Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 5 de septiembre.- Autoridades de gobierno estatal se reunieron con una comisión del Frente Feminista de Morelos (FEM), para atender la demanda de atención a la violencia de género que se vive en la entidad. Al encuentro asistieron el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el jefe de la Oficina de la Gubernatura José Manuel Sanz y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, atendieron a la comisión.
Como parte sustancial del acuerdo fue incorporar al FEM a la construcción del plan del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos (Sepase), y generar mesas de trabajo para sumar al diálogo a la Fiscalía Estatal y el Tribunal Superior de Justicia.
“La reunión se llevó a cabo de forma respetuosa y constructiva, vinieron con un ánimo de construir, no de confrontar, lo cual se agradece para lograr los acuerdos y frenar la violencia contra las mujeres”, dijo Ojeda Cárdenas.
Micaela Bocanegra, vocera del Frente, aclaró que la organización “no ‘arrastrará el lápiz’ sino que constatará que el plan intersexenal tenga una efectiva perspectiva de género”.
La activista festejó que el Gobernador dejará “la puerta abierta” al diálogo con las 11 organizaciones que integran el Frente y otras que no quisieron adherirse “con la tarea de que reflexione sobre el entorno de violencia de género que persiste en la entidad”.
Crece incidencia feminicida
Por su parte la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) Morelos expuso que la violencia feminicida aumentó en comparación con el año pasado, y 2019 se perfila como el más violento en los últimos 19 años con un incremento del 51% en casos de muertes violentas de mujeres. La organización dice que documentó 65 casos.
En términos oficiales, las fichas de levantamiento de cuerpos de mujeres registran 78 asesinatos en el presente año. La cifra, expuso Ojeda Cárdenas, es posible que refleje el repunte de la incidencia feminicida pero no corresponde a la magnitud expuesta por la CIDH.
Depende cómo se determine el número de feminicidios, apuntó, porque el gobierno mide conforme a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas estadísticas al cierre de agosto arrojó 24 feminicidios oficialmente declarados por la Fiscalía General del Estado, y que en el mismo periodo del año pasado fueron 16 casos.
Retrasan informes
Por otra parte la CIDH denunció que el Ejecutivo estatal no entregó el informe correspondiente al cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pero el Secretario de Gobierno afirmó que sólo se trata de un retraso.
Paloma Estrada Muñoz, integrante de la comisión promotora de la AVG, expuso que el pasado 10 de agosto el Ejecutivo debió entregar el informe relativo al cumplimiento de las 15 recomendaciones de la medida emergente, decretada en ocho municipios de Morelos, pero por primera vez esto no se cumplió.
La organización habló sobre los informes que entregaron los municipios y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por lo que dijo que solicitará al Congreso local una reforma al Código Penal para que se sancione la omisión de los entes responsables y les finquen responsabilidades.
Al respecto, el secretario de gobierno Pablo Ojeda explicó que el informe del año pasado “lo elabora el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) y se tiene que entregar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)”. Dijo que el retraso se debió al cambió la metodología porque los anteriores no contaban con información tangible.
Simulan entregar informes
Pero Paloma Estrada, integrante de la CIDH, lamentó la omisión de las instituciones, entre ellas la Fiscalía del estado la cual debe rendir un informe anual sobre las carpetas de investigación de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.
La Fiscalía, explicó Paloma, debe transparentar las causas de las reclasificaciones de los feminicidios a homicidios, el estatus que guardan las carpetas, el número de personas procesadas, sentenciadas e incluso si hubo impugnaciones; cuántas se admitieron, cuántas personas imputadas fueron puestas en libertad y las causas, pero en los cuatro años de la Alerta de Violencia de Género no han rendido nada, acusó.
También comentó en torno al inexistente Banco Estatal de Datos a pesar que en 2017 la Fiscalía recibió recursos para ello, pero se desconoce el destino de los recursos.
Asimismo reveló que de los ocho municipios con la medida emergente, sólo Xochitepec y Puente de Ixtla pudieron comprobar tres y dos acciones concretas, respectivamente, en cuanto a las acciones a cumplir.
Cuautla no entregó ningún informe y a pesar de que Cuernavaca y Yautepec hicieron lo propio, ninguna de las dos localidades pudo comprobarlas por lo que a juicio de la organización, su trabajo fue nulo. “Ambas autoridades municipales sólo entregaron dos o tres hojitas sin ningún documento de prueba que sustentara sus acciones”, señaló.