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¿Tan bien que íbamos?

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Por: Uzziel Becerra

La lucha no ha concluido. La crisis sanitaria global o pandemia de SARS-CoV2 empieza a mostrar otra de sus consecuencias perniciosas para nuestro país: las económicas. El presidente López Obrador anunció en un video que aceptaba el pronóstico de que este año no habría crecimiento económico y se perderían un millón de empleos formales, pero se mostró optimista al señalar que su gobierno pretende crear dos millones más y que al final de su sexenio lograríamos crecer hasta el seis por ciento. Pero el escenario no es realista y el optimismo irresponsable tendrá como consecuencia que la población no se prepare para un escenario de recesión económica que podría dejarlos en la pobreza.

Por medio de un video en sus redes sociales, López Obrador aprovechó para poner varios temas en la mesa, entre ellos los que tienen que ver con la crisis económica que se aproxima con rapidez. Por primera vez aceptó el pronóstico que los organismos internacionales, nacionales y la sociedad civil dedicada al tema habían realizado al inicio de la cuarentena o “sana distancia”, así como recientemente lo hizo público el Banco de México a través de su Informe Trimestral enero – marzo 2020: (datos que apropió el Presidente para expresar “su pronóstico”) para este año se tiene contemplada la pérdida de 1.4 millones de empleos formales y un déficit en cuenta corriente entre el 0.3% y 1.5% del PIB.

Aunado a lo anterior, el propio Banxico estima que el crecimiento económico del PIB para este año se registrará nuevamente en negativos, entre el -4.6% y el -8.8%, niveles negativos que no se habrían observado desde 1932. Por su parte, el Bank of America estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano entre el -8% y -10% para este año, sumado a un escenario de creciente incertidumbre respecto de la recuperación económica por las decisiones del Gobierno Federal que ponen en conflicto al sector empresarial e inversionistas. El JP Morgan coincide, y considera que México tendrá un PIB de al menos -8.4%, de acuerdo con las estimaciones de sus especialistas; el Fondo Monetario Internacional también pronostica un retroceso del -6.6%.

Pero ¿estábamos mejor antes de la llegada del coronavirus? Los indicadores mostraron que no necesariamente: en 2019 la economía había caído al -0.2% y se perdieron 382,210 empleos formales; otros tópicos como la seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que el año pasado fue el más violento en la historia reciente de nuestro país, acumulando más de 35 mil víctimas de homicidios dolosos. Y aunque no íbamos bien antes que la pandemia tocara territorio nacional, no se puede culpar del todo al gobierno (sin pretender eximirlo de su responsabilidad hacendaria y económica), puesto que la suspensión generalizada de actividades productivas y en los mercados financieros internacionales a causa de la pandemia ha materializado una crisis económica global con impactos nacionales específicos sin precedentes en cuanto a su naturaleza.

Las causas técnicas en lo económico son producto de distintos fenómenos simultáneos que han sido explicados por diversos economistas y financieros en el mundo, aunado a los que tenemos en el Banco de México gracias a su autonomía: un choque de oferta, gracias al paro de labores afectando la producción manufacturera y el sector de servicios, reduciendo drásticamente la oferta, poniendo en riesgo el funcionamiento de las cadenas globales de valor y la provisión de insumos para la producción nacional; un choque de demanda, al disminuir de forma drástica la demanda externa en la exportación de productos y la contracción de la demanda interna por las medidas de distanciamiento social, la disminución de ingresos de las familias y las empresas en consecuencia; y un choque financiero, por la aversión al riesgo de los mercados financieros internacionales, traducidos en restricciones de financiamiento externo, salidas de flujo de capital, aumento en las tasas de interés, depreciación del peso mexicano, y también a la caída en los precios del petróleo.

EL Presidente considera que los programas sociales que ha implementado su gobierno bastarán para paliar la crisis económica, colocando a sus beneficiarios en la dinámica productiva nacional, sin embargo la falta de reglas de operación y bases de beneficiarios verificable dificultan una evaluación seria de la viabilidad de dicha práctica. El problema con la incorporación de actividades productivas vía asignación desde el gobierno es que los trabajos serán temporales, porque su permanencia dependerá del cumplimiento de obligaciones recíprocas entre el Gobierno Federal y las instituciones o empresas afiliadas a los programas; no tendrán derechos laborales completos pues, mientras su pago sea una beca y no un salario devengado del patrón para el trabajador que presta sus servicios, no hay un vínculo laboral concreto entre ellos. Incluso los empleos formales que pretende crear a través de los proyectos gubernamentales del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Banco de Bienestar serán insuficientes para la cantidad de personas desempleadas; será empleos temporales, destinados a la conclusión de las obras, condicionados a la voluntad sexenal y limitados conforme a las capacidades o especialidades de los perfiles a contratar.

La Confederación Patronal de la República (Coparmex) criticó la reacción del Presidente al afirmar que crearían dos millones de empleos para el 2020, acusando de que su objetivo no es realista ante la complejidad de la pandemia y sus consecuencias económicas, recordando que la suspensión generalizada de actividades económicas no esenciales dificulta dicho escenario, aunado a que la reapertura de las actividades productivas no son homogéneas, pues no todos los gobiernos locales coinciden en regresar el primero de junio. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en la semana pasada una pérdida de 400 mil empleos en el mes de mayo, y 550 mil durante el mes de abril. La rapidez con la que los empleos formales caen avizora un escenario negativo para las familias mexicanas, pues difícilmente se recupera un empleo formal cuando se ha perdido, obligando a las personas a emplearse en trabajos que ofrecen salarios bajos y destinados a cubrir tareas que no coinciden con sus capacidades, experiencias o estudios previos.

En consecuencia los niveles de calidad de vida disminuirán de forma generalizada: el Centro de Estudios Económicos y Sociales, que dirige el Dr. Miguel Székely Pardo, estima que la crisis incrementará en seis millones el número de personas en situación de pobreza y los que ya se encontraban en pobreza, que son doce millones, caerán en la pobreza extrema. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estimado que este año será la primera vez desde 1990 que habrá un descenso global respecto a la calidad de vida y desarrollo humano, puesto que la pandemia de covid-19 impacta de forma simultánea todos los elementos con los que se mide el desarrollo humano desde el PNUD: la salud, educación, ingresos, derechos, entre otros. Lo anterior permite al organismo internacional afirmar que las consecuencias de la pandemia no solo harán que el mundo retroceda de forma significativa, sino que será el equivalente a extinguir seis años de progreso humano.

Nuestro escenario es complejo y a la vez complicado para las familias mexicanas, el sector empresarial y el país en general. La historia demuestra que no es fácil recuperarse económicamente de una recesión, pero el gobierno mexicano parece no tener interés en desplegar medidas económicas a la altura de las circunstancias. Al contrario, el conflicto de la Secretaría de Energía para con las empresas de energías renovables cuya inversión estaba asegurada en el país ha crispado la confianza de inversionistas extranjeros y del empresariado en general, pues suspendió con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitó la generación de centrales eólicas y fotovoltaicas. La Unión Europea y Canadá, cuyas empresas habían iniciado operaciones en nuestro país, criticaron las medidas en dos cartas dirigidas a Rocío Nahle, advirtiendo que las decisiones del gobierno atentan contra la inversión a corto plazo, misma que estimaron en 450 millones de dólares y la creación masiva de empleos formales para los mexicanos. Pero el gobierno de López Obrador se empeña en eliminar esa posibilidad.

Precisamente en tiempos donde el país requiere de certidumbre sobre las inversiones extranjeras, el gobierno genera incertidumbre y políticas punitivas con la bandera de la lucha contra la corrupción, no obstante que el INEGI destacó que durante este gobierno la corrupción no solo no ha cesado, sino que aumentó en cuanto a las prácticas en el servicio público. Cuando más necesitamos la alianza virtuosa del sector público, privado y social, el gobierno da un golpe a la confianza de la iniciativa privada y los vuelve adversarios permanentes (al menos los que no están alineados con su partido o con sus intereses cupulares: Alfonso Romo, Ricardo Salinas Pliego, etc.) La permanencia del conflicto, ahora por la vía jurisdiccional, manda un mensaje claro: el gobierno no quiere apoyos del exterior ni grandes proyectos económicos dirigidos por la iniciativa privada; en el país solo prevalecerán los proyectos gubernamentales, con todas sus limitaciones e incongruencias.

Conforme a los semáforos para la reapertura de actividades productivas en la “nueva normalidad”, algunos municipios podrían reintegrarse a la cadena productiva a partir del primero de junio, sin embargo la resistencia a la reincorporación de actividades se presenta desde los gobiernos municipales y estatales, así como de un consenso mayoritario de la

población mexicana. Según la encuesta del El Financiero publicada el día de hoy el 64% de los mexicanos apoya la idea de continuar con la cuarentena hasta que los contagios de covid-19 disminuyan. Por otra parte, Estados Unidos ha presionado al gobierno mexicano para reiniciar las actividades económicas, sobre todo en los sectores automotriz y manufacturero, por los intereses comerciales conjuntos, lo que ha propiciado que, contra la opinión mayoritaria y las disyuntivas sobre la pertinencia de regresar a las calles, el Gobierno Federal busque forzar a los gobiernos locales a acatar sus indicaciones.

Resistamos la narrativa gubernamental. Los programas sociales y becas no pueden suplir de ninguna manera la dinámica de los empleos formales, con todos los derechos subyacentes y responsabilidades que se asumen en la relación patrón-trabajador. No se debe alejar a la inversión extranjera directa ni a la iniciativa privada, que tienen la mayor carga de empleados en el país. El gobierno debe recuperar su vinculo con la iniciativa privada y reactivar el vínculo de lo público, privado y social para buscar caminos conjuntos que puedan plantear la recuperación económica a mediano y largo plazo, pues a corto plazo solo sería posible con endeudamiento público. La disciplina fiscal y la política de austeridad solo podrán ser posibles con una base de contribuyentes amplia y productiva, y eso solo se puede lograr con el apoyo de la iniciativa privada.

Notas indiscretas: Cuide su empleo formal y no deje de producir en caso de que se encuentre en la informalidad; diversifique su fuente de ingresos (no dependa de un solo trabajo para su subsistencia ni la de su familia), aprenda a ahorrar y ejerza sus finanzas personales de forma racional y prudente, porque lo que vendrá en un futuro no muy lejano es una crisis económica global, nacional y local que seguramente afectará su bolsillo.

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.

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