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¿Contra los intelectuales orgánicos o críticos?

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Por Uzziel Becerra

El ataque constante del presidente de la República hacia los medios de comunicación y organismos públicos y constitucionales autónomos no solo no ha cesado, sino que aumentan los nombres de personalidades, académicos y organizaciones de la sociedad civil contra los que el Presidente se enfrenta mediáticamente. Lo anterior se evidencia en los ataques directos contra los directores de las revistas “Nexos” y “Letras Libres”, a quienes ha acusado de entregar información falsa para obtener licitaciones millonarias, así como servir a los fines de “la mafia”, razón por la que ha mostrado documentación sobre sus estados financieros relacionados con recursos gubernamentales a medios de comunicación, con la intención de exhibirlos y así debilitarlos, desprestigiarlos y acallar la labor crítica a la que dichas revistas se han dedicado en las últimas cuatro décadas con alto prestigio nacional e internacional. ¿La afrenta presidencial es contra intelectuales orgánicos o contra sus críticos?

El 20 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Secretaría de la Función pública en la que se inhabilitó a la revista “Nexos” para celebrar contratos en materia de publicidad oficial, aplicando una multa de $999,440 como sanción por presentar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en una campaña del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2018, a juicio de la Secretaría federal. El contrato referido para la sanción fue por una suma de 66 mil pesos en concepto de publicidad, por lo que la sanción resulta desproporcionada a todas luces.

Asimismo, en fechas recientes el presidente señaló contratos millonarios entregados a las revistas “Nexos” y “Letras Libres”, dirigida por Enrique Krauze, con quien ha tenido enfrentamientos políticos y mediáticos con frecuencia, y esta vez no fue la excepción. La casa editorial de Krauze acusó al mandatario de incurrir en difamaciones, lanzando un mensaje en redes sociales en el que exhibe información sobre las fuentes de financiamiento que recibieron en sexenios pasados, tanto del gobierno como de iniciativa privada de carácter académica y de la sociedad civil nacional e internacional, mostrando también que “la publicidad oficial o gubernamental fue pública, legal, legítima y ha servido para dar voz y espacio a autores de todas las tendencias políticas, constituyendo apenas dos de cada 10 pesos que ingresan a la editorial”, conforme a la versión de “Letras Libres”.

Y aunque pueda reprocharse que existieron contratos millonarios en administraciones pasadas (lo cual no habla en sí mismo de que existiera corrupción al respecto, como intenta acusarse) dichas exhibiciones públicas en conferencia mañanera no tienen un sustento administrativo-racional mas que el criterio personal del Presidente, de ahí que sus constantes ataques a la prensa y a las editoriales independientes se observe como ataques a la libertad de expresión y a la información, lo cual ha puesto en alerta a los organismos internacionales dedicados a la defensa de la prensa libre y a los derechos humanos.

En efecto, la sanción a “Nexos” y las acusaciones contra “Letras Libres” se suman al conjunto de señalamientos y acusaciones que el presidente ha hecho del diario Reforma, Animal Político, El Universal; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Instituto Mexicano de la Competitividad; instituciones académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas

(CIDE) o el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Periodistas como Loret de Mola, Pascal Beltrán del Río, Víctor Trujillo, Ciro Gómez Leyva; académicos y literarios como el propio Aguilar Carmín, Enrique Krauze, Denise Dresser; y también organismos constitucionales autónomos como el INE y el INAI, contra los que ha impuesto una verdadera campaña de confrontación y desprestigio público (por mencionar algunos). “Llamarlos de manera perseverante chayoteros, dependientes, al servicio de la mafia, conservadores, neoliberales, faltos de ética, decadentes, mentirosos, calumniadores, deshonestos, vividores, defensores de privilegios…equivale a intentar censurarlos con todo el poder de su firma”, escribió para “Excelsior” la Dra. María Amparo Casar, una de las académicas más respetadas en el país, experta en sistema político mexicano.

Pese a que el presidente argumenta que tiene derecho a expresar sus inquisitivas opiniones, el argumento de equiparación a un ciudadano común es una falacia, puesto que su posición como el hombre más fuerte (en términos políticos, solamente), expuesto ante medios y escuchado a nivel nacional, hace que lo que él diga y opine se equipare a un acto de autoridad. López Obrador no es un ciudadano común, cuyas opiniones se encuentren en el ámbito privado, sino que es un personaje público con una opinión de trascendencia política innegable. Sus acusaciones incesantes son como pedazos de leña para avivar la hoguera pública en la que son quemados los corruptos, traidores, tramposos, prianistas, conservadores, fifís, mafia del poder.

Y es que la alta polarización gestada desde las profundidades de las dinámicas en redes sociales que, con su inmediatez y exhaustividad de expresiones, han cautivado a mandatarios y opositores ha traído en consecuencia la instauración de una inquisición contemporánea, dedicada a destruir las voces críticas, más tratándose de aquellas voces que han colaborado, para bien y para mal, con sexenios pasados, estigmatizados en plenitud como absolutamente corruptibles. Tan dañina es la narrativa de los absolutos, la que no tiene matices, que todos aquellos organismos nacidos en los albores de la transición a la democracia son tildados de falsarios y simuladores. En realidad, dichos organismos se constituyeron, con toda intención democrática, para limitar al poder político, sin importar el partido que lo ejerza.

Ya hemos expresado en este espacio que a López Obrador le resulta incómodo el poder autónomo de organismos con fuerza vinculante del Estado, es decir, de los organismos públicos y constitucionalmente autónomos, al no poder incidir de forma directa ni poder subordinar a sus integrantes a su voluntad, como lo haría con el resto de la administración pública federal. Pero tampoco le agrada la idea de que exista una sociedad civil fuerte e independiente del poder político, pues la formación de ciudadanía implica el ejercicio de la capacidad crítica, y no la complaciente aceptación de versiones oficiales del proceder gubernamental.

De esa forma, espacios como los de Nexos y Letras Libres han sido fundamentales para la democratización del país, impulsando la formación de intelectuales, la discusión pública de alto nivel (no la que se da en redes sociales, por supuesto), el fomento al libre pensamiento y el contraste recíproco de opiniones políticas e ideológicas; ambas originadas desde la izquierda liberal, a la que el mismo López Obrador se ha anunciado proclive.

El argumento del financiamiento es solo un pretexto para poner en tela de juicio la constante actitud crítica y evaluativa de quienes dirigen las revisas y quienes publican en ellas. Y sostenemos que es un pretexto por la actitud ambigua del Ejecutivo Federal, pues si hay financiamiento público, se producen intelectuales orgánicos y se pide austeridad; si hay financiamiento privado, son productos

del neoliberalismo; si hay financiamiento extranjero, hay intereses antinacionales e imperialistas que buscan derrocar al presidente. La misma exhibición realizada por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo entrever que no solo Nexos ni Letras Libres recibieron millones en de recursos públicos, sino que también La Jornada recibió 251 millones de pesos, medio del cual Ramírez Cuevas fue colaborador. Pero ahí no aplica la recriminación. No hay un criterio sólido para defender el ataque a las revistas y sus fundadores. Lo que sí hay es evidencia del despliegue de un gobierno populista e iliberal, en concordancia con las investigaciones que sobre el populismo se han hecho en la última década, es decir, del criterio de que las democracias populistas no ven en los valores del liberalismo un fundamento para su consolidación.

En efecto, diversas organizaciones internacionales, desde la ONU hasta privados como PEN Internacional, han realizado llamados al gobierno de México para detener la constante estigmatización a la que somete a medios de comunicación, así como sanciones desproporcionadas que promueven el silencio, la parcialidad y limitan el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y divulgación. Lo anterior en referencia específica a la resolución que hizo la Secretaría de la Función Pública contra la Revista Nexos y la Editorial Cal y Arena.

No debemos dejarnos llevar por narrativas ni olvidar los aspectos fundamentales que construyeron la idea de ciudadanía. Quienes se autoasignan el calificativo de ciudadanos deben recordar uno de los elementos fundamentales del republicanismo, la vigilancia perenne del poder, así como uno de los principios del liberalismo, la construcción de límites efectivos contra el poder público. Ambos principios han intentado ser subordinados a intereses políticos que apelan a la confianza, la honestidad y virtud pública, tergiversando los mecanismos de participación ciudadana y apropiándose de las luchas que la transición a la democracia trajo consigo: la defensa de derechos humanos, la maximización de libertades y la independencia de los ciudadanos a los intereses del poder político. Que no quede duda, la afrenta contra revistas y medios de comunicación es una afrenta contra la libertad de expresión que debemos señalar desde la ciudadanía.

Notas finales: ¡Qué paradoja! Acusar de intelectuales orgánicos a personajes críticos y hacerse de la vista gorda con la nueva ola de intelectuales al servicio del poder (de ahí su organicismo). ¿Será que no ha podido olvidar la alusión de Krauze al mesías tropical? (una interesante interpretación de López Obrador, por cierto).

*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes

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