Exigen disolver Instituto Minero en Canada

VANCOUVER, BC – Más de 1000 individuos y organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta de petición para pedir que la coalición de universidades en Canadá disuelva el instituto minero, petrolero y gas que tiene su centro de operaciones en la Universidad de British Columbia ubicada en Vancouver.

Entre los signatarios se encuentran profesores de la Universidad de British Columbia incluyendo a Glen Coulthard, y profesores de la Universidad de Simón Fraser como a Stephen Collis, el profesor emérito David Suzuki, y la escritora Naomi Klein. A ellos se suman signatarios notables de América Latina y del mundo que incluyen al líder indígena y editor de la revista Lucha Indígena de Perú, Hugo Blanco, el economista y ex-miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, el periodista uruguayo Rául Zibechi y el conocido profesor Boaventura de Sousa Santos de la Universidad de Coimbra, Portugal.

Financiado con $24.6 millones del gobierno federal y alrededor de $21 millones por las universidades de la coalición y sus socios estratégicos, el Instituto Canadiense de los Recursos Internacionales y el Desarrollo – CIRDI (por sus siglas en inglés, y antes llamado CIIEID) – ha sido objeto de oposición constante tanto por académicos como de la sociedad civil.

La petición que está dirigida a los Presidentes y la junta administradora de la Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Simón Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal, específicamente menciona que: la pérdida de la libertad académica, la representación parcializada, conflictos de interés, la falta de credibilidad, de confianza, y de rendición de cuentas son las razones para salir del acuerdo con el gobierno federal. Destaca que los signatarios ven dañino los vínculos de universidades con una industria que se encuentra rechazada por varias comunidades en Canadá y en todo el mundo por sus impactos destructivos en comunidades y en el medio ambiente.

CIRDI es un proyecto con orígenes en la oficina del Primer Ministro cuando en 2013 la coalición de tres universidades firmó un acuerdo con el gobierno federal para gestionar el instituto con el mandato de intervenir en “las políticas, leyes, desarrollo e implementación regulatorio, capacitación, asistencia técnica e investigación aplicada relacionada a sus propios sectores extractivos de los países en vías de desarrollo.”

Una incoherencia fundamental en el mandato de CIRDI es que los sectores extractivos de los llamados “países en vías de desarrollo”  están compuestos en mayoría por transnacionales basadas en Canadá. Las comunidades indígenas, no indígenas, y organizaciones de base en solidaridad con los pueblos afectados por proyectos extractivos han hecho continuos llamados para tomar cartas en el asunto y poner fin a la impunidad de las empresas canadienses. Así mismo, han exigido mecanismos de rendición de cuentas en la legislación canadiense para que dichas empresas se hagan responsables en nuestras cortes por los abusos cometidos en el extranjero.

Ahora académicos, ex-alumnos y miembros de la comunidad impactados en Canadá y América Latina han dejado en claro a los que toman las decisiones en las universidades que en vez de intentar reparar un experimento irremisiblemente defectuoso y dañino, es hora de establecer un precedente y disolver el CIRDI y promover en su lugar investigación sobre el rol y los impactos que tiene el extractivismo canadiense en el extranjero y que sea realmente libre de conflictos de intereses.

La carta destaca que “un instituto apropiado debería rendir cuentas a las comunidades impactadas por proyectos extractivos, y enfatizaría sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de rechazar cualquier proyecto extractivo. El enfoque apropiado de tal instituto sería sobre la responsabilidad de Canadá en los conflictos causados por la extracción de recursos, tanto en Canadá como en el extranjero, así como abordar la escasa rendición de cuentas por las multinacionales canadienses acusadas de alguna participación en abusos en el extranjero.”

Los signatarios de la carta de petición esperan que la Junta Directiva se comprometa a disolver el Instituto Internacional Canadiense de Desarrollo de Recursos.

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