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Una nueva normalidad

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Por Uzziel Becerra

El Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades económicas, sociales, educativas y el sistema de semáforo por regiones del país ha generado el rechazo de los gobiernos locales en las entidades federativas, mismos a los que el gobierno federal llamó “municipios de la esperanza”, por criticar que la anticipación de la reapertura de actividades provocará un nuevo brote de casos, y dando la falsa idea de que tras la reapertura de actividades, la vida regresará a la normalidad, por lo que el gobierno se ha encargado de conceptuarla como “nueva normalidad”.

Sinceramente es mejor no hacerse la ilusión de que regresaremos a nuestras vidas tal como las vivíamos antes del coronavirus. No habrá vuelta atrás, el SARS-CoV2 llegó para quedarse, adhiriéndose a la larga lista de virus y patógenos con los que lidiamos los seres humanos, así lo ha afirmado la Organización Mundial de la Salud y también el gobierno mexicano. Pero dichos cambios no consisten en la necesidad de sanitizar nuestros alrededores o guardar la sana distancia de forma permanente, sino sobre las consecuencias sociales, económicas, políticas y personales que marcarán una ruptura en el antes y el ahora.

De primera instancia, la “nueva normalidad” como concepto apela a la condición o cualidad de lo normal consistente en apelar al estado de naturaleza, a lo habitual, ordinario, o bien que se ajusta a normas preestablecidas. El establecimiento de nuevas normas, nuevos hábitos y nuevas cotidianidades implica que la sociedad mexicana modifique su dinámica social, un asunto que de alguna manera guarda congruencia con la idea de una “transformación de la vida pública” a la que tanto ha hecho hincapié López Obrador desde candidato a la Presidencia de la República; un asunto que está más ligado a los métodos de control social y político que a la paulatina búsqueda de cambios culturales ligados a los hábitos de higiene.

“Lo más probable es que nunca”, contestaba el Dr. Hugo López-Gatell mientras Denise Maerker lo entrevistaba en su noticiero “En Punto” sobre las nuevas medidas de reapertura de actividades en el país. El SARS-CoV2 (covid-19 o nuevo coronavirus) integrará la lista de los patógenos con los que la humanidad lidia en su vida cotidiana y, mientras persista el tráfico de animales y vida silvestre, los patógenos continuarán mutando y transmitiéndose. Científicamente es una idea errónea pensar que necesitamos vivir perpetuamente en confinamiento o cuarentena, pues llegaremos al punto de la inmunidad colectiva tarde o temprano, pero sí habremos de observar cambios (promovidos o no) respecto a la deliberación de asuntos públicos como el derecho a la salud, la protección de la vida, el modelo económico, las dinámicas sociales, la globalización, entre otros.

Uno de los cambios más relevantes se refiere al debate sobre el modelo de salud pública, puesto que en muchos sectores se impulsaba la idea de la privatización de los servicios de salud y la desaparición de la salud a través de las instituciones del Estado. Con la llegada del covid-19, la idea de desaparecer la salud pública quedará descartada por amplias mayorías; la pandemia demostró que las sociedades requieren la vigorosidad del Estado para asegurar (como lo ha sido desde la construcción del Estado-nación) el derecho a la vida desde la garantía del derecho integral a la salud. Mientras que la nueva Internacional Progresista (que reúne pensadores contemporáneo como Chomsky y Varufakis) busca deliberar respecto a cambios en el modelo económico global para hacer frente a la pandemia (sí, contra el neoliberalismo), aprovechando esta oportunidad inédita de deliberación pública global que busca nuevas respuestas a nuevas preguntas que impuso la compleja realidad.

En México la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”. En dicho Acuerdo se dio a conocer el semáforo (por sus colores verde, amarillo, naranja y rojo) que establece las medidas de seguridad sanitaria para la reactivación de las jornadas laborales, educativas y de uso de las plazas públicas, en búsqueda de la nueva normalidad.

La estrategia del gobierno federal descrita en el Acuerdo consiste en tres etapas diferenciadas para reapertura de actividades de forma gradual. La primera etapa inicia este lunes 18 de mayo con la reapertura de actividades en los municipios del país en que no se hubieran presentado casos de covid-19 y que no tengan vecindad con municipios afectados por el coronavirus, los “municipios de la esperanza”. La etapa dos abarca del 18 al 31 de mayo, llevando a cabo acciones tendientes a la preparación de la reapertura de actividades generales, elaboración de protocolos sanitarios para espacios específicos, capacitación de personal para la seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos y la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene de los espacios, entre otras que la Secretaría de Salud irá incorporando en el transcurrir del tiempo. La última etapa (tres) iniciará el 1 de junio del 2020, reactivando diversas regiones del país en las actividades sociales, educativas y económicas.

El semáforo presentado por el Acuerdo del Consejo General de Salubridad ha sido rechazado por muchos gobiernos municipales y estatales, por considerar que son medidas precipitadas y riesgosas para la salud de sus comunidades. La lectura gubernamental expresada por el Subsecretario de Salud señala que, pese a que en el país sigue habiendo municipios y ciudades cuyos números de casos confirmados y fallecidos por covid-19 continúan en ascenso, otras se encuentran en declive, existen otros municipios (de la esperanza, para darle un toque ideológico bien diseñado) que podrían regresar a la normalidad en sus actividades, sin embargo, tras la publicación del Acuerdo, se expresaron las otras voces disidentes.

La resistencia al acatamiento de las medidas del gobierno federal se ha protagonizado por ayuntamientos en coordinación con las gubernaturas. Conforma la información recopilada por El Financiero, los estados de Jalisco, Yucatán, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla han decidido no acatar el calendario de reapertura del Acuerdo, en el que están incluidos 324 municipios del país que no reportan casos de coronavirus, por lo que el gobierno federal considera que pueden cesar el confinamiento y reiniciar sus actividades productivas, según las indicaciones descritas.

“Aquí no hay municipios que abran y otros que no, a alguien en un escritorio de la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que ya podrían abrir y otros que no”, fue el cuestionamiento del gobernador Enrique Alfaro, mandatario local de Jalisco, aludiendo a que los municipios de Jalisco que se contemplaban para la reactivación no lo harán por considerar que se pone en peligro a la población jalisciense. En el mismo sentido se pronunció el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo: “no se permitirá que ningún municipio se reintegre a la nueva normalidad”, porque consideró que “no existen las condiciones adecuadas para ello”, por lo que sus 81 municipios permanecerían en la sana distancia hasta el 1 de junio.

Dicha resistencia se entiende en el contexto de que, aunque no exista vecindad municipal con brotes de coronavirus, el tránsito de personas y la tentación de movilidad para el esparcimiento de los habitantes de zonas urbanas dirigiéndose a las zonas rurales representan un factor de riesgo que los Alcaldes buscan evitar, puesto que si se enfrentaran a un brote de casos, su infraestructura de salud se vería rebasada para atender a los casos más graves. Aunado a lo anterior, la centralización de las decisiones en torno a la gestión de la crisis sanitaria propicia que los gobiernos locales sean, en consecuencia, excluidos del proceso de toma de decisiones. La opción es acatar las medidas del gobierno federal o ejercer su autonomía gubernamental, lo cual será más probable en la medida en que los gobiernos locales se encuentren alejados políticamente del Presidente y de su partido.

Por lo anterior, en lo que a narrativa se refiere, podemos interpretar a la nueva normalidad y los municipios de la esperanza, como estrategias gubernamentales en busca de control y confianza. Pero en este punto de la crisis sanitaria no hay respuestas totalmente correctas, pues cada contexto en particular vuelve compleja la toma de decisiones generalizada; todo es una apuesta. Lo ha reconocido el Subsecretario López-Gatell, los municipios sin brotes pueden tenerlos posteriormente; comunidades en semáforo verde podrán estar en amarillo y naranja, o bien un municipio naranja podría bajar a amarillo y regresar.

La idea de vuelta a la normalidad es ingenua en términos cualitativos, pues la pandemia habrá modificado al menos nuestra visión de la gestión pública en todas sus variantes. Podrá reivindicar la necesidad del conocimiento científico para la mejor toma de decisiones y podrá poner a la salud pública como un bien imprescindible, así como guardar mejores hábitos de higiene. Lo importante es ser conscientes de que será un proceso que involucra a todos los sectores y segmentos sociales, y de ninguna manera deberá ser impuesto desde el gobierno, pese a que las políticas de salud continúen en su cancha. De la dinámica social, la definición de normalidad y el conjunto de normas sociales (las no escritas) se encargarán las sociedades, mas no un acuerdo gubernamental por legítimo que parezca.

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.

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