Corrupción en construcción de Paso Exprés y socavón persiguen a exdelegado de la SCT

Redacción SL

Cuernavaca, Mor.- Desde septiembre de 2021, José Luis Alarcón Ezeta, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), vive prácticamente a “salto de mata” y mediante “chicanadas” legales elude comparecer ante el Ministerio Público que lo busca para acusarlo formalmente de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con fallas en las obras del Paso Exprés que provocaron posteriormente la apertura del socavón donde murieron dos personas, padre e hijo, en julio de 2017.

El lunes pasado, el juez federal Ignacio Pérez Aguirre advirtió al exdelegado de la SCT en Morelos, considerado uno de los principales involucrados en actos de corrupción relacionados con las fallas en el Paso Exprés en abril de 2017, que si no comparece personalmente en la audiencia inicial en la que se le imputarán cargos por ejercicio indebido del servicio público, se le considerará evadido de la justicia.

De acuerdo con la nota publicada en La Jornada, firmada por Jesús Castillo, a más de nueve meses que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) ha intentado llevarlo a juicio, por primera vez el funcionario estuvo en una diligencia judicial pero de manera virtual, y lo hizo únicamente para pedir una nueva prórroga para que se realice la imputación en su contra.

El lunes el juez Pérez Aguirre comenzó la audiencia en punto de las 10 de la mañana y a esa hora ni el exfuncionario ni su abogado, Juan Rubén Hernández, se habían reportado con los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Ambos eran esperados para asistir presencialmente a la sala de audiencias.

Unos diez minutos después se conectaron a través de videoconferencia y tuvo que abrirse un receso para el registro en el servidor judicial, El abogado, que aseguró haber sido contratado tres días antes de la comparecencia, se equivocó al dar el domicilio de su despacho y ofreció la misma dirección que tenían los anteriores abogados del exdelegado de la SCT.

Tampoco recordaba la localización del que dijo era su nuevo despacho. Alguien que no fue visible a la cámara le dictó la dirección, es decir, estuvo asesorado por alguien más, lo cual es ilegal.

Una vez registrada su designación, procedió a pedir al juez que reprogramara la audiencia porque no conocía el expediente, y reveló que se compone de más de 150 mil páginas. El Ministerio Público Federal y representantes de la Auditoría Superior de la Federación advirtieron la maniobra dilatoria y expusieron que Alarcón Ezeta ha intentado en diversas formas posponer la audiencia de imputación.

Por ello es que desde septiembre de 2021 no se le ha iniciado el procedimiento penal por ejercicio indebido, relacionado con fallas en las obras del Paso Exprés como causa para la apertura del socavón que provocó la muerte de dos personas.

El juez advirtió a Alarcón Ezeta y su abogado que no aceptaría una posible práctica dilatoria, pero a fin de evitar vulnerar el derecho a la defensa, difería la audiencia por última vez. Le dijo al ex funcionario que, en caso de no presentarse en las instalaciones judiciales, lo considerará un evadido de la justicia. Para evitar que Alarcón Ezeta recurra a un nuevo cambio de abogado, el juez Pérez Aguirre dio vista a la Defensoría Pública Federal a fin de que designe a uno de sus integrantes para que atienda la audiencia, sin considerar si el defensor privado asista o sea cambiado de último momento.