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Conflictos de gabinete por el medio ambiente

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Por Uzziel Becerra

La semana pasada se filtró en internet un audio del titular de la SEMARNAT, Víctor Toledo, quien habría acusado que existen luchas de poder al interior del gabinete, así como diversas contradicciones con el proyecto de la “cuatroté” que corresponden a conflictos por la determinación de políticas ambientales y energéticas, conflictos que en los que intervienen Rocío Nahle, Alfonso Romo y Víctor Villalobos, y que inhiben la posibilidad de que el gobierno contribuya a la transición hacia políticas medioambientales adecuadas, como el desuso de pesticidas o la promoción de energías renovables. Por lo anterior, la disputa por su posible renuncia se sumaría a los diversos funcionarios que han renunciado a su posición como servidores de la administración pública federal, por contradicciones irreconciliables al interior del gabinete, con el mismo Presidente o con las incongruencias del gobierno en turno.

Víctor Manuel Toledo Manzur es un académico y biólogo de la UNAM, adscrito al Instituto de Ecología e integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985; reconocido a nivel nacional con diversos premios como el Premio Nacional Medio Ambiente en 1985, el premio al Mérito Ecológico por el gobierno de México en 1999 y el Premio Luis Elizondo del Instituto Tecnológico de Monterrey en 2000. Toledo Manzur ostenta, hasta el momento, la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde mayo del 2019, tras la renuncia de Josefa González Blanco.

El conflicto surgió cuando se filtró en los medios un audio en el que Víctor Toledo habría acusado las luchas de poder al interior del gabinete que encabeza López Obrador en el Gobierno Federal. Entre sus señalamientos, expresó diferencias con Rocío Nahle, secretaria de Energía y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quienes han adquirido una centralidad y poder relevantes al interior del gobierno de forma tal que han negociado la determinación de políticas que afectan los ejes transversales de la SEMARNAT para la transición ecológica, así como con Víctor Villalobos quien encabeza la Secretaría de Desarrollo Rural por la orientación antiecológica de la dependencia.

Aunque no se ha confirmado la renuncia, ni por el Presidente o el mismo secretario Manzur, lo cierto es que, al interior de gabinete del Gobierno Federal, preponderan los conflictos de interés, sobre todo en términos económicos y empresariales, así como de determinados grupos políticos, unos más allegados a López Obrador que otros, y que tienen más influencia y peso que otras Secretarías de Estado, constituyéndose como negociadores al interior del gabinete. En ese sentido, la constante ha sido que, tras fuertes discrepancias o diferencias irreconciliables (si no hay sometimiento a los arbitrios presidenciales), los titulares de diversas entes, Secretarías u organismos autónomos, solicitan su renuncia, la cual es aceptada con el gusto de reconocer la oportunidad de incorporar elementos con mayor lealtad a la “cuatroté”, lealtad más allá del criterio personal y profesional.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la “cuatroté”, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la “cuatroté” está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas…” señalaba Toledo Manzur en el audio filtrado, al tiempo de apuntar que los intereses de los integrantes del gabinete presidencial no van acordes con los seis ejes trazados por la SEMARNAT, poniendo varios ejemplos.

Las principales diferencias o conflictos señalados por Manzur se han dado con la Secretaría de Desarrollo rural (SADER), cuyo titular es Víctor Villalobos, pues la Secretaría “está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y tratan de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo por las grandes corporaciones”, respecto de la importación del plaguicida de glifosato en el país con apoyo y negociaciones de Alfonso Romo. Otro ejemplo señalado por Toledo Manzur fue cuando el Presidente convocó una reunión para aprobar un proyecto de industria lechera de Estados Unidos, con un modelo de agronegocio, en el que se pretendía impulsar la compraventa de propiedades en el estado de Campeche y Tabasco para su explotación.

Asimismo, presionado por SEGOB, se solicitó el apoyo conjunto de otras cinco secretarías para respaldar a una cervecera. Alfonso Romo citó en un desayuno a Manzur con el Presidente de Grupo México para negociar los lineamientos ambientales respecto de sus industrias y que fueran más accesibles. “No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque al Presidente y la Secretaría de Agricultura, están en contra de todo esto… está en contra incluso del programa Sembrando Vida como lo han expresado”, señaló el secretario Manzur.

“Estamos haciendo un esfuerzo desde SEMARNAT, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la “cuatroté”, es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos con todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está tampoco en la cabeza del Presidente”, señaló Toledo Manzur como evidencia personal de las fuertes contradicciones del discurso del gobierno y los intereses cupulares que protegen los secretarios que integran el gabinete presidencial, concluyendo que el gobierno de López Obrador no está del lado de Agricultura y Medio Ambiente, por lo que se tendría que aprovechar la crisis global para hacer un cambio de rumbo, plantear un plan “B” en la materia.

Hasta antes de la controversia por los señalamientos filtrados de Toledo Manzur, se han registrado múltiples bajas de funcionarios cercanos al gabinete. De los primeros en bajarse del tren gubernamental se encuentran Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), uno de los personajes con más alto rango del gabinete y quien renunció a su cargo en julio del año pasado, al señalar la injerencia de diversos grupos privilegiados en la determinación de políticas fiscales y acusa que, en la presente administración, se han

tomado decisiones de políticas públicas sin el suficiente sustento técnico o científico. Lo anterior se dio en torno a la discusión por el Plan de Desarrollo, pues Urzúa tuvo discrepancias entre el trabajo técnico de la SHCP y las aspiraciones del Presidente, quien consideró que su forma de trabajar era “neoliberal” y, tras la renuncia de Urzúa, impuso finalmente su Plan (más parecido a un decálogo de principios que a un proyecto programático).

Una de las renuncias más recientes es la de Javier Jiménez Espiriú, quien abandonó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señalando que tuvo diferencias con el presidente López Obrador por el control de las aduanas y puertos a manos de las Fuerzas Armadas. Entre los diversos nombres y cargos renunciados podemos recoger el de Josefa González Blanco, extitular de SEMARNAT, por el retraso de un vuelo comercial; Germán Martínez, exdirector del IMSS, por la injerencia de la SHCP en su trabajo y la política de austeridad que golpeo diversos aspectos del sector salud; Clara Torres, encargada del programa de estancias infantiles, como protesta por el recorte presupuestal del gobierno; Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, tras el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y la polémica de las caravanas migrantes de centroamericanos; Sergio Jaime Rochín del Rincón, excomisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, quien acusó la falta de apoyo a la institución y su descontento con las medidas administrativas, más tarde la nueva titular de la CEAV, Mara Gómez, también renunciaría ante el recorte del 75% del presupuesto para la institución y la presión de familiares de víctimas desaparecidos

Y la lista sigue: Mónica Maccise, exdirectora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien renunció luego de la polémica por el foro virtual en el que Chumell Torres estaba invitado como participante; Ana Cristina Laurell, exsubsecretaria de Integración y Desarrollo del sector salud, quien renunció por diferencias con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer; Candelaria Ochoa, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVI), quien fue presionara a renunciar en junio de este año por la SEBOG, en medio de la crisis de violencia de género y los reclamos de diversas asociaciones feministas por supuesta falta de acciones de la comisión. De los organismos autónomos se encuentran Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Gaspar Franco Hernández, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Patricia Bugarín, exsubsecretaria de seguridad; Simón Levy, subsecretario de turismo; Eunice Rendón, exsecretaria ejecutiva adjunta del sistema Nacional de Seguridad Pública. Seguramente veremos la renuncia de Víctor Toledo en próximas fechas, salvo que sea más útil (o menos riesgoso) tenerlo dentro del gobierno, con límites e incomodidades al interior del gabinete, es decir, con las manos atadas.

Regresando al conflicto de gabinete, Alfonso Romo, actual jefe de la oficina de la Presidencia “que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dotado

por el presidente” (y quien fuera uno de los principales inversionistas de las campañas electorales de López Obrador), ha tratado de favorecer a una firma cervecera y a una minera para que puedan operar sin cumplir con la normatividad ambiental. Lo anterior es confirmado por Manzur al señalar que Romo ha bloqueado todos los avances relativos a las políticas y medidas ambientales, así como en el sector energético y agroecología, puesto que “es el operador principal para bloquear todo lo que sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología”, acusaba en el diálogo del audio filtrado.

Pero el conflicto va más allá de las relaciones ríspidas entre Secretarios de Estado, en realidad la SEMARNAT ha sido un Secretaría débil por tradición, alejada de la verdadera determinación, diseño y formulación de políticas, puesto que, por su relevancia política, las regulaciones ambientales pasan invariablemente por el filtro de quien detente la Presidencia de la República, ahora por su operador principal, Alfonso Romo. En entrevista para El Universal, Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México, sostuvo que, desde su perspectiva como ambientalista, las políticas energéticas de México están enfocadas a los combustibles fósiles y las grandes industrias alimentarias, sin considerar el cuidado del medio ambiente, por lo que los reclamos del secretario Víctor Toledo corresponden a una preocupante realidad que se ha replicado en los sexenios pasados, “esto sucedió en los últimos tres o cuatro gobierno que más o menos es el tiempo en el que Greenpeace ha trabajado en México, lamentablemente el medio ambiente no es considerado como un tema importante o prioritario en las políticas públicas”, señaló Ampugnani, al tiempo de coincidir con Manzur en el sentido de que no hay leyes que respalden una transición paulatina a las energías renovables, que respete el derecho de las comunidades afectadas.

A juicio del propio director de Greenpeace en México, a Toledo Manzur no le deberían pedir el cargo, sino a Víctor Villalobos y a Rocío Nahle, por favorecer políticas agrícolas y energéticas que no van en el sentido que requiere la protección del planeta y del medio ambiente, incluso favoreciendo grupos de poder que los presionan para mantener lineamientos contra las energías renovables. Aunado a los reclamos ambientales (legítimos y preocupantes) del aún titular de SEMARNAT, su especialización en torno a la protección de pueblos indígenas le posibilita ampliar la discusión pública entre protección al ambiente y a las comunidades afectadas. En torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el secretario Toledo Manzur participó como ponente en un conversatorio virtual en el que enfatizó que México es el segundo país bioculturalmente más rico después de Indonesia, por encima de India, Brasil y Australia. “Hoy sabemos que las comunidades indígenas poseen una superficie de 28 millones de hectáreas que donde se capta buena parte del agua del país y es donde se concentra la mayor biodiversidad del país. El mayor ejemplo es que las mayores proporciones que todavía quedan de selvas tropicales coinciden con los territorios de los pueblos indígenas”, precisó Víctor Toledo.

Asimismo, Manzur abogó por la expedición de una ley de Consulta Indígena como un acto de “elemental justicia” para tomar el parecer de estas comunidades cuando se desarrollan proyectos relevantes que puedan afectar sus territorios o bienestar, una consulta con garantías jurídicas más allá de las consultas populares que hasta ahora ha coordinado el Gobierno Federal como juez y parte. “Es algo que no podemos perder de vista y que, en términos de la conservación de la biodiversidad, nos invita a cambiar el paradigma para integrar a los pueblos indígenas y en general a las comunidades como copartícipes de la conservación y también a reforzar mediante estímulos de todo tipo la presencia de estas comunidades alrededor, en torno o dentro incluso de las áreas naturales protegidas…. estamos conservando a través (de ellas) 182 áreas protegidas, 30 millones de hectáreas” defendió Manzur.

Una vez más quedan evidenciadas las incongruencias de un proyecto gubernamental que, aunque apela a la uniformidad y ortodoxia pública, al interior del gabinete se libran negociaciones cargadas de tensión, por un lado, tratando de dar congruencia al proyecto transformador de la vida pública y, por otro, empujando los verdaderos intereses del grupo en el poder, intereses que siguen siendo (aunque se niegue categóricamente) económicos, empresariales y políticos. En efecto, la red de corrupción de los gobiernos anteriores ha quedado expuesta y el gobierno en turno ha buscado hacer justicia de alguna u otra manera, cumpliendo parcialmente la consigna del combate a la corrupción, pero las formas y las prácticas siguen reproduciéndose, aún en la “cuatroté”, ahora también en contra de la transición energética hacia la priorización de energías renovables, a los modelos agroecológicos y el rechazo a los pesticidas, entre otras políticas de cuidado y protección medioambientales.

Nota adicional:

Aunado a los previsibles movimientos en el gabinete federal, conforme a la información de Político.mx, existe la posibilidad de que se realicen cambios en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) cuyo perfil entrante sería Rodrigo Rojas Navarrete, quien es cercano al gobierno y es nieto de la senadora Ifigenia Martínez, en armonía con la lealtad administrativa que el Presidente exige de las altas y medianas esferas de la administración pública federal. Ese es el criterio principal de permanencia y escalamiento. Prueba de lo anterior es el sometimiento de la Secretaria de Gobernación a las posiciones neutrales del Presidente respecto de temas sociales como el aborto, el matrimonio homosexual o la violencia de género, que buscaba abanderar y resultaron disueltas en la discusión pública, y su posterior desplazamiento por Marcelo Ebrard, mano derecha real de López Obrador y principal negociador gubernamental, al interior del país y al exterior.

*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes.

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