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Cuando las autoridades se esconden

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Uzziel Becerra*

La declaración del Alcalde de Cuernavaca, Morelos, informando ante la prensa que se ausentaría de las actividades públicas por razones de seguridad personal puso en jaque a los habitantes de la ciudad, quienes no tardaron en manifestar su descontento y frustración por la decisión del Edil, bajo el argumento de que, si las autoridades se esconden a consecuencia de la violencia y la inseguridad, ¿qué puede esperar la población? En el fondo, la declaración evidencia que las condiciones de seguridad son ínfimas, superando las capacidades del gobierno local, aunado a la crisis de seguridad estatal y federal que corre con la misma suerte.

Desde sus inicios, la administración del Edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, mejor conocido como “Lobito”, se encontró en conflicto por la vertiente político-electoral, puesto que su asunción como representante popular no fue en estricto sentido por las urnas, sino por la vía jurisdiccional. La entonces coalición de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, por el fenómeno y estrategia de la votación en cascada que se desarrolló en torno a la contienda por la Presidencia de la República, logró que los ciudadanos de Cuernavaca votaran mayoritariamente por dicha coalición, a pesar de no haber candidato titular para la Presidencia Municipal.

Al aclararse el conflicto sobre quién debería de ser nombrado Alcalde, Villalobos, siendo candidato suplente, tomó posesión como Presidente Municipal de Cuernavaca, lo que trajo consigo desconfianza por la poca cercanía hacia los ciudadanos, ya que no hubo una campaña electoral que sirviera como vía para posicionar una plataforma política ni una visión clara de gestión pública municipal. Desde entonces pareciera que el gobierno local no ha dejado de ser reaccionario, basando sus decisiones en torno a la improvisación.

La correlación de fuerzas políticas al interior de la coalición Morena-PT-PES, tras concluir el periodo electoral y debido a su desarrollo, comenzó a fraccionarse y a repelerse de forma recíproca. El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Presidente Municipal, Villalobos, se reconocieron como contrarios, lo cual obstaculizó la coordinación y los márgenes de negociación política entre el Estado y el Municipio que requiere el federalismo mexicano para funcionar con idoneidad. Lo anterior a pesar de que Blanco fuera el anterior Alcalde de la ciudad y que conociera de los conflictos latentes en la capital.

Y es que la seguridad pública no es el único problema en Cuernavaca. La población se ha visto obligada a tomar las calles en innumerables ocasiones para exigir a la administración municipal que cumplan con sus obligaciones constitucionales, puesto que los servicios públicos como la distribución de agua potable, la recolección de basura, el alumbrado público, entre otros, son en estricto sentido responsabilidad del Ayuntamiento. Es decir, una de las reglas no escritas de la gestión municipal en Cuernavaca implica que, si los ciudadanos no toman las principales vías de comunicación, la autoridad hará caso omiso a sus exigencias. En tales circunstancias, y por la falta de un diseño geoespacial acorde al avance urbanístico, el entorpecimiento del tránsito local en una sola vía provoca que la ciudad se paralice casi por completo, teniendo impacto en el comercio, el turismo y en la regularidad de las actividades productivas municipales y estatales, pues se trata de la capital del Estado de Morelos.

De esa forma, la diversidad de conflictos políticos, sociales, económicos y de seguridad salen a flote gracias a la pobreza (en términos de eficiencia y eficacia) de la gestión municipal. Las autoridades locales lamentablemente caen en una narrativa falaz, que afirma ante la prensa sobre el trabajo que se realiza en distintas reuniones, sesiones de cabildo o decisiones ejecutivas en atención a problemas como la violencia y la inseguridad. Es falaz porque, en el ámbito público, no se puede argumentar la existencia de trabajo sin evidencia que pueda respaldarlo. En efecto, la evidencia en los tres órdenes de gobierno demuestra lo contrario: no hay resultados en materia de seguridad.

El Alcalde señaló que el origen de las amenazas recientes se debe a los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, puesto que en meses anteriores se dieron de baja a varios elementos por estar involucrados en actos de corrupción, buscando limpiar la corporación policial. Posteriormente, se registró una “fuga de información” y desde ese momento ha recibido amenazas que atentan contra su integridad física. Aunado a ello, denunció que la Comisión Estatal de Seguridad contrató a los elementos cesados por la autoridad municipal, propiciando un contexto conflictivo para las autoridades de seguridad estatal y municipal. La muerte de Juan David Juárez en diciembre del año pasado, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, fue una señal de que existía un conflicto que comenzaba a salirse de control.

No es la primera ocasión que el Edil denuncia amenazas en su contra. En octubre del 2018 un grupo de sujetos armados dispararon en su domicilio, y en junio del 2019 abandonó una sesión de Cabildo que presidía, argumentando que había recibido amenazas, afirmando incluso que pusieron precio a su vida. Cabe mencionar que una manta colgada sobre Boulevard Cuauhnáhuac lo vincularía entonces en supuestas negociaciones con la delincuencia organizada.

Por otro lado, la lectura entre líneas de las declaraciones recientes, tanto del Alcalde como del Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, nos proporciona un marco de interpretación en torno al fenómeno de la inseguridad local. En el primer caso, la desatención y sumisión al crimen del gobierno municipal, al declarar que se retiraría del escenario público “unos días”…“por temas de protección” y hasta que no tenga nuevamente un sistema de protección; en el segundo, la excusa competencial del gobierno estatal y la falta de coordinación en la materia, evitando la responsabilidad pública de atender un acontecimiento violento, al plantear la declinatoria de competencia en el caso del enfrentamiento entre agentes federales y la delincuencia organizada, remitiendo la investigación a la Fiscalía General de la República, señalando que desconocían las operaciones de los elementos de la Policía Federal Ministerial involucrados, planteando que la delincuencia organizada “no es competencia de la Fiscalía en Morelos”.

Villalobos se vio obligado por la presión social a comparecer en un acto público el sábado pasado, en las instalaciones de la Veinticuatroava Zona Militar de Morelos, lo cual evidencia que el auxilio de la milicia mexicana para el municipio es inminente, a pesar del respaldo previo de la Guardia Nacional a petición del Gobernador al presidente López Obrador. Sin embargo, lejos de que el ejército represente seguridad para los morelenses, llega el recuerdo del brote violento que se gestó tras la muerte del conocido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, marcado como uno de los acontecimientos que provocaron el repunte de la violencia y la inseguridad en la entidad en las administraciones pasadas.

En suma, cuando la autoridad se esconde, el mensaje para los ciudadanos es desalentador y preocupante; si de algo podemos estar seguros es que existe un riesgo latente ante la violencia y el crimen en cualquiera de sus manifestaciones. Aquella ciudad de la “eterna primavera”, conocida no solo por su clima templado y estable, sino por ser agradable y segura para sus habitantes, hoy solo queda en un lejano y nostálgico recuerdo del que no hallaremos pronto retorno.

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.

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