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SCJN asesta nuevo revés a Cuernavaca y ordena acatar alerta sanitaria de Covid-19

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Por JUSTINO MIRANDA

CUERNAVACA, Mor. 16 de julio- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud del Ayuntamiento de Cuernavaca de revocar la suspensión que dictó el alto tribunal a favor del Poder Ejecutivo de Morelos, cuya Consejería jurídica promovió una controversia constitucional para que no se materializara o ejecutara el acuerdo tomado por dicho municipio en sesión de cabildo, relativo a la reapertura socioeconómica de actividades no esenciales por restricción del Covid-19.

La petición del Ayuntamiento fue promovida por la Síndico municipal Marisol Becerra de la Fuente pero la SCJN acordó no ha lugar la pretensión, y expuso que la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, y tienen como fin preservar la materia del juicio para asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate y para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente.

De ese modo, subraya el acuerdo, se tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal.

En el acuerdo firmado por el actuario Juan José Morgan Lizárraga, la Corte agrega que la medida cautelar concedida al Gobierno de Morelos se ordenó en el sentido de paralizar el acuerdo impugnado relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio a partir del 22 de junio del año en curso, exclusivamente en aquello que excediera la gradualidad o los porcentajes de la normatividad federal y estatal para la reapertura y/o reanudación de las actividades y, se mantuviera el acatamiento estricto a las políticas establecidas para el Estado y sus municipios, tanto del Gobierno Federal, como de la propia entidad federativa.

La Corte también contestó a la síndico que de no haber concedido la suspensión en el sentido en el que se hizo, se seguirían generando consecuencias que forman parte de la cuestión de fondo que debe resolver el Alto Tribunal, consistente en determinar si el acuerdo de Cabildo controvertido vulnera o no la competencia del Estado actor en materia de salubridad general.

No obstante, subraya que el auto de suspensión dictado en controversias constitucionales, podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.

Como argumento para revocar la suspensión a favor del gobierno morelense, Becerra de la Fuente citó que en el momento en que el Poder Ejecutivo de Morelos promovió la controversia constitucional, el semáforo epidemiológico de la entidad estaba en color rojo, y a partir del 6 de julio cambió a color naranja motivo por el cual la suspensión concedida ha quedado sin efectos.

Empero la Corte nuevamente es dura en su acuerdo y sostiene que  si bien la promovente señala como hecho superveniente el cambio de semáforo epidemiológico, “lo cierto es que no lo demuestra y, aunque se pudiera tratar de un hecho notorio, la medida cautelar fue concedida de tal manera que se ajusta automáticamente a todos los supuestos sanitarios que adopten las autoridades estatales y federales, motivo por el cual, un posible cambio de semáforo, no puede dar lugar a la revocación de la medida cautelar”, cita la Corte.

Más adelante precisa que el auto de suspensión vincula al municipio demandado a acatar las políticas establecidas para el Estado, que provengan tanto del Gobierno Federal como de la propia entidad federativa, hasta que el máximo Tribunal se pronuncie respecto del fondo del asunto.

“Por otra parte, la promovente señala que el Ayuntamiento siempre se ha encontrado dentro de la hipótesis de reactivación planteada por el Gobierno Federal y que las medidas planteadas por el municipio no se contraponen con las establecidas en el Periódico Oficial de la Federación, siendo evidente que el incidente se encuentra sin materia; sin embargo, como ya quedó establecido, dichas manifestaciones no son suficientes para modificar o revocar la medida cautelar, dados los términos en los que ésta fue concedida”, sostuvo la SCJN.

Y para sepultar la petición del Ayuntamiento de Cuernavaca, la Corte afirma que

“determinar si el acuerdo de Cabildo controvertido vulnera o no la competencia del Estado actor en materia de salubridad general, forma parte de la cuestión de fondo que debe resolver este Alto Tribunal al momento de dictar la sentencia respectiva. Por tanto, no ha lugar a acordar favorablemente la solicitud de la promovente de revocar la suspensión concedida en el presente incidente”, concluye.

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