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Propuestas iliberales y la búsqueda de indicadores

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Por Uzziel Becerra

La propuesta de Morena para que el Inegi pueda entrar sin impedimentos legales a observar y medir el patrimonio inmobiliario y financiero de los ciudadanos mexicanos, además de tener total acceso a las cuentas e información bancaria de las personas estremeció a la opinión pública al punto que el Presidente López Obrador se deslindó y opinó en contra del posicionamiento de su propio partido. El descontento de amplias mayorías se da en torno a la protección de la libertad y derechos de las personas, pero pone en la mesa del debate sobre los indicadores para medir la riqueza, crecimiento económico, pobreza y desigualdad.

Los indicadores para la medición del desarrollo económico han sido parte del debate en la opinión pública luego que el Presidente López Obrador mencionara en conferencia mañanera que los parámetros que deben tomarse en cuenta para medir la economía deberían ser la felicidad y el bienestar del pueblo, para sustituir el Producto Interno Bruto y, en general, el paradigma del crecimiento económico de los bienes materiales. En ese tenor, y en el ánimo de dar continuidad a la narrativa construida desde el Ejecutivo, Morena lanzó sus propuestas para el “bienestar”. En ambos casos, no se define en qué consiste el bienestar, cuáles son sus parámetros de medición ni los indicadores para evaluar sus avances o retrocesos. Todo se mantiene en el terreno de la narrativa, del lenguaje y comunicación política.

Sin embargo, ni el Presidente ni el Coordinador de Morena en el Senado las respaldaron. “No creo que sea correcto, se tienen que mantener pues en privado lo que significa patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, expresó López Obrador en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la propuesta del presidente de Morena, recalcando que no considera conveniente la propuesta. Por su parte Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, declaró que no hay ninguna iniciativa para poder ampliar u otorgar nuevas facultades al Inegi, así como tampoco existe iniciativa para ampliar las facultades del SAT respecto de la observancia de patrimonios, riqueza ni capital, mandando así un fuerte mensaje en términos políticos de menosprecio por la presidencia actual del partido.

En esta ocasión la polémica fue protagonizada por el actual presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar y el Comité Ejecutivo Nacional del partido, al presentar ante los medios de comunicación diversas propuestas de rediseños constitucionales, con el título “El bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional”, en el que señalan de forma introductoria la necesidad de reconstruir el “Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional” a partir de nuevas reglas de convivencia social para el bienestar, supuestamente diseñadas por diversos especialistas de la realidad política, social y económica del país (en el texto no se cita a ninguno ni se señala algún nombre) describiendo así los siguientes cinco puntos:
“Primero”, abordan la reivindicación del Estado de Bienestar, un diseño de economía política para la organización del Estado con orientación social, de protección a los sectores vulnerables y que tiene como características un amplio gasto público en relación con subsidios a los servicios básicos de educación, salud, pensiones, salario universal, entre otros relacionados con la preponderancia del Estado frente a los particulares en la gestión de las actividades económicas. Hasta aquí las propuestas no presentan alguna novedad o innovación, pues el Estado de Bienestar como modelo ha sido ampliamente estudiado y problematizado durante el siglo XX con mucha más profundidad y sustento.

“Segundo”, (aquí empieza lo problemático) Morena propone que “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país”, demandando con urgencia la medición de la desigualdad y la concentración de riqueza, acusando que existen miles de millones de dólares de riqueza inobservada en el país (un argumento sin sustento ni forma de verificación posible). “El Inegi debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, pidiendo que con una periodicidad de dos años se den resultados sobre los activos de cada mexicano. “El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y toda la información financiera y bursátil de las personas” (como si el Inegi fuera un ente fiscalizador facultado para eludir el secreto bancario entre otros).

“Tercero”, proponen como base del Estado de Bienestar la progresividad fiscal, que no es más que la fijación de más impuestos progresivos en la supuesta búsqueda de la proporcionalidad y equidad, exigiendo que sea aplicable a la propiedad, riqueza, ingreso, emisiones de CO2 y daños a la salud (sí, todo en una misma bolsa, confundiendo conceptos y fenómenos económicos con daños y perjuicios), pues argumentan que solo de esa forma se podrá hacer realidad el Estado de Bienestar. Al menos tienen un buen diagnóstico de la política de austeridad del gobierno en turno al mencionar que “la racionalidad de los gastos del gobierno se convierten en un imperativo. Pero un Estado austeramente pobre tiene grandes limitaciones para convertir el Bienestar universal en una política de Estado”. Lo que no tienen claro es la forma de gravar al conjunto de activos de las personas, la naturaleza de los impuestos y, sobre todo, la urgencia de redefinir los convenios de colaboración fiscala favor de las entidades federativas, porque eso implicaría una crítica al actual modelo centralista de recaudación y ejercicio del presupuesto del gobierno en turno.

“Cuarto”, Morena propone constituir un “Consejo Fiscal” a manera de un organismo público autónomo, dependiente del Congreso de la Unión (es decir, sin autonomía) que mida y evalúe permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano, mostrando cada año si las contribuciones benefician a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad, reduciendo la desigualdad entre regiones y si se utilizan para generar “riqueza y prosperidad nacional”. En este punto no se explica qué se entiende por calidad de los ingresos ni se define qué es generar riqueza o prosperidad nacional: ¿hay prosperidad nacional si se benefician las personas, la población en situación de vulnerabilidad o el gobierno?

“Quinto”, Morena propone dar mayores facultades y fortalezas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para combatir la desigualdad, persiguiendo la concentración y poder de las grandes empresas que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos para la población y que acusan se han convertido en una de las fuentes más importantes de desigualdad social y económica, por los sobreprecios a alimentos, material de construcción, transporte terrestre o aéreo, medicamentos, sistemas financieros o de comunicación, “afectando sistemáticamente a los hogares más pobres”. Morena propone que las transferencias monetarias de los mercados antes mencionados promuevan el bienestar y combatan los sobreprecios de los monopolios u oligopolios, a través de acciones de inconstitucionalidad en legislaciones que inhiban la competencia de distintos mercados y exigiendo la reparación de daños contra los consumidores, garantizando el acceso a bienes y servicios con precios justos. La propuesta rediseñaría a la Cofece para ser un órgano de persecución de la competencia económica y no un órgano para fomentarla.

Finalmente, el documento pide al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, organismos de trabajadores y empresarios, partidos políticos e instituciones de educación superior para generar un diálogo para su “Acuerdo de unidad y solidaridad nacional”, firmando al calce Alfonso Ramírez Cuéllar. Pareciera que la presidencia del partido no conoce el papel de la Suprema Corte ni tiene bien ubicada la ruta para llamar a la unidad nacional; desconoce la metodología del Coneval, Inegi y las labores de la Cofece; la definición de la política fiscal y las fórmulas para calcular los impuestos directos e indirectos; no hay una definición clara de “riqueza” o “bienestar”, pero se busca minar la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos a favor de un proyecto político.

El documento está lleno de inconsistencias en cuanto a la naturaleza y alcance de sus propuestas, además de sus diagnósticos superfluos, sin argumentos sólidos ni evidencia empírica para corroborarlos (no quiero decir que no hay evidencia científica sobre la desigualdad, sino que el documento no la aporta para sustentarse). Eso sí, en congruencia con las formas de hacer política del presidente, publicaron un manifiesto, un catálogo de posicionamientos ideológico-políticos que interpretan la realidad social de forma sesgada y ortodoxa. En términos jurídicos la propuesta es inconstitucional, pues el artículo 16 prescribe: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal

del procedimiento”. Además constituye un acto de molestia con fines de fiscalización y no una metodología de medición de la riqueza. Por otro lado, la responsabilidad de presentar la declaración patrimonial y de intereses es una obligación de los servidores públicos, descrita en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no de los particulares, por lo que sería una carga desproporcionada para los particulares contra el marco de derechos humanos que los tutelan.

Tan rotundo ha sido el rechazo en la opinión pública y de los actores políticos que el comunicado de prensa que contenía las propuestas controversiales ya no aparece en las páginas oficiales de Morena. Un fracaso total que dejó en evidencia el talante estatista del partido y el débil liderazgo de Ramírez Cuellar al frente de Morena, quien no tuvo respaldo de los principales líderes en las Cámaras legislativas, ni del gobierno federal. En sentido llano, lo dejaron morir solo, lo cual se puede interpretar a la luz del conflicto por la dirigencia del partido que protagonizaba Yeidckol Polevnsky, quien, aunque fuera cercana al Presidente, tuvo que dejar el liderazgo del partido por controversia jurisdiccional. No obstante, los partidos políticos deben tener este tipo de filtros para discriminar las propuestas y posicionamientos cuyo extremismo provocaría el rechazo no solo de las ideas sino de los respaldos ciudadanos que se encuentran en juego cada proceso electoral, más aun cuando la coyuntura de crisis debilita la legitimidad política de todos los liderazgos del partido en el poder.

Ramírez Cuellar se defendió en una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva, afirmando que se ha tergiversado sus propuestas contra la desigualdad. “Yo no propongo que entren a la casa…lo que se quiso expresar es entrar a todas las cuentas bancarias”, al tiempo de señalar que se requiere un organismo como el Coneval, que mide la pobreza, pero para medir la concentración de riqueza, con el objetivo de obtener una “progresividad fiscal” para el sostenimiento de un “Estado de Bienestar”. Asimismo, afirmó que la propuesta tiene el respaldo de su partido, aunque no pudo mencionar específicamente qué integrantes aprueban su proyecto. La evidencia sugiere que solo tiene respaldo de un sector minoritario en el partido, mas no de las altas esferas de la administración pública federal o del Poder Legislativo, incluso dentro del propio CEN que preside, pues algunos de sus integrantes ya comenzaron a deslindarse de las propuestas.

Mientras observamos el fracaso de la iniciativa de la actual presidencia de Morena (y del propio liderazgo de Ramírez Cuellar), también estaremos a la espera de que el equipo del Presidente de la República publique un índice alternativo al PIB para medir (y definir) el “bienestar”, la “felicidad” y la desigualdad social en el país. El diagnóstico ha sido repetido infinidad de veces por López Obrador, pero los indicadores para evaluar las condiciones de vida de las personas pueden construirse adecuadamente si los “especialistas” realizan un trabajo de carácter científico y no político-ideológico, pues ya conocemos la posición gubernamental respecto del rechazo a la “ciencia neoliberal”. Sin embargo, por más que incomode al Presidente, sin crecimiento económico sostenido no hay posibilidades reales de aminorar las brechas de desigualdad social y económica; sin indicadores serios, con metodología, estadística aplicada y procesamiento de datos (estamentos de la ciencia neoliberal) no habrá forma de medir la realidad, que será cada vez más compleja a causa de la recesión económica por la pandemia, bajo el principio administrativo de que “lo que no se puede medir no se puede mejorar”.

* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.

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