Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 15 de enero.- El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), violentó la suspensión provisional que concedió un juzgado federal a la UAEM en contra de la huelga que estallaron los administrativos el jueves 12 al medio día.
Por lo anterior, los dirigentes que se obstinaron en mantener las banderas de huelga y la toma de las instalaciones así como la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Rogelia Gómez Vargas, podrán enfrentar consecuencias legales al respecto, según el oficio 1785/2017 del incidente de violación.
El acuerdo establece que la suspensión provisional tuvo efecto a partir de que ésta fue concedida, el 12 de enero a las 12:00 horas, hora es que el gremio sindical emplazó a huelga.
El argumento legal que esgrimió la máxima casa de estudios fue que la Junta validó la huelga sólo 48 horas después de haberla notificado sin esperar los 10 días que concede la ley.
Además que el acto reclamado correspondiente al pago pendiente del 50% del aguinaldo, sería cumplimentado ya que la federación liberó el recurso extraordinario de 120 millones de pesos, los cuales depositó al gobierno estatal y éste a su vez a la Tesorería.
La máxima casa de estudios en Morelos también argumentó que recibiría el recurso corriente para el mes de enero del presupuesto 2017 otorgado a dicha institución, con lo cual estaba en posibilidades de cubrir tanto la prestación pendiente de pago así como resarcir el retraso de dos días del pago salarial de la primera catorcena del mes de enero.
«El momento en que surte efecto la suspención es ‘desde luego’ lo que significa inmediatamente. Máxime que la autoridad responsable -la Junta Local-, está facultada para revocar las actuaciones emitidas tendentes a materializar las consecuencias jurídicas del acto de molestia a fin de componer la ejecución de las mismas, y retrotraer las cosas al momento de otorgarse la suspención de que se trata y que evidentemente se pronunció horas antes de la hora de notificación a la suspensión que coincidió con la que fue fijada para el estallamiento de huelga, que ya había quedado suspendida», determinó el juzgado federal.
Con esa explicación el juzgado consideró que el STAUAEM violentó la medida suspensional ya que estalló la huelga a pesar de la suspensión provisional.
El oficio señaló como responsable de recibir tal orden a la autoridad pertinente, en este caso la Junta Local, de paralizar las acciones de manera directa e inmediata y no el tercero interesado, es decir, al sindicato.
El pasado jueves, la líder del gremio, Virginia Paz Morales, declaró que «fuimos notificados luego de que se efectuó el estallamiento a huelga por lo que la suspensión quedó sin efecto al ser un acto consumado».
Pero ese argumento fue refutado por el juzgado federal al decir que los efectos de la suspensión «no están supeditados a su notificaión, de lo contrario redundaría en un absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo».
Dicho oficio fue emitidio el pasado viernes y ordenó que en un máximo de 48 horas, a partir de la notificacion de la suspension del estallamiento de huelga en la UAEM, y por consecuencia en todos las instalaciones tomadas por los trabajadores en paro, debieron ser liberadas.
El pasado sábado, en asamblea extraordinaria el gremio se desistió de la huelga. En un video difundido por el promio sindicato, Paz Morales adujo que una vez que el rector Alejandro Vera Jiménez declaró públicamente tener ya los recursos, el acto reclamado quedó sin efecto, además de la liberación de 84 instalaciones tomadas por los huleguistas, con la colocación de la banderas rojinegras » a fin de no entorpecer ni violentar el derecho a la educación de unos 40 mil estudiantes».
Sin embargo, Virginia Paz omitió hacer del conocimiento público de la base gremial la orden federal en la que, de haber persistido la huelga, se haría uso de la fuerza pública para su liberación.
Asimismo, la presidenta de la JLCyA, Rogelia Gómez, podría enfrentar una multa de 50 días de salario mínimo vigente, de forma independiente de la responsabilida penal en que pueda incurrir la autoridad repsonsable, así como de 3 a 9 años de inhabilitación para demepeñar cualquier otro cargo o función pública, independientemente de cualquier otro delito en que pudo haber incurrido.
Ello debido a que fue responsabilidad de la autoridad no permitir el estallamiento de huelga al no cumplir con la suspensión, «no escapa a la consideración de este juzgado federal de que la Junta Local suspendió de manera inmediata el estallamiento a huelga, sin embargo al no concretarse en el mundo jurídico y en la práctica dicha suspensión… es inconcuso que lo mandado por dicha autoridad resulta insuficiente para dar cabal cumplimiento a lo determinado por este juzgado federal».
En teoría, los emplazamientos a huelga que enfrentó la UAEM quedaron sin efectos, ya que no sólo los administrativos ejercieron este derecho, también el gremio académico, por estatuto, emplazó sin estallar la huelga, y el pago de la mitad de aguinaldo así como el salario catorcenal les fue depositado desde el pasado viernes no así a los administrativos, por el curso legal al recurso que ellos mismo promovieron.
Dicha situación causó inconformidad en los mil 100 administrativos, quienes demandaron a su líder elm desistimiento de la huelga, e incluso la mañana del sábado, diversos comités de huelga apostados en las instalaciones de la zona sur, poniente y oriente, abandonaron las instalaciones universitarias.
Los líderes sindicales que manipularon a la base trabajadora para persistir en la toma de los edificios, pese a estar notificados de la suspensión, podrán ser despedidos por abandono de trabajo, según los estatutos universitarios, sin embargo hasta el momento la rectoría no se ha pronunciado al respecto de manera oficial.