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#Opinión – Informe CIMAC sobre mujeres periodistas

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Por Marco Lara

Es explicable que la agenda pública nos avasalle con su marcha vertiginosa y la agenda mediática industrial —su deformador espejo— vaya siempre detrás suyo, persiguiéndola atropellada, torpemente, procesándolo todo en la misma turbina noticiosa —Grupo Imagen Multimedia así le llama a la mesa editorial centralizada: «turbina»—, maquilando sus precarizados periodistas temas fundamentales y coyunturales por igual, como si las realidades y procesos sociales fueran homogéneos, grises, planos, deleznables.

Pero nada justifica que dejemos pasar asuntos que, como gremio profesional de los periodistas, nos atañen y exigen una parada, pues sin reflexión, debate y nuevas ideas no hay cambio ni mejoramiento.

Uno de tales asuntos es la aparición [agosto, 2014] del informe «Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas», publicado por la agencia CIMAC y coordinado por Yunhuen Rangel y Fabiola González, bajo el auspicio de la Fundación Heinrich Böll.

Con un carácter técnico, este diagnóstico de 135 páginas revela con toda precisión la manera como el machismo y sexismo estructurales entre la sociedad se reproducen impecablemente en la ineptitud del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de nuestras colegas periodistas a la libre expresión y el debido proceso.

Hace un lustro, en Redacciones en conflicto. El periodismo y la democratización en México [M. A. Porrúa, 2009], por ejemplo, Sallie Hughes aportaba ya suficientes y alarmantes evidencias cuantitativas y cualitativas del machismo en las redacciones de noticias, tanto en la estructura de la institución mediática, como en el tratamiento editorial.

El Informe de CIMAC demuestra que aquel estado de cosas se ha agravado y la impartición de justicia con perspectiva de género no solo sigue siendo inexistente dentro del sistema de justicia, sino que los medios y —tácitamente— el grueso de los y las periodistas le somos enteramente funcional.

«Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas» revisa los casos específicos de Lydia Cacho, perseguida por su activismo feminista y en favor de los derechos humanos de las y los niñas, y contra redes de pederastia; Ana Lilia Pérez, víctima de acoso y exilio por su trabajo periodístico investigativo; Regina Martínez, víctima de feminicidio en Veracruz; y la agencia CIMAC misma, en virtud del robo y allanamiento que ha padecido.

A partir de ellos, identifica la investigación, va apareciendo el entramado autoritario-machista que conforman los actores técnicos y políticos del sistema de justicia penal, los mecanismos de protección a periodistas, los medios noticiosos industriales y, implícitamente, el gremio periodístico, y construye, propicia, refuerza e incentiva un orden misógino, uno de cuyos caldos de cultivo más empoderados son las redes sociales virtuales —expresión de la ideología social predominante.

El maestro Johan Galtung me dijo hace algunos años: «Tenemos una prensa hecha para hombres, muy hormonizada». El Informe CIMAC exhibe que las estructuras del Estado siguen «hormonizadas», sin que importen el protagonismo femenino en posiciones clave de los poderes público, político y mediático; ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ni recomendaciones específicas de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al final, la impunidad: no hay para las mujeres periodistas —como no lo hay para el resto de este grupo social mayoritario— ni libertad de expresión plena, ni derechos a la procuración de justicia, justicia pronta y expedita, a la no tortura, la no discriminación y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, un juicio justo, la reparación del daño y la verdad —y a la vida, en el caso de Regina Martínez.

«Es obvio, ¿por qué tendría que haber justicia para las mujeres periodistas, si no lo hay para el resto de las mujeres ni de la sociedad?», es uno de los argumentos que más he escuchado entre hombres y mujeres por igual, incluso periodistas.

Mi respuesta: a) Al no garantizarse sus derechos humanos a un o una periodista se afecta mucho más que a la persona —grave de suyo—, se afecta al colectivo; b) en la institución mediática básicamente se reproduce el orden machista, sexista y misógino, y hay que combatirlo; y c) los periodistas tenemos una responsabilidad gremial, sin duda.

El Informe CIMAC nos interpela: especialmente en los casos de Lydia Cacho y Regina Martínez refiere cómo ellas han sido víctimas de quienes ejercieron en su contra violencia directa, pero asimismo del linchamiento mediático, en cuya consumación participaron miembros de nuestro gremio.

Ante el Informe CIMAC, en la parte que nos toca, ¿responderemos como amerita o volveremos a parapetamos en la idea impune de que los periodistas no tenemos por qué rendir cuentas a nadie, porque rendir cuentas afecta nuestra independencia? O tal vez es solo cosa de esperar a que el asunto sea devorado por la turbina.

 

Tuit

No se pierdan «Defensoría pública», en El Observador: Jueves 28, 23:30h, Canal 22.

@Edad_Mediatica

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