Por Leticia Villaseñor

Cuernavaca, Mor., 8 de febrero.- En un hecho inédito, el gobierno del Estado aceptó la exigencia de la máxima casa de estudios del estado a dialogar en una asamblea pública, en la plancha del zócalo capitalino, sobre un pliego petitorio de la entrega de recursos económicos e infraestructura que le adeuda el Ejecutivo así como la convocatoria para la conformación del consejo de Participación Ciudadana.

A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que será el secretario de Gobierno quien presida la reunión abierta en la Plaza Emiliano Zapata, a las 10:00 horas, con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez.

“El gobernador del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, instruyó al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la secretaria de Educación Beatriz Ramírez y al consejero Jurídico, Anuar González Cianci, para que asuman la representación del Gobierno y establezcan a la brevedad una mesa de diálogo con las autoridades de la Universidad y el Congreso del Estado, en la búsqueda de puntos de acuerdo sobre los temas de financiamiento a las universidades públicas y a las diferentes demandas que ha exteriorizado la UAEM”, cita el documento.

Previó a ello, el rector demandó la presencia de autoridades con capacidad de decisión, de lo contrario, sentenció, que ni se presenten.

Además, el Congreso del estado designó como representantes del Poder Legislativo al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, acompañado de Hortencia Figueroa en calidad de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, así como los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias; la universidad pidió la injerencia de los legisladores como mediador, pero a la vez deberán atender la solicitud de la convocatoria para la conformación del comité de Participación Ciudadana.

Desde el pasado jueves, los universitarios se plantaron en la explanada del zócalo capitalino desde donde despachan en demanda de resolución a sus demandas.

El movimiento mereció la simpatía de diversos actores como senadores, diputados federales y locales, partidos políticos e incluso el rector recibió la visita del obispo Raúl Castro Castro, este domingo.

Por la mañana, Alejandro Vera declaró que es resguardado por elementos del Ejército Mexicano ante rumores, dijo, de un presunto ataque en su contra.

Además, aseguró que el plantón no se levantará hasta que se resuelvan los 11 puntos de su pliego y se convoqué a la instalación del comité que entre otras cosas, calificará las peticiones de revocación de mandato.

Origen del conflicto

El asesinato del director de la escuela de Trabajo Social de la UAEM, Alejandro Chao y su esposa Sara Rebolledo, en mayo de 2014, ocasionó una marcha multitudinaria de la UAEM.

En cuestión de horas, los homicidas fueron capturados y el entonces secretario de Gobierno Jorge Messeguer exigió la cancelación inmediata de la marcha ante la negativa del rector y del secretario de Extensión universitaria, Javier Sicilia. El episodio fue el inicio del rompimiento entre la UAEM y el gobierno que encabeza Graco Ramírez.

Luego sucedieron los diálogos políticos por la seguridad ciudadana, con los pueblos de Morelos e incluso con periodistas.

A mediados de 2015, la legislatura saliente pretendió imponer un auditor a la universidad, en respuesta, hubo una gran movilización en la que los universitarios tomaron el Congreso en demanda de respeto a su autonomía. El nombramiento finalmente fue desechado.

Un par de meses después, Alejandro Vera denunció ante la Procuraduría General de la República amenazas en contra de su familia provenientes de la propia Fiscalía General del Estado, que derivó en la salida del estado de sus dos hijas.

A finales de 2015, la UAEM anunció una crisis financiera; el estado se comprometió a gestionar 100 millones de pesos los cuales, aseguró  fueron entregados vía la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior fue refutado por los universitarios y los señalamientos en contra de una y otra parte se recrudecieron lo que derivó en la exigencia del cumplimiento de las obras de infraestructura, los recursos millonarios y de la convocatoria para el comité de participación ciudadana.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo fueron emplazados por la UAEM a dar soluciones en un periodo de 15 días máximo.