Con juicio de amparo piden atender Covid-19 en cárceles de Morelos

Por JUSTINO MIRANDA

Cuernavaca, Mor. 13 de noviembre.- Un juzgado federal admitió un juicio de amparo indirecto contra autoridades de Salud y del sistema penitenciario de Morelos por omisión en la creación, publicación e implementación de políticas públicas, así como medidas efectivas de prevención, de mitigación de riesgos, tratamiento y atención de casos de contagio contra el virus de SARS-COV2 de las personas privadas de su libertad en las prisiones locales de esta entidad.

El juicio de amparo con número 943/2020 radicado en el juzgado octavo de Distrito con sede en esta ciudad, expone asimismo omisión de las autoridades en el tratamiento de cadáveres transparentes y con perspectiva de género, para salvaguardar la salud, la integridad personal y la vida de los internos.

La promoción jurídica es autoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en coordinación con la organización Open Society Justice Iniciative, cuyos representantes consideran que el descuido de las autoridades en programas eficientes para las Personas Privadas de la Libertad (PPL), como el derecho a la salud, atención sicológica y ahora por contagios por el Covid-19, afectan de forma grave el derecho a su integridad personal y la vida.

Melissa Zamora Vieyra, abogada del Centro Prodh, afirmó que con la demanda de amparo buscan que tanto las autoridades penitenciarias, como el gobierno del estado y las defensorías públicas estén al tanto de la situación que priva en los centros penitenciarios, y en consecuencia generen medidas efectivas que detengan las violaciones a los derechos de las PPL.

“Por ejemplo, la obligación de atender la falta de atención médicas y suministros de higiene en las prisiones. Se debe garantizar una estancia digna, que los PPL tengan acceso a pruebas por Covid 19 porque hay información en el sentido que no se han hecho las pruebas y con ello se eleva el riesgo de contagio”, dijo.

Zamora refirió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución “Pandemia de los derechos humanos en las Américas” donde hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles, incluido el análisis de las personas que están en prisión preventiva oficiosas para evitar que sea confinado y se aceleren los contagios por el nuevo coronavirus.

“En la demanda hacemos hincapié en identificar los casos de las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo como aquellos mayores de 60 años y los que padecen diabetes para que las autoridades garanticen una alternativa, es decir, no solo solicitamos afianzar el uso de cubre bocas, gel, agua y jabón, sino que haya medidas más estructúrales que atienda la situación”, dijo.

El juicio de amparo indirecto cita como autoridades responsables del acto reclamado al gobernador del estado, el secretario de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad, el Fiscal local, el presidente del Poder Judicial, personal directivo del sistema penitenciario de los centros varonil, femenil y de adolescentes, además del titular de la Unidad de Medidas Cautelares de Morelos (UMECA).

Zamora sostuvo que la promoción del juicio de amparo partió del análisis del sistema penitenciario en el estado y de los insumos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos informes arrojan condiciones que vulneran los derechos de los internos, por ejemplo, la sobrepoblación y el hacinamiento, el estado de los comedores, los baño y el acceso a los servicios de salud. Todos esos elementos se agudizaron con la pandemia del Covid-19”, asegura.

 

Autogobierno

Desde 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó condiciones de autogobierno o cogobierno en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, así como actos de extorsión, sobornos y nula capacidad de autoridades para imponer medidas disciplinarias.

En su diagnóstico de ese año refirió que las condiciones del sistema penitenciario heredado por la administración 2012-2018, cuya responsabilidad estaba a cargo del Comisionado de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, eran de alto riesgo para internos, personal de vigilancia y custodia por la presencia de actividades ilícitas.

Desde octubre de 2019 el sistema carcelario registra cruentas batallas entre personas privadas de la libertad por la presunta disputa del “autogobierno”, lo que ha provocado la muerte de 17 reos en riñas, amotinamientos e intentos de fuga.

En agosto pasado la CNDH y su similar en Morelos acordaron sumar esfuerzos y revisar todo el sistema penitenciario, ante los sucesos ocurridos a lo largo de varios meses que han puesto la alarma sobre la reinserción social en el estado, informó Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsperson en el estado.

 

Decesos de internos por Covid-19

En mayo pasado el Sistema penitenciario del estado reportó los fallecimientos de una custodia y un interno por Covid-19, y aunque se dijo que había otros 18 en aislamiento por presentar problemas respiratorios, el director de Relaciones Públicas de la Comisión Estatal de Seguridad, Mario Vargas Santomé, afirmó que hasta ese momento no había casos confirmados de contagio por el nuevo coronavirus.

Dos días antes el director general de Reinserción Social en el estado, Gilberto Barba Ocampo, dijo que hasta esa fecha se contaban cinco fallecimientos de internos, la mayoría mayores de 60 años, por enfermedades respiratorias y analizaban si estaban relacionadas con Covid-19 pero nunca lo precisaron.

Agregó que los presos fallecidos presentaron complicaciones en su estado de salud ya que la mayoría registraba padecimientos como diabetes e hipertensión.