Home»Inicio»La personalización de la política

La personalización de la política

8
Shares
Pinterest Google+

Por Uzziel Becerra

Una determinación del INE para imponer como medidas cautelares el cese de propaganda del Presidente a través de cartas firmadas a su nombre por medio del IMSS en el otorgamiento de créditos al sector empresarial pusieron a la autoridad electoral y al titular del Ejecutivo de nuevo en confrontación, poniendo de relieve la intención de López Obrador de personalizar la actividad pública a su nombre y para su beneficio, correspondiente a una visión de la acción política y gestión gubernamental centrada en su persona, contrario a las exigencias de una democracia consolidada.

La polémica surgió cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral recibió una denuncia realizada por diversos partidos políticos respecto de la violación al artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos en la ejecución de sus labores, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social distribuyera cartas a los ciudadanos con actividad empresarial para ofrecer los créditos comprometidos por el gobierno federal, pero que venían firmadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema no es menor, nuestro texto constitucional en su artículo 134, en el penúltimo párrafo, prescribe lo siguiente: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por lo que las medidas cautelares impuestas por el INE son una respuesta institucional a la violación flagrante de la disposición constitucional por el IMSS y el Presidente.

Tal como lo dieron a conocer el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, como los demás Consejeros Electorales, López Obrador no ha sido el único Presidente que en el ejercicio de sus funciones ha violado la disposición constitucional y que se le ha impuesto medidas cautelares por la autoridad electoral. En el año 2012 se suspendió la difusión masiva de cartas dirigidas a los contribuyentes, que los felicitaba respecto de su declaración de impuestos en tiempo y forma, con la firma del entonces Presidente Felipe Calderón. Durante el 2015, en torno a la plataforma “Mover a México”, se le impuso la misma medida a Enrique Peña Nieto por el reparto de televisores con el logotipo de su campaña política, igualmente sancionado por la autoridad electoral en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Pero los antecedentes de conflicto del Presidente Obrador con los Consejeros del INE hicieron que el conflicto se trasladara a acusar los sesgos políticos.

La autoridad electoral reconoció que el IMSS detuvo inmediatamente el envío de las cartas objeto de la medida cautelar y ajustó las mismas para no trasgredir la disposición constitucional. Pero dejó en claro que el INE no actúo con sesgos políticos en la imposición de sus determinaciones, sino que corresponden a su compromiso como guardianes de la democracia constitucional, como organismo público autónomo, lo que no es bien visto por el Presidente, pues ha cuestionado innumerables veces la función y legitimidad de la autoridad electoral así como la integridad de sus Consejeros.

En congruencia con el ánimo del Presidente de personalizar todo acto político, se pronunció al respecto de la siguiente forma en una conferencia matutina: “No les gustó que yo pusiera el nombre, que estaba yo haciendo proselitismo político; entonces ya se tomó la decisión de quitar mi nombre. Y no los voy a testerear, que estén tranquilos”. La narrativa busca debilitar a la autoridad electoral cuando hace del conflicto un asunto personal (pues las institución no actúan con gustos sino con base en lo que dictan las leyes y la Constitución) tal como lo ha hecho antes al recibir las críticas por la ilegalidad de sus consultas públicas, los pronunciamientos en contra el INE como árbitro de las contiendas y procesos electorales y otros.

El ánimo personalista de Obrador se manifestó también cuando se vio excluido de las negociaciones entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, al manifestar que “no le gustó el modito” en cómo se condujeron pues la iniciativa privada intenta “imponernos sus planes”, haciendo parecer que el gobierno “estaba de florero”. La confusión en ese caso fue el asegurar que el BID Inverstment otorgaría créditos y endeudaría al país, cuando en realidad los activos del crédito serán otorgados por la iniciativa privada para ayudar a las empresas a tener liquidez y puedan mantener sus actividades productivas, así como el pago de salarios sin complicaciones, otorgando 30 mil apoyos financieros a las pequeñas y medianas empresas del país.

En ese sentido no hay posibilidad de que exista deuda pública, pues la Secretaría de Hacienda no juega el papel de aval como autoridad fiscal sino como accionista, por lo que el gobierno puede decidir no entrar en las negociaciones de dichos créditos. Al afirmar que “ahora el gobierno representa a todos”, mientras señalaba lo que llama la separación del poder político del económico, reafirma la visión personalista: él es el gobierno y él representa a todos, por lo que no hay lugar a negociaciones, acuerdos ni cooperación entre organismos privados o públicos sin su aval. Toda actividad fuera del radar del presidente corresponde, como lo señaló, a actos de corrupción.

Otro suceso reciente que revela la insistencia del Presidente sobre a la personalización de la actividad pública es el conflicto por la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para tener discrecionalidad en las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en tiempos de crisis. Durante una conferencia mañanera pronunció a manera de

justificación: “a mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en un guardián del dinero del pueblo y no voy a permitir que nadie se robe el presupuesto”. De nueva cuenta personalizando, ahora atribuciones que constitucionalmente no son del Poder Ejecutivo. Asimismo devela la idea de que el Poder Legislativo no tiene la legitimidad democrática necesaria para asignar los recursos públicos, sino que el pueblo le otorgó dicha responsabilidad de forma unilateral y unívoca, lo cual arrastra graves riesgos sobre regresiones democráticas.

Los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra “Cómo mueren las Democracias” realizaron dos advertencias iniciales que aseguraron la supervivencia democrática de los Estados Unidos antes de la llegada de Donald Trump: la idea de tolerancia mutua, es decir, un acuerdo entre partidos y actores políticos rivales que implicaba aceptarse como adversarios legítimos que compiten periódicamente por el poder, de acuerdo con la construcción de mayorías temporales, y por otro lado la contención democrática, que corresponde a la idea de que los políticos, especialmente los mandatarios o líderes de organismos gubernamentales, deben moderarse al momento de desplegar sus prerrogativas institucionales, respetando la división de poderes y la distribución de competencias para no rebasar las que corresponden a otro poder o ente público.

Con base en esa interpretación, podemos afirmar que López Obrador ha buscado eliminar ambas ideas desde el inicio de su mandato. La afrenta diaria contra los partidos de oposición, el pronunciamiento de las divisiones en virtud de sus ideas y preferencias políticas, elimina la idea de tolerancia mutua; para Obrador solo hay pueblo bueno y pueblo malo, conservadores y liberales que defienden la “4T”. Asimismo la idea de la contención democrática ha quedado claramente descartada por el Presidente, al buscar tener discrecionalidad respecto de las modificaciones al presupuesto de egresos, la organización de las consultas populares, entre otros.

Esta reflexión es fundamental para entender la insistencia en la personalización de la política, puesto que tiene como eje fundamental la búsqueda de la hegemonía, es decir, de la imposición de un régimen político con mayorías permanentes cuyo éxito y liderazgo sea atribuible a una sola persona, en este caso al Presidente. Precisamente la llegada de la democracia a nuestro país buscó romper con un régimen hegemónico liderado entonces por el Partido Revolucionario Institucional, un régimen que cooptó las instituciones del Estado para minar la competencia política y favorecer la permanencia de un solo partido, un solo liderazgo. Por esa razón nuestro texto constitucional prohíbe expresamente la personalización de la gestión pública, pues busca contener las tentaciones autocráticas de quienes ejercen autoridad política, sin distinguir el nivel de gobierno o partido que se trate.

En el más tenue de los escenarios, el Presidente buscaría solo personalizar los apoyos populares para salir beneficiado de la gestión de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, como lo hacen con desesperación los grupos opositores a su gobierno, pero es un umbral que la constitución exige no rebasar.

Incluso han recurrido a la promoción personal diversos actores políticos en las entidades federativas y municipios del país, lo cual debe ser denunciado por las instituciones o los ciudadanos y sancionado por las autoridades electorales competentes.

Tanto el Presidente como los ciudadanos debemos entender que, una vez electo, López Obrador ha dejado de ser candidato y no puede actuar más a nombre propio. Su mandato como Jefe de Estado y de Gobierno lo obliga a cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución le ordena como servidor público del más alto rango. Aunado a eso, López Obrador debe comprometerse con una gestión pública de carácter democrático, pues esa fue la vía que le posibilitó el acceso al poder a petición de la mayoría de los ciudadanos reunidos el primero de junio del 2018, poder que sin embargo comparte con legisladores, gobernadores, presidentes municipales, así como con el Poder Judicial y los organismos públicos autónomos.

En una democracia no hay lugar al ejercicio del poder unipersonal ni “el derecho a hacer promoción personal con programas de gobierno y recursos públicos, menos aun en una situación nacional como la que vivimos”, como lo expresó Córdova Vianello. La personalización de la política lacera las condiciones democráticas que exigen esa contención de los actores políticos, contención de sus propias tentaciones autocráticas (que por cierto las tienen todos los que suben a sentarse en “la silla del águila”), y si los líderes políticos no pueden actuar de conformidad con esas reglas, los ciudadanos deben exigírselas por las vías que estén a su alcance.

* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.

Previous post

Detiene PIC a agresor de mujeres en Jiutepec

Next post

Solicita José Casas a la Cofepris inspeccionar el hospital José G. Parres