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Libertad de expresión: ¿capturada o amenazada?

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Por Uzziel Becerra

El jueves pasado, diversos miembros de la comunidad académica y científica, del ámbito cultural, literario, artístico, periodístico, intelectual, entre otros, difundieron un desplegado “En defensa de la libertad de expresión”, firmado y apoyado por más de 600 personas que se manifestaron preocupados por el “permanente discurso de estigmatización y difamación del presidente Andrés Manuel López Obrador”, que amenaza la libertad de expresión. Sin embargo, el problema que golpea la libertad de expresión no es solo la estrategia de sometimiento sino la división social y política que ha separado entre quienes opinan a favor y en contra del presidente de la República y del gobierno que dirige; el desplegado de respuesta es su consecuencia. ¿Cómo saber si la libertad de expresión ha sido capturada por unos cuantos o si de verdad está siendo amenazada por el primer mandatario nacional?

El desplegado es un manifiesto pequeño pero contundente, en el que se acusa al presidente de proferir juicios y propalar falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. “Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado a la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país”, se lee en dicho documento.

Aunado a lo anterior, se acusa al presidente de menospreciar la lucha de las mujeres y al feminismo, así como el dolor de las víctimas por la violencia, los reclamos ambientalistas; ha lesionado a los organismos públicos autónomos con el presupuesto, ha humillado al poder judicial, golpeado a instituciones culturales, científicas y académicas, “y ahora pretende socavar la libertad de expresión”, acusa el despliegue de académicos.

“Esto tiene que parar”, así concluye el documento antes de evidenciar los nombres de destacados personajes en las más diversas áreas académica, intelectual y cultural de México. Sin embargo, la responsabilidad de dicha publicación pertenece a Robert Bartra, un destacado antropólogo y sociólogo mexicano, así como a Francisco Valdés Ugalde, politólogo y profesor de la FLACSO, ambos personajes destacados en el ámbito académico a nivel nacional e internacional.

Pero la fuerza del documento también se encuentra en los demás firmantes: Gabriel Zaid, Sergio López Ayllón, José Antonio Crespo, Arnaldo Kraus, Claudio X González, Silvia Lemus, Carmen Boullosa, Homero Aridjis, Ricardo Pascoe, Rafael Pérez Gay, Rubén Aguilar Valenzuela, Sara Sefchovis, Héctor Aguilar Carmín, Enrique Krauze, Javier Sicilia, Arturo Ripstein, Enrique Serna, Antonio Lazcano, Ángeles Mastretta, Raúl Padilla, Paulina Lavista, Raúl Trejo Delarbre, aunado a los propios Bartra y Ugalde, son algunos de los destacables nombres recogidos en el documento. Pese a lo anterior, algunos personajes se han deslindado de su participación en dicho desplegado, bien por reconsideración o equivocación, lo cual no debilita la idea de que los sectores que representan manifiestan inconformidad por las acusaciones y señalamientos del presidente en su contra de forma reiterada.

Ese cúmulo de exigencias y llamados de alerta fueron resumidos en la última columna de Enrique Krauze para diario Reforma de la siguiente manera: “El poder coarta la libertad cuando desde la más alta tribuna, y con todos los recursos que posee, juzga y condena a sus críticos, poniendo en riesgo su trabajo y quizá su vida”, al tiempo de exponer un prontuario de citas sobre la importancia de la libertad de expresión a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta nuestra época contemporánea. Y es que México sigue siendo uno de los países donde corre mayor peligro la prensa, medios de comunicación y la labor periodística en todo el mundo, de acuerdo con la UNESCO y la clasificación de la libertad de prensa del 2020 hecha por Reporteros Sin Fronteras (RSF), estando solo por encima de Venezuela, Honduras y Rusia. El ambiente hostil y complejo de la relación entre el poder público y la prensa generan intimidaciones, violencia y agravios que laceran la libertad de expresión, prensa y el derecho a la información.

No podemos olvidar que la libertad de expresión está íntimamente relacionada con otros derecho y libertades, como la libertad de pensamiento y de conciencia; derecho a la libertad de prensa, derecho a la información, a recibir, buscar, divulgar y compartir informaciones e ideas de toda índole que se encuentren en el marco del respeto a los derechos o reputación de los demás, así lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales que el Estado Mexicano está obligado a cumplir y garantizar, más aún tratándose del representante del Estado Mexicano. Sin embargo, la búsqueda de una contranarrativa de captura de la libertad de expresión o bien de los espacios que la prensa ocupa para difundir opiniones y criticas hace eco en la opinión pública.

El verdadero problema no es el mal entendimiento de la libertad de expresión o de sus alcances, sino la división social y política que, promovida desde el Ejecutivo Federal, ha traído en consecuencia que toda opinión y análisis gire en la lógica amigo-enemigo: o se está a favor o se está en contra. Y es un problema de fondo mucho más complejo y difícil de combatir, pues donde se eliminan los matices, donde solo hay dos polos opuestos sin opciones intermedias, no hay lugar para el diálogo, la discusión de ideas y la mesura. Y justamente la democracia (un régimen político democrático) tiene sus bases fundamentales en la pluralidad de ideas y la tolerancia social.

En efecto, el mismo López Obrador lo señaló en público al hablar de sus adversarios; “o se está a favor de la transformación o se esta en contra de la transformación, no hay más”. Hoy, quienes escribimos opinión en los medios de comunicación, del nivel y latitud que sea, somos divididos por la lógica amigo-enemigo como pro-amlo y anti-amlo, en el primer caso partícipes de una pretendida transformación de la vida pública y, en el otro, conservadores, opositores, serviles a la mafia del poder, traidores y cualquier otro calificativo que se le ocurra al presidente. Sin matices ni espacios para el diálogo sincero; solo hay lugar para acusaciones y aseveraciones sin retroalimentación o sustento verificable.

Lo anterior es concretamente una estrategia de debilitamiento democrático desde la dimensión liberal de la democracia, es decir, donde la maximización de las libertades individuales está en riesgo. En ese sentido, la visión de democracia de la administración presente parece no ser compatible con la dimensión liberal de la democracia, sino solo con aquella que apela al pueblo y el respaldo de amplias mayorías. El politólogo Yascha Mounk señala que los liderazgos populistas contemporáneos han impulsado una especie de democracia sin libertades, es decir, gobiernos con un fuerte componente popular pero que al mismo tiempo se consolida coartando las libertades de prensa, expresión y opinión que le desfavorecen o critican; regímenes iliberales pero al fin y al cabo democráticos. Y la respuesta de AMLO ante el desplegado de académicos confirma dicha versión de gobierno iliberales (pese a que él mismo se cita como liberal del siglo XIX).

La respuesta del presidente fue llamarlos grupo de conservadores, acusando su silencio ante las injusticias del periodo neoliberal, degradando el trabajo que por varias décadas han realizado los firmantes, y vilipendiando la causa de sus agravios. Por otra parte, la respuesta de los grupos vinculados a MORENA fue un desplegado de reacción titulado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra” en la que defienden la postura oficialista y critican la posición elitista y monopólica de quienes firman el primer desplegado. Dicho documento ha sido firmado por más de 28 mil ciudadanos de cualquier profesión o sin ella, buscando hacer contrapeso a la carta de los intelectuales y académicos, señalando que su documento fue “un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México en muchas décadas”, defendiendo también la política de austeridad y la narrativa de que existe hoy una revisión general de “los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras de bienes de consumo, servicios o publicaciones”, señalando entrelíneas que pertenecen a los medios de comunicación que fueron supuestamente exhibidos por haber recibido inversión pública por publicidad gubernamental.

De esa forma tenemos dos posturas opuestas: una que señala que los espacios de opinión fueron privatizados y monopolizados en el periodo neoliberal y la otra denuncia que las expresiones del presidente laceran la libertad de expresión, prensa e información. Lo lamentable del asunto es la incapacidad de ambos bandos para retroalimentar posturas, buscar matices, coincidencias y concesiones, en el entendido de que la realidad es compleja y multívoca; la interpretación de la realidad social y política puede bien dirigirse a criticar que los grandes medios de comunicación acompañaron las estrategias de control del régimen autoritario en tiempos del partido hegemónico, pero también puede dirigirse a interpretar que existe acoso, hostigamiento y persecución mediática del Ejecutivo Federal hacia sus críticos y opositores más sólidos.

No obstante, tenemos que recordar que en este escenario de combate no hay igualdad de circunstancias, ni de hecho ni de derecho, puesto que el presidente utiliza toda su investidura, capacidades políticas, facultades administrativas y peso mediático para desplegar una estrategia contra sus opositores. Aunque los medios de comunicación tienen un peso específico, muchos de los ahora golpeados por la estrategia gubernamental son solo académicos, investigadores o administrativos de centros de estudio especializados que no concuerdan con la “cuatroté” y han manifestado con sinceridad los motivos de sus desacuerdos. No deberían ser perseguidos por tal circunstancia; por ejercer una profesión crítica o dedicarse a escrutar los recovecos del poder como vocación. Ello es una condición sine qua non de la democracia liberal (si es que todavía buscamos su permanencia).

“Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna, sin que el odio llegue al río alguna vez”, concluye el documento “En defensa de la libertad de expresión”, haciendo alusión a los peligros que implica sostener públicamente una opinión contramayoritaria en un país sumamente dividido y violento. En efecto, en opinar se juega hasta la vida. ¿Medirá el presidente las consecuencias de sus palabras? Si lo hace y no se modera al respecto, es por estrategia.

*Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Paredes.

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