Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 11 de septiembre.- La publicación del decreto por el que se deja sin efectos el nombramiento por 20 años de los magistrados causó estragos en el Poder Judicial, cuyo inmueble “sufrió” dos amenazas de bomba ante la intentona de nueve magistrados por nombrar al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia y de paso desconocer a la actual presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López.
Sobre el decreto, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Samuel Sotelo Salgado afirmó que la decisión de publicar el mandato se debe a la división que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Recordó que un par de meses atrás el Ejecutivo envió las observaciones al Legislativo para publicar el decreto, pero también el Congreso enfrenta una crisis interna y los diputados no lograron atender las observaciones, por lo que el Gobierno del Estado retiró las observaciones y publicó el decreto que entró en vigencia hoy.
Con esa disposición gubernamental, explicó Sotelo Salgado, Cuevas López dejó de ser magistrada al cumplirse su periodo en julio pasado y por ende debe abandonar la presidencia del Poder Judicial.
Esa interpretación también fue compartida por nueve magistrados, el ala opositora a Cuevas López, y en rueda de prensa anunciaron que por la tarde convocarían al Pleno de magistrados para nombrar al sucesor de Cuevas López.
Al trascender el anuncio el TSJ recibió una llamada de emergencia por una presunta amenaza de bomba y el edificio fue desalojado sin que los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Nadia Luz Lara Chávez, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Rocío Bahena Ortiz, Bertha Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas, Jorge Gamboa Olea, Norberto Calderón Ocampo y Ángel Garduño hicieran caso por considerarla “una estrategia burda de la expresidente de impedir la sesión”.
Al lugar acudió Protección Civil y luego de una hora de “búsqueda exhaustiva” no encontraron ningún artefacto explosivo, por lo que al dar las 13:00 horas los magistrados se reunieron en el pleno.
De nueva cuenta los números de emergencia fueron alertados por otra presunta bomba, sin que los magistrados enlistados dejaran el recinto a pesar de la llamada de alerta.
El grupo afín a Cuevas López no atendió el llamado de sus homólogos y ante la falta de quórum, la sesión se redujo sólo a una reunión de trabajo, declaró el magistrado Hipólito Prieto.
El magistrado Arenas Ángeles propuso instalar el Pleno con los nueve magistrados asistentes pero para hacer legales los acuerdos deben estar presentes al menos 11 de los 17 magistrados y tener una votación uniforme de esos 11 votos.
“No es posible que una persona que ya fue cesada se aferre de tal forma al cargo, y haya influido para que algunos magistrados se negaran a acudir al llamado”, manifestó Hipólito Prieto y exhortó a los ausentes a dejar de lado sus intereses personales sobre los de la institución.
Finalmente los magistrados acordaron que será hasta mañana, a las 14:00 horas que de nueva cuenta se convoque a sesionar.
“No dejaré el cargo”: Cuevas López
Desde el martes, luego de trascender la publicación del decreto, la magistrada presidente María del Carmen Cuevas López afirmó que no dejará el cargo.
El decreto 427 fue expedido por la LIV Legislatura y dejó sin efectos el decreto 2610 emitido por la legislatura anterior en el que se modificaron los periodos de designación de los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa.
Antes de la ampliación a 20 años, todos los magistrados eran nombrados para un periodo de seis años y posteriormente ratificados por otro de ocho años para sumar 14, pero la LIII decidió extender su cargo por seis años más hasta sumar un total de 20 años.
Cuevas López aseguró que el acuerdo no es procedente para quitarle su permanencia, pero entreveró que buscará el amparo de la federación para lograr una suspensión, la cual no había sido notificada hasta la hora de la reunión del grupo que busca su sucesión. La magistrada lamentó la publicación del decreto, y dijo desconocer las intenciones del Poder Ejecutivo.
Niega gobernador confrontación con Poder Judicial
Al mediodía, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo respondió a la pregunta de la magistrada y rechazó cualquier confrontación con el Poder Judicial tras la publicación del decreto.
Fue un acto jurídico, dijo, impulsado por el Congreso del estado ante un exceso cometido en la Legislatura anterior y el exgobernador Graco Ramírez, como “pago” para promover los juicios políticos en su contra y destituirlo como alcalde y con ello evitar que llegara a la gubernatura de Morelos.
El titular del Ejecutivo aseveró que hoy es necesario trabajar en armonía con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local, para sacar adelante los asuntos de la entidad.