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Aprueba Congreso sistema anticorrupción

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Por la Redacción

CUERNAVACA, Mor., 01 de julio.- El Congreso aprobó este día la creación del Sistema Estatal Anticorrupción en el que participarán los distintos órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, para mejorar de manera continua el desempeño de la administración gubernamental y con ello alcanzar mejores estándares de buen gobierno.

Con ello podrá emitir recomendaciones a las autoridades para que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Con 25 votos a favor y uno en contra, el Pleno aprobó el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución local en materia de Combate a la Corrupción y de Transparencia.

El dictamen, que fue votado como de urgente y obvia resolución, se desprende de la iniciativa presentada por los diputados Lucía Meza Guzmán y Javier Bolaños Aguilar, y plantea la ampliación de tres a siete años de la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de un periodo más extenso para hacer efectivas actuaciones de fiscalización.

Comprende la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la figura del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, el cual será parte integrante del sistema estatal anticorrupción.

También se transforma el actual Tribunal de Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa, dotándole de plena competencia para imponer las sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción, además de que deja de estar adscrito al Tribunal Superior de Justicia, adquiriendo plena autonomía, y cambia su conformación de tres magistrados a cinco.

Se dota a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de la facultad de solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión de los Entes sujetos a Fiscalización.

Se crea la facultad del Congreso del Estado para la designación de los Titulares de los Órganos de Control Interno de los organismos reconocidos como constitucionalmente autónomos en la Constitución Estatal.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado (IMIPE), establece una transformación en la denominación de sus integrantes, pasando ahora de ser consejeros a comisionados y estableciendo una temporalidad de siete años en su encargo, sin posibilidad de reelección.

Destacan las facultades de atracción que se le otorgan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), para conocer de los asuntos del IMIPE, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Y se crea un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco miembros, los cuales serán designados por el Congreso del Estado, con la finalidad fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.

Voz disidente

El diputado Carlos de la Rosa Segura fijó su postura en contra del citado dictamen, al señalar que es un cumulo de reformas que requieren de un análisis minucioso para ser congruentes con lo que el Estado les dicta como legisladores.

Sin probidad ni honradez, al aprobar  reformas constitucionales que permitirá el reparto político de cargos públicos, afirmó el diputado  Carlos de la Rosa Segura.

Momentos antes de someterse  a votación las modificaciones para la creación  de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, el legislador evidencio que la aprobación sería al “vapor”, ya que los legisladores desconocían el contenido de los dictámenes legislativos.

“Votamos una Ley de Transparencia como un botín político, yo no veo la necesidad de aprobarlo. Si aún tenemos el tiempo y el plazo suficiente para analizarlo; precisó que “lo que se pretende es repartir cargos de funcionarios de instancias que ni siquiera entrarán en vigor por la falta de Ley Orgánica y Reglamentos”.

Finalmente, por votación nominal, fue aprobado el dictamen, mismo que será remitido a los 33 Ayuntamientos para efecto de los artículos 147 y 148 de la Constitución local.

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