaron provocar a las víctimas y acallar sus voces, desconociendo la importancia social de su movimiento. Por la naturaleza del acto, podríamos suponer que fueron estratégicamente designados en ese lugar para proteger los intereses del poder público, sin embargo, resultaría más preocupante que en realidad fueran ciudadanos actuando de forma autónoma, puesto que demostraría que la semilla del autoritarismo ha sido sembrada con éxito en la población, a favor de un pensamiento y liderazgo único, absolutamente contrario a los valores que en una democracia liberal deben prevalecer: el pluralismo, la garantía de las libertades, la posibilidad de anunciar en público las diferentes preferencias políticas y la crítica al gobierno, entre otros.

La respuesta del contingente ante la provocación fue guardar silencio y alzar el puño izquierdo en alto, como muestra de que el movimiento busca la paz y la unión social en favor de las víctimas de la violencia. Lamentablemente, los intereses del poder en turno han nublado el juicio de distintos sectores de la población, justificando y legitimando las acciones de un gobierno que ha sido negligente y poco eficiente para asegurar condiciones mínimas de seguridad para los ciudadanos. No debe olvidarse que en realidad los movimientos sociales que centran su atención en la exigencia de justicia y paz, ayudan a visibilizar el fenómeno de la inseguridad en sus múltiples dimensiones, contrarrestando la intención de la autoridad pública de maquillar y normalizar las cifras sobre desaparecidos, homicidios, entre otros.

Es cierto, no es lo mismo ser candidato que ser gobernante. En la búsqueda del poder los compromisos y promesas abundan, sin necesidad de ser corroboradas a la luz de las posibilidades reales. El ejercicio del poder es mucho más complejo, pero al menos en esta ocasión se tenía la esperanza de que, como se construyó en la narrativa, el presidente López Obrador sí estuviera del lado de las víctimas de los desaparecidos y de las familias de los miles de asesinados, buscando gradualmente la implementación de una agenda garantista y procurando justicia para aquellos que él mismo respaldó a través de los años y que le apoyaron en la construcción de una narrativa que pudiera visibilizar a las víctimas. Como siempre, la traición y la frustración de expectativas vienen desde la silla del águila, desde el poder público. Si ni siquiera el presidente puede tratar con dignidad a las víctimas de la violencia, no esperemos demasiado del resto de la administración pública en turno.

 

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.

 

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