Cuernavaca, Mor., 12 de abril.- La LIV legislatura abrogó las primeras “pensiones doradas”, aprobadas por sus antecesores en circunstancias anómalas en beneficio de afines al exgobernador Graco Ramírez, así como a personal que laboró con los exlegisladores.
La presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, anunció que buscan fincar responsabilidades a quienes promovieron esa jubilaciones por años de trabajo, edad avanzada y viudez, porque algunas se obtuvieron mediante la entrega de documentos falsos. En otros casos los oficios de respaldo no fueron localizados en los expedientes o bien no pasaron por la Comisión del Trabajo que presidía la perredista Silvia Irra Marín.
El primer grupo de pensiones abrogadas incluye a los exsecretarios de Hacienda y Educación, Jorge Michel Luna y Beatriz Ramírez Velázquez, respectivamente.
La legisladora del PT presentó resultados de la investigación que ordenó desde el pasado 12 octubre en el pleno del Congreso, para determinar la forma y los procesos como algunos ciudadanos se hicieron de pensiones indebidas, “a las que el pueblo ha calificado como pensiones doradas”, 24 de las cuales se resolvió abrogar y que son las que corresponden a las personas siguientes:
Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda, a quien la pasada Legislatura le acreditó más de 24 años de servicio efectivo de trabajo interrumpido desde la década de los 90 como asesor, adscrito a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública hasta su cargo como titular de Hacienda del estado, por el que percibía 70 mil pesos mensuales. De acuerdo al artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, al superar los 600 salarios mínimos que es el máximo a recibir, Michel Luna percibiría una pensión mensual de 53 mil pesos.
En un caso similar se tasó la pensión de Beatriz Ramírez, exsecretaria de Educación, quien presentó documentación por más de 26 años de servicio, desde jefa de Departamento en el ayuntamiento de Cuernavaca en 1979 hasta su cargo como Secretaria en 2018, por el que percibía un salario similar al de Michel Luna.
Otro “afectado” fue Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para el Estado de Morelos (IDEFOMM), cuya trayectoria se conoció en la iniciativa privada no así en la función pública. Pese a ello demostró más de 25 años interrumpidos, que iniciaron en el ayuntamiento de Coatlán del Río como auxiliar administrativo. Su último salario era de 60 mil pesos pero con el criterio de la ley del Servicio Civil, su pensión se redujo a los 53 mil pesos.
Uno de los casos más cuestionados fue el de la jubilación de Anahí Bahena López, exdirectora general de Consultoría de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica, esposa del último secretario de Gobierno, Ángel colín López.
Con menos de 40 años de edad, su trayectoria ininterrumpida en la función pública es de poco más de 20 años y al menos 12 de éstos los laboró como auxiliar en Asuntos Penales, adscrita a la Dirección Jurídica.
El referido artículo 58 establece el porcentaje acorde a los años de servicio, que en el caso de Bahena López sería del 50% y que es el mínimo con el que una persona puede alcanzar una jubilación, sin embargo el decreto estableció el 60% para la esposa de Colín López.
Stephanie Guzon Andre, quien se encargaba de las Relaciones Públicas del exgobernador, acreditó apenas 19 años de trabajo, pero aún así logró su pensión al 50%.
Por parte del Legislativo también hubo una serie de beneficiarios allegados a los exdiputados de la Mesa Directiva cuyas pensiones también fueron canceladas.
La lista la inicia Martha Patricia Bandera Flores, exsecretaria de Administración y Finanzas del Congreso Local, quien con más de 24 años laborados, obtuvo por su último puesto una remuneración de más de 68 mil pesos que se redujo a 53 mil por el criterio del artículo 58.
Diversos allegados y colaboradores de diputados como Hortencia Figueroa, Beatriz Vícera, Silvia Irra, Julio Espín y hasta Alberto Mojica, acreditaron poco más de 20 años de servicio cuya carrera en la función pública inició en municipios como Coatlán del Río, Cuautla y Puente de Ixtla, principalmente.
En esas coincidencias se encontró a Jair Mendoza Beltrán, exasesor, adscrito en la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, jubilado al 55%; Patricia Guadarrama Moncada, exasesora de Beatriz Vicera Alatriste, quien se jubiló al 90%; Bernabé Ovalles Contreras, gestor adscrito al exdiputado Julio César Yáñez Moreno; Marguis Soraida del Rayo Salcedo, cuñada del exdiputado del PSD, se jubiló al 50% por su labor en la comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, que presidía su familiar político.
José Miguel Murillo Pardo, se jubiló como asesor, adscrito a la Junta Política y de Gobierno, al 60% de su última percepción; Mario Sánchez Navarro, fue secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; Miguelina García Bustos en un cargo similar pero de la Comisión de la Juventud que presidía el exdiputado Alberto Mojica Linares; Denisse Jovita Díaz Ochoa, excoordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos en la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.
Denia Flores Rendón, cuya carrera en la función pública no se encontró en ningún portal de transparencia, demostró una trayectoria de 21 años ininterrumpidos que pasó de auxiliar administrativo en el ayuntamiento de Ocuituco a asesora, adscrita a en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, cargo que desempeñó por espacio de 18 meses. Flores Rendón es esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete.
Por cesantía en edad avanzada, fueron abrogadas las pensiones de Josefina Pallarés Zardain, secretaria particular de Elena Cepeda, esposa de Graco Ramírez; Celerino Fernando Pacheco Godínez, extitular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos pero cuya pensión fue como asesor A con una percepción similar a la de un secretario de estado, al igual que Bertha Rodríguez Báez, extitular del Seguro Popular.
Los afectados del Legislativo fueron Humberto Leónides Segura, exsecretario técnico de la Comisión de Grupos Indígenas del Congreso y quien laboró con el exdiputado Javier Montes Rosales; José Ignacio Garay Lagunas, asesor adscrito del comité de vigilancia y exasesor de Silvia Irra; Elsa Luz María Moreno González, gestora adscrita al Partido Social Demócrata (PSD) y beneficiado por Julio Yáñez.
René Maya Manzanares, asesor adscrito al Comité de Vigilancia, quien también inició su carrera pública en el municipio de Coatlán del Río; Salvador Alejandro Linares Vieyra, exasesor del Alberto Mojica Linares, y presuntamente es su familiar.
La única pensión por viudez fue la de Elaine Rodríguez Aranda, cuyo esposo fue Rigoberto Vázquez Morales, director general del Organismo Público Descentralizado denominado Operador de Carreteras de Cuota.