Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 14 de mayo.- El juez que lleva el juicio en contra de su homólogo Roberto “N” ordenó a la Fiscalía General del estado de Morelos guardar completa secrecía en el caso que se lleva en su contra, por presuntas anomalías en el caso que llevó en torno a un secuestro agravado.
A decir de la institución estatal en ningún otro caso un juez ordenó tal medida que, en caso de no cumplirse, podría ser sancionada desde una multa hasta poner a disposición al personal.
Este día la Fiscalía General dio a conocer sobre la vinculación a proceso del juez así como del oficial judicial de iniciales J.A.M.D, por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.
De acuerdo a los hechos, la noche del 25 de noviembre del año 2016, el oficial judicial se comunicó por teléfono con el juez de Control R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en el litigio seguido contra personal judicial en el caso del joven secuestrado y asesinado Tonatiuh Tlalapango Flores.
Al juez de Control se le vinculó por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos, sin embargo el juez no impuso medida cautelar contra el juez, suspendido de sus funciones desde el pasado 3 de abril “por no encontrarse justificada ninguna a imponer de acuerdo al juzgador”. El caso fue distinto contra el oficial judicial, a quien sí se le impuso dicha medida “porque se le sigue otro proceso alterno por Secuestro Agravado”.
La titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) Adriana Pineda, quien solicitó la formulación imputación contra el juez, declaró semanas atrás sobre el caso.
Confirmó que fue la UECS quien inició la queja ante el Tribunal Superior de Justicia contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación del caso de secuestro, pero por secrecía la investigación no reveló detalles de la implicación del funcionario judicial.
“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro que llevaba el imputado, Es por otros delitos que atentan contra la administración de justicia”, explicó.
Tona desapareció el 7 de octubre de 2016, cuando salió de su casa ubicada en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca, para acudir a la inauguración de un bar en la capital morelense pero no regresó.
La víctima subió un video en sus redes sociales en el que se le ve acompañado de varios sujetos presuntamente en el bar referido.
Tres días después sus padres Fabián Tlalapango y la juez Efigenia Flores, recibieron una llamada telefónica donde les exigían un rescate de 3 millones de pesos, sin embargo este no se concretó y el 2 de diciembre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) detuvo a tres sujetos por su presunta participación en el secuestro y homicidio.
Los imputados fueron Alfredo “El Coco”, oficial judicial adscrito a los Tribunales de Juicios Orales; Jonathan, “El Bam Bam”, laboraba en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; y Víctor Jaime “La Negra”, presuntamente auxiliar de una agencia del Ministerio Público.
El caso se ocultó durante meses porque la madre de Tona es juez familiar del Tribunal Superior de Justicia, también porque así lo pidió la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Morelos. Fabián Tlapanco, padre del joven, declaró que siguió las instrucciones de las autoridades pero decidió hablar ante la opinión pública luego de que detuvieron a los tres presuntos responsables y los agentes dijeron que “los detenidos no querían declarar más”.
“El secuestro no fue casual, lo planearon todo desde el seno del Tribunal Superior de Justicia”, declaró entonces el padre de la víctima. Unos seis meses después el cuerpo del joven ingeniero fue encontrado cerca de las pirámides de Teotihuacan, en el estado de México, semienterrado.
En septiembre de 2017, Tlalapango Carrasco denunció que iban tres audiencias diferidas contra los imputados por secuestro y asesinato de su hijo, porque el día de la audiencia se cambiaban de abogados.
Pero también acusó la negativa de la UECS para detener a otras cuatro personas presuntamente involucradas en el asesinato, así como presuntos actos de intimidación por parte de la Fiscalía hacia su persona, entre otras irregularidades. Fabián Tlalapango murió en enero pasado de causas naturales.
