Por JUSTINO MIRANDA

CUERNAVACA, Mor. 28 de noviembre.- La solicitud de revocación de mandato del edil Cuauhtémoc Blanco fue considerada como procedente por los diputados de la Junta Política y de Gobierno, y la enviaron a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que inicie el proceso legislativo a partir del jueves.

El jueves el regidor de Cuernavaca, surgido del Partido Socialdemócrata (PSD), Pedro Ramón Linares, solicitó al Congreso de Morelos revocar el mandato a Blanco Bravo porque incumple con los requisitos de elegibilidad para ser presidente municipal de Cuernavaca.

La solicitud alude violaciones al artículo 41 de la Constitución Política del Estado cuya fracción cuarta cita que el Congreso estatal “acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el caso”.

Desde su registro como candidato del PSD Cuauhtémoc Blanco fue criticado porque supuestamente violó el artículo 117 constitucional del estado el cual establece que los candidatos a presidentes municipales, nacidos en otro estado de la república, deben acreditar 10 años de residencia anteriores a la fecha de la elección y por lo menos 5 años de vivir en la capital del estado.

El Cuauh libró esos señalamientos con actas de residencia que le concedió la administración saliente de Cuernavaca y el domicilio que citó fue una casa de Roberto Yáñez Moreno quien junto con su hermano Julio, diputado local del PSD, son los principales promotores del juicio de revocación de Blanco Bravo.

Los Yáñez llevaron al poder al Cuauh pero en julio pasado el edil cesó a Roberto como secretario municipal, y también despidió a todo el personal vinculado al PSD, cuyo partido lo llevó al poder.

Actualmente la Fiscalía sigue la investigación sobre la firma en el contrato de servicios que, según los hermanos Yáñez, pertenece a Blanco Bravo y por el cual aceptó 7 millones de pesos para participar como candidato del PSD en la elección de presidente municipal.

Proceso legislativo

Por la tarde los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, formada por los coordinadores parlamentarios, enviaron la solicitud de revocación a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que inicie el proceso que considera citar a Blanco Bravo a una audiencia para que declare lo que a su derecho convenga y presente pruebas de descargo sobre las acusaciones que le imputan los regidores del ayuntamiento.

Luego de ser escuchado la Comisión de Gobernación y Gran Jurado presentará al pleno legislativo su resolutivo respecto a la revocación de mandato del futbolista.

Si el acuerdo de la comisión es favorable a la revocación Blanco Bravo será separado del cargo y asumirá el alcalde suplente, Juan Manuel Hernández Limonchi, afín a los hermanos Yáñez Moreno.

En caso de que el suplente se excusar de ocupar el cargo entonces el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu enviará una terna para que los diputados elijan al suplente de Blanco Bravo, quien lleva 11 meses en el poder. Si el resolutivo es a favor del Cuauh entonces continuará en el cargo.

El viernes el Cuauh declaró que también el líder del PRD en el estado, Rodrigo Gayosso, hijo adoptivo del gobernador Graco Ramírez, orquesta un ataque político porque el edil éste atajó sus pretensiones de hacer negocios con la contratación de luminarias y la disposición final de la basura.

Antes de la campaña electoral de 2015 el PRD impugnó la elegibilidad de Blanco Bravo pero sus representantes lo hicieron a destiempo y eso salvó a Blanco Bravo.

Actualmente el INE investiga si Cuauhtémoc Blanco recibió 7 millones de pesos por el para contender por la presidencia municipal bajo las siglas del PSD. Roberto Yáñez, uno de los principales dirigentes del PSD, exhibió en julio pasado copia de un contrato de servicios en el que, asegura, el Cuauh firmó para aceptar el dinero y ser candidato.

En 1995 el Congreso de Morelos destituyó, por la vía de juicio político, al edil de Temixco César Cruz Ortiz, acusado de violar la Ley de Responsabilidades ya que en su demarcación se fabricó alcohol adulterado cuyo consumo mató a más de cinco morelenses en la década de los 90.