Home»Inicio»El conflicto por el pacto fiscal federal

El conflicto por el pacto fiscal federal

1
Shares
Pinterest Google+

Por Uzziel Becerra

El conflicto entre la Alianza Federalista y el gobierno federal acaba de tomar un nuevo rumbo, el de las consultas populares para que la ciudadanía decida si las entidades federativas de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, Colima, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato deciden romper el pacto federal en materia fiscal, lo que tendría como consecuencia que la coordinación fiscal entre la federación y los estados sufriera desequilibrios importantes, permitiendo que las entidades recauden sus propios impuestos y dejen de aportar al pacto federal. ¿Cómo surge este conflicto y cuál es el escenario previsible?

Tras la propuesta que contempla recortes presupuestales a las entidades que conforman la Alianza Federalista, previstos para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021, así como la eliminación de los 109 fideicomisos, los gobernadores de dicha Alianza, desagregada de la CONAGO, se pronunciaron en contra y amagaron con acudir a instancias internacionales: “Manifestamos nuestra firme posición de rechazo ante las arbitrarias decisiones del gobierno de México que atentan contra los principios del federalismo y el equilibrio de los poderes que sustentan el Estado mexicano… si se hizo mal uso de cualquier fideicomiso se castigue a los culpables y se pongan nuevas reglas para su transparencia y operación, pero no es justificable su desaparición porque no hay una definición clara de los fideicomisos”, señalo Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.

Debemos recordar que la Alianza Federalista está integrada por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador independiente de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, ambos por el PRI; Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Martín Orozco, gobernador en Aguascalientes, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, José Rosas Aispuro, gobernador de Durango y Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, ellos por el Partido Acción Nacional; Silviano Aureoles, gobernador de Michoacán por el PRD y Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Todos ellos correspondientes a los partidos de oposición y que han criticado públicamente las decisiones del gobierno federal, sin obtener respuestas institucionales que lograran conciliar los intereses en pugna.

El argumento principal para la desincorporación de los gobernadores opositores (de la Alianza Federalista) a la CONAGO fue la falta de diálogo y colaboración entre los mandatarios locales opositores y el gobierno federal, incluso con los gobernadores que pertenecen al partido en el poder (los de MORENA) o que respaldan el proyecto presidencial, como en el caso de Morelos, en el que el gobernador pertenece al partido Encuentro Social (PES), pues las peticiones de los gobernadores de la Alianza quedaban fuera de la agenda de la CONAGO y, a su criterio, no fueron atendidas con igualdad de trato.

El objetivo principal es “apostar por un nuevo espacio de diálogo, de interlocución efectiva que permita construir un equilibrio y contrapeso que hoy no existe, pero que es necesario en el país para la relación del gobierno de la República con las entidades”, alegaron los miembros de la Alianza.

En ese sentido, recientemente Martín Orozco, gobernador en Aguascalientes, manifestó que “disminuir presupuestos estatales y municipales, extinguir los 109 fondos y fideicomisos va en contra del espíritu republicano, federalista y democrático”; Rodríguez Calderón acusó a la Federación de ser confrontadora e impositiva; Alfaro se ha sumado al conjunto de pronunciamientos contra el gobierno federal por el abuso que a criterio del gobernador jalisciense viven los estados y la federación.

La reacción del Presidente ante la desincorporación del bloque de gobernadores de la CONAGO fue, como se esperaba, aparentemente neutral: “pues están en libertad, somos libres, no veo yo nada extraño. Creo que esta es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio (estar ahí) y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho”, señaló en una conferencia matutina. Sin embargo, los gobernadores de MORENA aseguraron que la salida de sus compañeros corresponde a una postura electoral, buscando nuevas formas de presionar al gobierno de López Obrador, buscando dividir la unidad nacional a favor de sus partidos. En realidad, la lectura que hacen los gobernadores está condicionada al apoyo partidista o político hacia el gobierno federal, por lo que quienes pertenecen a MORENA o sus aliados buscarán defender el proyecto de la “cuatroté”. La reacción de los mandatarios locales afines al gobierno fue reunirse y buscar serenar las posiciones radicales de sus homólogos en la Alianza Federalista.

Asimismo, la última respuesta de López Obrador a la Alianza Federalista se dio al lanzar el reto a los gobernadores para demostrar, con pruebas, que el gobierno federal no les haya entregado las participaciones que les corresponden, acusando incluso que son esos gobernadores quienes “deben”, en el esquema contributivo. También lanzó un reto para que, a través de una consulta popular, la ciudadanía decida si el pacto fiscal continúa con este esquema, circunstancia que los integrantes de la Alianza aprovecharon para iniciar una campaña enfocada a realizar este ejercicio de participación popular.

Por su parte, Enrique Alfaro cuestionó: “¿si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la Federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rinda cuentas a nadie o estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos nosotros para lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco?”. Mientras que Rodríguez Calderón preguntó en su cuenta si la ciudadanía estaría de acuerdo en realizar una consulta pública para decidir si se continúa dando a la Federación los impuestos de los neoloneses, pese a que solo se les devuelve 28 centavos por cada peso que mandan o si deberían quedarse en la entidad que lo contribuye. “Le vamos a tomar la palabra”, manifestaron ambos mandatarios locales.

El conflicto de fondo es que la coordinación fiscal entre la federación y los estados es un entramado institucional necesario para sostener el conjunto de políticas públicas que se gestionan desde la federación a todo el país, y en caso de desincorporarse podrían debilitar irresponsablemente a la administración pública encargada de combatir la crisis sanitaria, económica, entre otras. Sin embargo, es un incentivo político-electoral valioso, armado con una narrativa secesionista, que fortalece la posición de los mandatarios locales con miras a la elección del próximo año. Sin duda debe haber debate público sobre la posibilidad de rediseñar el pacto fiscal, pero no de forma abrupta y sin negociaciones de por medio.

Por su parte, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda (SHCP), reviró en redes sociales que el acuerdo de coordinación fiscal fue establecido tras la reforma del 2007, impulsada por el presidente panista, Felipe Calderón, por lo que le sorprende que los cuestionamientos más severos surjan desde Acción Nacional. No obstante, se mostró flexible para iniciar discusiones técnicas sobre el pacto fiscal, con el fin de buscar un sistema de contribuciones y asignaciones presupuestarias más justo y equitativo.

Como lo señalábamos en este espacio anteriormente, con la fragmentación de la CONAGO, y la instauración de la Alianza Federalista (AF), se vive un nuevo capítulo en la correlación de fuerzas políticas, incluyendo la división entre gobernadores de oposición y gobernadores afines al gobierno en turno (previsiblemente CONAGO VS AF), lo que traerá consecuencias en las asignaciones presupuestales, apoyos del gobierno federal en términos financieros y el abandono de entidades opositoras. Así está sucediendo en torno a la aprobación del Presupuesto del 2021. De prosperar dichas iniciativas para eliminar el pacto fiscal federal, sin debate público serio ni interlocución entre el gobierno y los mandatarios locales, la ciudadanía quedará perpleja en medio de una batalla por la toma de decisiones pública, pues el presupuesto solo es el medio para posibilitar a las respectivas administraciones cumplir con sus objetivos políticos y partidistas.

*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante de Morelos en el Congreso Nacional Universitario.

Previous post

Asesinan a mujer de tres disparos en Xochitepec

Next post

Investigadores de la UAEM participan en proyecto para desalinizar agua