Por Antonella Ladino
Cuernavaca, Mor., 19 de enero.- El plazo para que los 33 municipios morelenses aprueben o no la ampliación del periodo a los magistrados, está próximo a vencer. El ayuntamiento capitalino se fue por la afirmativa ficta, es decir la aceptación en automático de la reforma.
El alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, convocó a tres sesiones extraordinarias de cabildo para votar ese tema, pero la mayoría de los regidores justificaron su inasistencia y al no alcanzar el quórum las sesiones fueron suspendidas. La última se realizó esta mañana.
El miércoles, Blanco, acusó que los presidentes municipales fueron amenazados para aprobar la propuesta del Congreso local, por eso hizo un llamado a los integrantes del Cabildo y pidió trabajar por Cuernavaca.
Guillermo Arroyo Cruz, secretario del ayuntamiento, aseguró que el cabildo capitalino no alcanzó a integrarse para sesionar en las tres ocasiones que fueron convocados por lo que operará, por Ley, la afirmativa ficta, porque nueve de los 15 regidores y la síndico municipal, Denisse Arizmendi Villegas, eludieron su responsabilidad frente a la ciudadanía.
“Lamentamos que Cuernavaca haya tenido que enviar al Congreso del estado una sesión en la que sin el quórum legal opere la afirmativa ficta”, expresó Arroyo Cruz.
El secretario del ayuntamiento consideró que fue una estrategia de los concejales para faltar a los Cabildos y así “beneficiar intereses personales”, y con ello desestabilizar el municipio porque detienen el trabajo del Cabildo, aunque el trabajo de la presidencia municipal continúa su curso de manera normal, dijo.
Ante esa omisión de trabajo frente a la ciudadanía, Arroyo Cruz, manifestó que en algún momento podrían llamar a los suplentes de los regidores por la falta de compromiso social y político, y también se aplicará algún descuento de su dieta por no haberse presentado a trabajar, advirtió.
Hasta el momento, sólo los Cabildos de Xochitepec, Zacatepec y Yecapixtla emitieron su voto en sentido negativo a la reforma constitucional que permite la permanencia por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial, aprobada por el Congreso local el 15 de diciembre pasado.