Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 13 de Marzo.- Eduardo Esteban Áviles, detenido el pasado 27 de febrero en Morelia, Michoacán, junto siete personas más y con Servando Gómez Martínez, señalado por el gobierno federal de ser el líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, fue instructor del Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización de Morelos, confirmó la Comisión Estatal de Seguridad, así lo confirmó la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Esteban Áviles, según la CES, fue contratado en el 2014 por el anterior director del Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, Guillermo Romero Robles.
“Al anterior titular del Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, hoy Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad; Guillermo Romero Robles fue contratado bajo la recomendación del Comisario de la Policía Federal en Morelos, Teófilo Gutiérrez Zúñiga; por su trayectoria y preparación en la materia, mismo que cumplía en su momento con los requisitos para desempeñar el cargo de director”, cita el comunicado oficial.
La versión del gobierno de Morelos es que, desde el 20 de junio del 2014, el nuevo director Romero Robles se encargó del reclutamiento de los instructores; entonces llamó a Eduardo Esteban Avilés para que se incorporara en ese mismo mes como instructor en el instituto de Morelos.
Sin embargo, fue sometido a exámenes de control y confianza en el mes de octubre pero fue hasta diciembre que se le despidió al no haber aprobado los exámenes de control, a pesar de ello, el gobierno acepta que pagó los meses trabajados.
Circunstancialmente, el director del Instituto, Guillermo Romero Robles, presentó su renuncia cuatro días antes de que su colaborador Eduardo Esteban Áviles, fuera detenido en Morelia, presuntamente al lado del capo michoacano.
El pasado 9 de marzo el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz dictó auto de formal prisión a ocho hombres y una mujer, incluido el capo. El Consejo de la Judicatura Federal informó los delitos que les imputaban.
A Marcelino Reyes Sánchez, Juan Manuel Ayala Maldonado y/o Homero Castillo Castillo, alias Meño y Eduardo Esteban Avilés, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del estupefaciente denominado Clorhidrato de Cocaína, sin la autorización sanitaria correspondiente
A Eduardo Esteban Avilés, Marcelino Reyes Sánchez, Fabricio Magaña Jurado, Jesús Fernando Magaña Gutiérrez alias Fibrero, Édgar Augusto Ramírez Haro alias El Flaco, Cristian Emmanuel Arias Sánchez, Juan Manuel Ayala Maldonado y/o Homero Castillo Castillo alias Meño y María Antonieta Luna Ávalos alias Toña, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En contra de Marcelino Reyes Sánchez, Juan Manuel Ayala Maldonado y/o Homero Castillo Castillo alias Meño, Eduardo Esteban Avilés y Édgar Augusto Ramírez Haro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Todos con excepción de la mujer están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5, Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.
Las acusaciones contra Teófilo
En julio del 2013, la organización Valor por Michoacán, acusó al entonces Comisario de la Policía Federal de Michoacán, Teófilo Gutíerrez Zuñiga, responsable de la coordinación de Sahuayo, Briseñas y Vista Hermosa, de recibir 45 mil dólares del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios de nombre apodado el “Tierno”, a quien el gobierno federal le atribuye ser el responsable de la plaza de Sahuayo.
La acusación es que, se habría coludido con la organización criminal para evitar desde su posición todo tipo de operativos y retenes en la zona a su cargo.
Las Guardias Comunitarias habrían hecho la acusación luego de que los militares encontraron en las pertenencias del jefe de plaza de Sahuayo, los nombres de los ediles y policías coludidos con el crimen, información que dijeron ya había sido entregada a la PGR para su investigación.
La exigencia de los integrantes de las Guardias Comunitarias fue el cese del jefe de la policía federal, pero no tuvo efectos. Meses después fue transferido a Morelos.