Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 4 de octubre.- Alfonso Miranda Gallegos obtuvo un amparo por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, pero continúa el proceso por secuestro.
Lo anterior fue dado a conocer por su abogado Cristian Fragoso Velázquez, quien refirió que el exalcalde de Amacuzac y quien ganó el año pasado las elecciones, de nueva cuenta aún estando en el Cefereso de Durango, podría incluso salir en libertad y reclamar sus derechos político-electorales, suspendidos desde julio del año pasado.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito amparó a Miranda Gallegos, para el efecto de que el tribunal unitario descarte los delitos contra la salud y delincuencia organizada, ante la falta de elementos probatorios en su contra, y revise si hay indicios que lo impliquen en el presunto delito de secuestro.
Al resolver el amparo en revisión 105/2019, el Tribunal Colegiado desestimó los testimonios aportados por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) para imputar a Miranda Gallegos los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por considerar que no hay elementos adicionales que sustenten las declaraciones de los testigos.
Sin embargo, la resolución no incluyó la imputación de su presunta implicación en el secuestro de un líder ganadero de la zona sur, quien fue localizado sin vida en junio de 2013. De acuerdo con testigos e incluso familiares de la víctima, el plagio fue ordenado por el exdiputado petista y tío del líder criminal de “Los Rojos”, Santiago Mazarí “El Carrete”.
La resolución se da a conocer dos días después que el cabildo de Amacuzac nombró al suplente de Miranda Gallegos, Ramiro Iturbe Parra, como edil de la localidad, proceso atestiguado por el propio secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, luego de 10 meses de iniciado el actual trienio.
De desestimarse también la acusación por secuestro, Alfonso Miranda podría quedar en libertad y reclamar el puesto para el cual fue electo, al no haber sentencia en su contra, tras 17 meses recluido en Centro Federal de Readaptación Social 14.
Cuestionado sobre el tema, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dijo desconocer el tema y pidió oportunidad de consultarlo con la Consejería Jurídica del gobierno del estado.
