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Acusan mala investigación en caso “Marlene”

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Por Leticia Villaseñor

CUERNAVACA, Mor., 09 de julio.- “Los presuntos homicidas de mi nuera y mi nieta se ampararon porque aducen que violamos sus derechos al exigir una prueba de ADN”, denunció Alejandra Anaya Mariaca, maestra jubilada y suegra de Marlene Adán Jaimes, la mujer que fuera asesinada en el municipio de Emiliano Zapata, al practicarle una cesárea clandestina, el pasado tres de abril.

Familiares de Marlene se manifestaron en las inmediaciones del inmueble de Juicios Orales, donde estaban citados a las  9:00 horas, así se enteraron que la audiencia para dictar sentencia se difirió hasta dentro de tres meses, ya que los imputados lograron echar abajo, con la protección de la justicia federal, una de las pruebas que los incriminaría en el doble homicidio.

A los imputados se les obligó a realizarse una prueba de ADN así como de las ropas que portaban en el día del crimen, las cuales estaban manchadas con sangre que, a decir de los familiares, era de la propia Marlene.

“Los presuntos homicidas de mi nuera argumentan que dañé sus principios, su moral, sus derechos humanos, su dignidad como seres humanos”, señaló Anaya Mariaca.

Los tres implicados, una mujer de nombre Gabriela, quien se hiciera pasar como partera y practicara una cesárea clandestina a Marlene; a su hermano y al padre de ambos, un sujeto de nombre José Luis.

El paso tres de abril, Marlene, con engaños, fue llevada hasta el domicilio de Gabriela, quien le realizó una cesárea clandestina, acción que la mató, al igual que a su bebé Adela Michelle, a quien los implicados llevaron hasta el hospital a fin de salvarle la vida, donde se hicieron pasar por sus  padres, pero la menor llegó sin signos vitales.

Tanto Gabriela como su hermano se han declarado culpables, no así el padre, quien se dice inocente ya que “sólo ayudó a su hija a mover un cuerpo y él mismo la entregó”, relató la suegra de la víctima.

La hija mayor de Marlene, una pequeña de sólo tres años, fue testigos de los hechos y relató que fue el propio José Luis quien la sacó del domicilio cuando ya su madre estaba muerta, le ordenó que se quedara ahí parada, sin embargo la pequeña caminó varias cuadras hasta que un matrimonio le preguntó por sus padres, a lo que la pequeña sólo respondió “Mataron a mi mamá ahí”.

Estas personas dieron aviso a las autoridades, que cuando llegaron tuvieron que forzar la entrada   de la casa, donde se toparon con el cuerpo embolsado de la víctima, sin mayores rastros de sangre.

“Ya habían limpiado la escena del crimen, el cuerpo de mi nuera estaba embolsado, además había picos y palas, presuponemos para enterrar el cuerpo”, por lo que han pedido a las autoridades realicen excavaciones en el lugar para corroborar o desechar la situación de más cuerpos, ya que los familiares acusan que se trata de una banda de tráfico de infantes.

Las ropas de los tres implicados estaban salpicadas de sangre, ya que ante las sospechas que levantaron en el hospital fueron detenidos e investigados.

Por ello, a los tres imputados se les obligó a realizar una prueba de ADN de la ropa que usaban el día de los hechos, la cual presumiblemente era de la víctima. Esto fue lo que argumentaron para promover un amparo ante dicha prueba, bajo las argucias de una violación a sus derechos.

“¿Y los derechos humanos de Marlene, de mi nieta Adela?, no sabemos si nació viva, si respiró, si estuvo viva minutos, horas”, cuestiona Alejandra.

Feminicidio vs. homicidio

Juliana Quinanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cidhem) relató  que la familia les pidió asesoría, “cuando revisamos el caso, descubrimos varias irregularidades por falta de conocimiento del personal de la Fiscalía General del Estado, de sus propios reglamentos.

“Toda muerte violenta de una mujer se debe investigar, en primera instancia, como feminicidio. Eso permitiría recuperar todas las pruebas en el lugar de los hechos para agilizar la investigación, con todos los elementos de saña que hubo posterior al doble homicidio.

“El proceso de los juicios orales sería distinto, los lineamientos para investigar un homicidio y un feminicidio son diferentes. Lo prioritario sería rescatar todos los elementos como la manipulación de ambos cuerpos.

“Según el expediente, sí se abrió como un feminicidio, el caso lo lleva incluso la Fiscalía de Homicidios contra Mujeres, pero el protocolo no se sigue, en este caso y ahí es donde empiezan las deficiencias”.

Los familiares se manifestaron en los Juicios Orales, en el Congreso local y en Casa Morelos.

“¿Para qué alargar más el proceso si las pruebas ahí están. Estamos ante el Congreso locala para exigirles a los diputados tomen cartas en el asunto, asimismo, al gobernador Graco Ramírez. ¿No les duele, no tienen familia?”, reclamó la abuela de la pequeña, testigo de los cruentos sucesos.

“Mi nieta está muy afectada, en ocasiones se vuelve agresiva, otras veces, cuando está nublado, se deprime porque dice que su mama no saldrá y no la verá”. La pequeña está en terapia sin que haya registrado mejoría sustancial en su estado anímico.

Foto: Máximo Cerdio

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