Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 27 de septiembre.- El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado entregó a la Oficialía de Partes del Congreso local, la solicitud de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez, del exsecretario de Hacienda Jorge Michel Luna y de la excontralora Adriana Flores Garza, por no ministrar recursos a la Fiscalía e Impepac, en 2018, por 120 millones de pesos.
El consejero entregó dos demandas por hechos diversos, con una caja repleta de copias certificadas y simples, recopiladas por la Secretaría de Hacienda, en contra de los exfuncionarios de la administración gubernamental pasada.
A pesar de que el recinto se encontraba prácticamente vacío, el consejero aún encontró al personal de la Oficialía que estaba a punto de cerrar su oficina al cumplirse su horario laboral.
El funcionario estatal sobrepasó la hora, sin embargo,el personal corrió la cortesía de recibir los oficios en los que se acusa a los señalados de actos y omisiones, que pueden dar lugar a diferentes responsabilidades entre otras de carácter político.
El motivo fue la falta de ministración de los recursos a la Fiscalía General del Estado y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en el ejercicio fiscal 2018.
Recursos etiquetados, detalló el consejero, que estaban señalados en el presupuesto de Egresos los cuales no fueron suministrados, y eso “no permitió el adecuado funcionamiento de ambas instituciones, por 120 millones de pesos”, dijo.
Sotelo Salado aclaró que el juicio político no es exclusivamente para separar del cargo algún funcionario, también es para buscar su inhabilitación en caso de resultar procedente y además, puede dar lugar a otras sanciones como la responsabilidad administrativa incluso penal.
Expresó que son aspectos que tendrán que analizarse en otras instancias, pero la demanda de juicio en el Congreso del estado es de carácter político.
Explicó que la ley establece que se cuenta con un año después de que el imputado se haya separado del cargo para que se pueda proceder en su contra y en este caso, aseguró, se cumplió el plazo.
El funcionario estatal comentó que la caja entregada contenía documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes, y si bien el juicio político no deriva en una sanción que amerite cárcel, sí faculta a la autoridad pertinente a dar vista al ministerio público para que, de existir conductas delictivas también se pueden sancionar en dicha instancia.
El 29 de septiembre pasado, el exgobernador Graco Ramírez difundió un video con el que se despidió del caro, al tiempo que anunció que no asistiría a la ceremonia de transición, donde tomaría protesta como mandatario estatal su sucesor Cuauhtémoc Blanco Bravo, el de 1 octubre.