Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 6 de Febrero.- El gobierno del estado presentó ante organizaciones civiles avances parciales en el cumplimiento de las 15 recomendaciones que emitió un comité científico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), por el número de feminicidios en Morelos.
El Comité Contra el Feminicidio (COCOFEM), acusó que los resultados parciales mostrados a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tienen un incumplimiento grave.
EL 17 de septiembre de 2014 el Grupo de Trabajo sobre el feminicidio de la CONAVIM, emitió 15 recomendaciones luego de que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHEM), exigiera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por los 273 casos de mujeres asesinadas que documento del año 2000 al 2013.
La Fiscalía General del Estado presentó lo que dijo avances “ejecutivos” de dos de 15 recomendaciones. Les dijo que se encuentran en la etapa de localizar los expedientes del total de 273 casos de feminicidio. De este número se aseguró que ubicaron 106 carpetas de investigación que se encuentran en estudio, 43 investigaciones fueron reabiertas al encontrarse en reserva, de donde se han desprendido la solicitud de 14 órdenes de aprensión.
Además, se informó que se analiza, de las 106 carpetas de investigación, cuales se judicializaran ante un juez de control. El resto de los expedientes no han sido localizados pero aclararon que están en búsqueda.
Los funcionarios de la fiscalía reconocieron que aún no ha sido posible tener la base de datos de los homicidios contra mujeres, e informaron que se avanza en ingresar la información a la base de datos del Sistema de Investigación de Feminicidios.
Por su parte, el Instituto de la Mujer en Morelos, presentó una lista de acciones de capacitación que se han dado a los servidores públicos y comunicadores.
Para Ixlol Cielo Preciado, presidenta del comité contra el feminicidios en Morelos COCOFEM, lo presentado este viernes es insuficiente y es una muestra del desinterés de las instituciones por atender el fenómeno de la violencia en Morelos.
“La cuestión no es solamente reunirse en mesas de trabajo, sino presentar resultados concretos a las mujeres del estado. Así que muy probablemente la alerta de mujeres se estará emitiendo para Morelos”, declaro la activista.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CJDHEM), organización que demandó la Alerta de Genero, estableció necesario trazar una ruta crítica de cumplimiento para cada una de las 15 Recomendaciones, pues a menos de dos meses de vencerse el termino para su cumplimiento el gobierno no muestra avances.
“Expresamos que de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hemos cumplido de manera escrupulosa, el gobierno del Estado tiene un plazo de un mes y diez días, hasta el 18 de marzo de 2015, para presentar su informa final de cumplimiento de todas y cada una de las medidas”, estableció el organismo civil.
Además demandó al gobierno del estado, transparentar todas y cada una de las medidas tomadas, presentar un informe por escrito para que, ellos como demandantes de la Alerta de Genero, realicen sus observaciones a los avances.
Las recomendaciones
En las recomendaciones concluyen que, por ejemplo, de la información analizada por el grupo de trabajo, se observa que la mayoría de los casos de feminicidio reconocidos por el estado, ocurridos en el periodo de 2000 a 2013, se encuentran inconclusos.
En consecuencia recomiendan adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable. Recomiendan que en las investigaciones enviadas a la reserva temporal sean reaperturadas.
En el rubro de capacitación perciben que las capacitaciones no son eficientes, no tienen planeación, ni mecanismos de seguimiento y de evaluación por lo que pide diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación tanto de las personas que imparten la capacitación, como de las personas que la reciben.
Juzga que a pesar de que el gobierno reportó la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, existe desconocimiento de los mismos de los funcionarios encargados de procuración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación.
Además agrega: “El grupo de trabajo observa que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, DIF, centros de salud, policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas”.
El documento firmado por especialistas dice que deben en el gobierno institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las instancias del estado, a fin de que aquella no quede a la discreción del personal.
Para ello, deben diseñar rutas críticas de actuación claras, y con responsabilidades definidas, susceptibles de evaluación periódica, a fin de facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas y sus familiares.
Observaron que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida
Proponen la implementación de un Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos.
Al revisar las instituciones, detectó la existencia en el sector salud del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género que cuenta con la estrategia de los grupos Convivemh, que incluye el trabajo con víctimas y agresores.
Sin embargo, consideran que un solo programa no es suficiente para intervenir de manera eficaz en la re-educación de las personas agresoras de mujeres, para lograr la prevención y erradicación de la violencia contra las mismas. En este sentido, sostienen la necesidad de crear un programa estatal en coordinación con los municipios de la entidad.
“El grupo de trabajo observa que si bien existen diversas acciones encaminadas a reconocer como una política de Estado la reparación del daño, en ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el estado de Morelos se ha otorgado la reparación integral del mismo”, cita parte del texto.
Para garantizar la reparación de daño, observa la necesidad de fortalecer las acciones realizadas por el estado de Morelos tendientes a reparar a las víctimas de violencia feminicida pero para ello hacer adecuaciones administrativas y legislativas que garanticen la reparación integral del daño conforme a la leyes en la materia sobre todos en los casos de feminicidios reconocidos por el estado.
Pero no es todo. Identificaron la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
“resulta preocupante la desarticulación entre las distintas fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables”, dice el informe del grupo de trabajo que atendió la solicitud de alerta.
Para revertir la desarticulación aconseja diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías para registrar los tipos de violencia que las mujeres sufren para garantizar debidas diligencias en la prevención e investigación de los casos de feminicidio.
Observó que no se sistematiza la información de casos de violencia contra las mujeres ni tampoco se alimenta o actualizan el sistema de información. Describió que si bien el Instituto de la Mujer del estado de Morelos (IMEM), es responsable del Banco de datos sobre Caso de Violencia contra la Mujer, no recibe información de las instancias encargadas de la atención y procuración de justicia de las mujeres víctimas de la violencia lo que se agrava más debido a que no cuentan con la infraestructura material y de recursos humanos para cumplir con dicha obligación. En este sentido, consideran que el banco de información estatal sea único con datos actualizados.
También dice que está ausente el registro de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto. Por lo que, juzga conveniente dictar órdenes de protección en casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia realizando un análisis de riesgo con medidas idóneas con un mecanismo de seguimiento.
En una de las conclusiones habla de los efectos que crean los medios de comunicación: “Este grupo considera que la forma en la que los medios de comunicación en el estado de Morelos abordan el tema de la violencia contra las mujeres, contribuye a la reproducción de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia”.
“Lo anterior ocurre a través de la invisibilización, naturalización y justificación de la violencia ejercida en contra de las mujeres, así como de la reproducción de estereotipos y prejuicios relacionados con la materia”, critican las conclusiones.
Al respecto, le exige al gobierno acciones para sensibilizar a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres, para ello, le propone elaborar lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en la labor de los medios de comunicación y que éstos sean difundidos y promovidos.
El órgano que realizó las recomendaciones a propósito de la solicitud de alerta por el número de feminicidios en Morelos estuvo conformad por: Pablo Navarrete Gutiérrez, representante del Inmujeres, Gretha Jimena Vilchis Cordero, representante de la Conavim, Aurora Ivonne Velasco Rotunno, representante del IMEM, Isabel Montoya Ramos, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Nelson Arteaga Botello,representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e, Irene Casique Rodríguez y Roberto Castro Pérez, representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Critica al área de comunicación social del gobierno al señalar que las campañas para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad, tienen mensajes que podrían reproducir estereotipos de género. Y exige: “crear modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) que permitan concientizar en perspectiva de género”. Además crear campañas con mensajes claros con el ciclo de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades.
La infraestructura con la que cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, pues las instituciones no tienen suficiente presupuesto, ni recursos humanos o materiales, por lo que los servicios no se prestan correctamente, es otra de las conclusiones.
Recomienda asignar partidas presupuestales a programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.